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Paraná » 9digital
Fecha: 05/05/2026 10:26
En el marco de la causa que investiga por presunto enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el contratista Matías Tabar confirmó este lunes ante la Justicia federal haber recibido 245.000 dólares en efectivo para realizar refacciones en la casa que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Durante su declaración en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Gerardo Pollicita, el socio del grupo Alta Arquitectura brindó detalles precisos sobre los trabajos realizados. Según su testimonio, las reformas se ejecutaron en un lote de 400 metros cuadrados a lo largo de diez meses, entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Las obras incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín. El dato que más resonó en la fiscalía es que el costo de la remodelación (US$ 245.000) resultó significativamente superior a los 120.000 dólares que Adorni habría abonado originalmente por la compra del inmueble. Para fundamentar su declaración, Tabar aportó diversas pruebas documentales, entre las que se incluyen presupuestos, contratos y facturas. Asimismo, dejó su teléfono celular a disposición de la Justicia para que sea sometido a un peritaje técnico, con el objetivo de analizar el registro de comunicaciones mantenidas tanto con el jefe de Gabinete como con su esposa, Bettina Angeletti. Cómo sigue la causa La ronda de testimonios continuará este miércoles, cuando deba declarar por primera vez Leandro Miano, vinculado a otra propiedad bajo la lupa judicial. Miano es hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas que supuestamente le prestó dinero a Adorni, y socio de Pablo Martín Feijoo, el gestor de la compraventa de un departamento que el funcionario adquirió en el barrio porteño de Caballito (quien ya declaró hace dos semanas). Al igual que el contratista, Miano deberá presentar su teléfono celular junto con facturas y tickets vinculados al pago de expensas y refacciones de la propiedad de Caballito, paso clave para que la Justicia pueda trazar la ruta del dinero y verificar si los pagos coinciden con lo declarado.
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