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Parana » Vorterix
Fecha: 05/05/2026 13:01
Organizaciones ambientalistas impulsaron un amparo colectivo para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada recientemente en el Senado, al considerar que vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo reservas estratégicas de agua en Argentina. La presentación se realizó ante el Juzgado Federal de La Pampa y reunió la adhesión de más de 850 mil personas. La acción fue promovida por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace Argentina, que además solicitaron una medida cautelar para suspender la aplicación de la nueva norma en todo el país. Según argumentaron, la reforma debilita la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar. Desde las entidades señalaron que, hasta que se resuelva la cuestión de fondo, debe mantenerse vigente la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece el marco actual de protección ambiental. Cuestionamientos a la reforma Uno de los puntos centrales del planteo es que la nueva normativa habilita a las provincias a redefinir qué áreas poseen valor hídrico relevante y a modificar el inventario de glaciares elaborado por organismos científicos, sin necesidad de una justificación técnica. En ese sentido, las organizaciones advirtieron que todos los glaciares y ambientes periglaciales cumplen un rol clave como reservas de agua dulce, por lo que una flexibilización en su protección podría generar riesgos ambientales significativos. Además, alertaron que la reforma podría habilitar actividades extractivas como la minería en zonas que antes estaban protegidas, con potenciales consecuencias como contaminación y daños irreversibles en ecosistemas sensibles. Argumentos legales y ambientales El director ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli, sostuvo que la reforma vulnera el piso mínimo de protección ambiental que debe garantizar el Congreso según la Constitución Nacional. También remarcó que el dominio de las provincias sobre los recursos naturales no habilita a reducir esos estándares. Las organizaciones señalaron además que la modificación contradice compromisos internacionales asumidos por el país, como el Acuerdo de Escazú, que promueve el principio de no regresión en materia ambiental, así como acuerdos con la Unión Europea. El amparo se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano y habilita la defensa colectiva de los derechos ambientales. Impacto y participación ciudadana Las entidades también cuestionaron el proceso legislativo por la escasa participación ciudadana, al señalar que solo una mínima parte de los inscriptos pudo intervenir en audiencias públicas. Asimismo, advirtieron que la reforma podría afectar la seguridad hídrica de varias provincias, entre ellas La Pampa, que depende de cuencas originadas en zonas cordilleranas donde existen proyectos extractivos. Finalmente, destacaron que la presentación judicial constituye una instancia clave para aplicar el principio precautorio, con el objetivo de evitar daños ambientales graves o irreversibles, y subrayaron que la defensa del agua y los glaciares es una causa de alcance nacional.
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