Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 05/05/2026 17:52
El Gobierno envió este lunes al Congreso un proyecto de ley con múltiples medidas para el sector energético, que en parte retoma uno de los capítulos que habían sido retirados del Presupuesto 2026 para facilitar su aprobación parlamentaria. Entre los puntos centrales, la iniciativa propone dar de baja dos decretos y una modificación a la Ley de Hidrocarburos que durante la última década promovieron inversiones en Vaca Muerta, en un contexto en el que el cepo al dólar y la inseguridad jurídica trababan grandes proyectos en diversas industrias. En el mensaje al Congreso, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el Poder Ejecutivo argumentó que si bien las referidas normativas fueron instrumentos adecuados, corresponde finalizarlas porque otorgan beneficios que el Estado nacional no puede continuar sosteniendo, según se consignó en los fundamentos. Asimismo, las autoridades sostuvieron que las sustanciales reformas legislativas llevadas adelante en el sector energético brindan un contexto adecuado a nuevas inversiones en el sector de la producción de hidrocarburos. En ese marco, destacaron la aprobación y puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que garantiza a las petroleras seguridad jurídica de largo plazo y libre acceso a los dólares, permitiendo saltear eventuales cepos cambiarios a futuro. Qué normas busca derogar el proyecto El Gobierno apuntó particularmente a tres instrumentos que marcaron la política de promoción hidrocarburífera de la última década. En primer lugar, al decreto 929/2013 de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, conocido en el sector como decreto Chevron. Esa norma facilitó la llegada de la petrolera estadounidense como socia de YPF para desarrollar el área de petróleo no convencional Loma Campana, hoy el principal yacimiento productor del país, con inversiones acumuladas por unos US$ 10.000 millones en 13 años. En segundo término, el proyecto propone derogar los artículos 19 a 22 de la Ley 27.007 de 2014 la llamada adaptación de la Ley de Hidrocarburos de 1969, que ampliaron los beneficios previstos en el decreto 929/2013. Por último, plantea eliminar el decreto 277/2022, que había mejorado el acceso a divisas para la nueva producción de petróleo y gas, en un intento por apuntalar la oferta energética en medio de las restricciones cambiarias. El alcance de los regímenes que se eliminarían El decreto 929/2013 creó el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, que otorgó a los proyectos que acumularan inversiones por más de US$ 1.000 millones en 5 años el beneficio de disponer libremente de un 20% de la producción para exportaciones y quedar eximidos del pago de retenciones sobre ese volumen. En su momento, la medida fue cuestionada como un traje a medida para el desembarco de Chevron. Sin embargo, con el tiempo se consolidó como un instrumento que también facilitó la llegada de la malaya Petronas y apuntaló desembolsos de la angloholandesa Shell y la noruega Equinor en Vaca Muerta. En los últimos 18 meses, no obstante, Petronas se retiró de la Argentina y Equinor vendió su negocio en Vaca Muerta, en un contexto de cambios regulatorios y reconfiguración de portafolios a nivel global. Más adelante, la Ley 27.007, conocida como ley corta de hidrocarburos, extendió esos beneficios a proyectos que sumaran inversiones por US$ 250 millones en 3 años, con foco principalmente en desarrollos offshore, es decir, costa afuera en el Mar Argentino. Ya en 2022, en medio de una crisis de reservas internacionales del Banco Central (BCRA), el entonces presidente Alberto Fernández puso en marcha el Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo (RADPIP) y el Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Gas Natural (RADPIGN), que otorgaban beneficios cambiarios diferenciales a las petroleras que incrementaran su extracción de hidrocarburos respecto de los meses previos. De aprobarse la nueva ley, todos estos regímenes quedarían derogados. Sin embargo, se mantendría una cláusula de continuidad: los beneficiarios del decreto 929/2013 podrán seguir exportando el 20% de su producción sin retenciones, respetando los derechos adquiridos bajo ese esquema. Subsidios, deudas con distribuidoras y renovables El proyecto enviado al Congreso también retoma otros puntos sensibles de la política energética. Por un lado, insiste en la reducción de los subsidios por zona fría, que fueron ampliados en 2021 por el kirchnerismo para abaratar las tarifas de gas en regiones de bajas temperaturas. Por otro, contempla un esquema de perdón de deudas cruzadas con Edenor y Edesur, las principales distribuidoras eléctricas del Área Metropolitana de Buenos Aires, en el marco de la regularización de cuentas entre el Estado nacional y las empresas del sector. Finalmente, la iniciativa extiende los beneficios del régimen de promoción para energías renovables, que garantiza estabilidad fiscal por 20 años a los proyectos alcanzados, con el objetivo de sostener el flujo de inversiones en generación eólica, solar y otras fuentes limpias.
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