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Parana » AIM Digital
Fecha: 05/05/2026 17:52
Organizaciones ambientalistas presentaron un amparo colectivo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada recientemente en el Senado, al considerar que vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo reservas estratégicas de agua en Argentina. La acción judicial fue presentada ante el Juzgado Federal de La Pampa y contó con la adhesión de más de 850 mil personas. El reclamo fue impulsado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Farn), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina, que solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la norma en todo el territorio nacional. Según indicaron, la reforma debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. Desde las organizaciones sostuvieron que, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, debe continuar vigente la Ley 26.639 sancionada en 2010, que establece un marco de protección ambiental. Uno de los puntos centrales del planteo radicó en que la nueva normativa permite a las provincias redefinir qué áreas tienen valor hídrico relevante y modificar el inventario de glaciares elaborado por organismos científicos, sin la necesidad de una justificación técnica. En ese sentido, las entidades advirtieron que todos los glaciares y ambientes periglaciales cumplen un rol esencial como reservas de agua dulce, por lo que cualquier flexibilización en su protección implicaría riesgos ambientales significativos. Asimismo, alertaron que la reforma podría habilitar actividades extractivas, como la minería, en zonas que anteriormente estaban protegidas, lo que podría generar contaminación y daños irreversibles en ecosistemas sensibles. El director ejecutivo de Farn, Andrés Nápoli, afirmó que la reforma vulnera el piso mínimo de protección ambiental que debe garantizar el Congreso según la Constitución Nacional. Además, consideró que el dominio de las provincias sobre los recursos naturales no habilita a reducir estándares de protección. También señalaron que la modificación legislativa contradice compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Acuerdo de Escazú, que promueve la no regresión en materia ambiental, y acuerdos con la Unión Europea. El planteo judicial se apoyó en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y habilita la defensa colectiva de los derechos ambientales. Las organizaciones recordaron que el proceso legislativo estuvo cuestionado por la falta de participación ciudadana, ya que solo una mínima parte de los inscriptos pudo intervenir en audiencias públicas. Además, indicaron que la reforma podría afectar la seguridad hídrica de varias provincias, entre ellas La Pampa, que depende de cuencas originadas en zonas cordilleranas donde existen proyectos extractivos. Por último, destacaron que la presentación judicial representa una instancia clave para aplicar el principio precautorio, con el objetivo de evitar daños ambientales graves o irreversibles, y remarcaron que la defensa del agua y los glaciares constituye una causa de alcance nacional.
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