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» Tiempo San Juan
Fecha: 05/05/2026 18:18
San Juan atraviesa una situación de alerta ante una serie de incendios que, lejos de ser accidentes, parecen responder a un plan deliberado para golpear la gestión ambiental del Gobierno. El último gran episodio ocurrió el pasado 26 de abril en el Parque de Tecnologías Ambientales de Rivadavia, donde una densa columna de humo negro cubrió el cielo y demandó el trabajo incansable de varias dotaciones de bomberos. Aunque el fuego fue controlado, el misterio sobre quiénes están detrás de estos hechos crece a medida que pasan los días sin que aparezcan culpables. El fiscal Ignacio Achem, de la UFI Genérica, confirmó que los resultados preliminares de las pericias de bomberos no dejan lugar a dudas sobre el origen del desastre. Al ser consultado sobre el estado de la causa, el fiscal explicó que el comisario general Castro le informó telefónicamente que el incendio ha sido calificado como intencional. Achem detalló este martes, en diálogo con Radio Sarmiento, que el informe refiere la existencia de al menos tres focos distintos de incendio que no tendrían una vinculación directa entre sí, sino que habrían sido iniciados de forma específica en esos tres lugares. Según el fiscal, alguien prendió el fuego porque existe una distancia de aproximadamente 800 metros entre los focos y las pericias determinaron que no hay una relación que permita pensar que una lengua de fuego se trasladó de un punto a otro de forma natural, sino que cada uno fue activado intencionalmente. La investigación se apoya en el descarte de causas accidentales, ya que en las zonas donde comenzó el fuego no existen elementos como cables con corriente que pudieran generar un cortocircuito. A pesar de la claridad sobre la mano humana en el hecho, la identificación de los responsables es una tarea compleja. El fiscal Achem señaló que el lugar del incendio no cuenta con cámaras de seguridad, salvo en el ingreso, lo cual limita las pruebas visuales. ¿Cómo está la causa? En este momento, la justicia trabaja con una lista larga de personas para entrevistar y ya se han tomado las primeras testimoniales para intentar reconstruir lo sucedido. Sin embargo, el panorama es desalentador si se mira hacia atrás, ya que otros siniestros similares, como el del Parque Industrial de Chimbas, aún no han podido ser esclarecidos y no hay resultados positivos que conduzcan a un autor. Sobre la posibilidad de que el ataque haya sido planeado minuciosamente, Achem se mostró cauto al decir que no se animaría a llamarlo planificación porque eso no es parte del estudio técnico, aunque confirmó que el fuego fue producido deliberadamente en puntos que no guardan relación de conducción entre sí. "Un acto de terrorismo e inconsciencia total" Para Sergio Cigana, director del Parque de Tecnologías Ambientales, lo ocurrido trasciende la simple delincuencia y se encuadra en una teoría de terrorismo ambiental dirigida contra la provincia. Días atrás, Cigana sostuvo públicamente que el ataque estuvo muy bien armado y planificado, ya que los focos se iniciaron estratégicamente para que el fuego llegara al patio de acopio de materiales compactados, algo que difícilmente hubiera ocurrido de forma fortuita. El funcionario describió que el incendio fue selectivo y se concentró en tres o cuatro puntos específicos donde el material, al estar enfardado y sin oxígeno, no ardería tan rápido si no se hubiera utilizado algún tipo de acelerante para forzar la combustión. El director del parque calificó el hecho como un acto de "terrorismo" e inconsciencia total, sugiriendo que podría existir un trasfondo político debido al año electoral, lo que calificó como una visión extremadamente pobre que termina perjudicando a toda la sociedad y al ambiente. Cigana reflexionó sobre la gravedad de las intenciones de quienes iniciaron las llamas, señalando que se puso en riesgo la vida del personal y las instalaciones estratégicas como los depósitos de combustible. Para el funcionario, este ataque forma parte de un patrón junto a otros incendios recientes en Chimbas y Jáchal, lo que refuerza la idea de una seguidilla de golpes dirigidos específicamente contra la Secretaría de Ambiente. Las pérdidas económicas se estiman entre 50 y 60 millones de pesos en materiales que ya estaban listos para ser vendidos, pero el daño real es el desperdicio de casi medio año de trabajo intensivo en una de las plantas de clasificación de residuos más importantes del país. El Gobierno ahora espera que, tras la denuncia radicada en la Comisaría 34º, la justicia logre romper la racha de impunidad que rodea a estos ataques ambientales.
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