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Concordia » Diario Junio
Fecha: 05/05/2026 08:45
En el marco de una reunión interministerial realizada este lunes, el Gobierno de Entre Ríos formalizó la decisión de avanzar judicialmente contra el patrimonio de las familias de aquellos alumnos que realicen, en adelante, amenazas en establecimientos educativos.
Del encuentro participaron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca; el jefe de Policía de la Provincia, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro; y el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, además de representantes del Copnaf.
El objetivo central de la reunión fue definir las acciones legales y económicas para resarcir al Estado por el uso de recursos públicos en situaciones de falsa alarma, como las que se registraron recientemente en distintas ciudades de Entre Ríos y del país. En la provincia se registraron 180 denuncias, confirmó días atrás el presidente del CGE, Carlos Cuenca.
En ese contexto, las autoridades de seguridad presentaron un informe técnico en el que estimaron que la sumatoria de los operativos realizados ante mensajes intimidatorios asciende a una cifra superior a los $250 millones.
Este cálculo, que el Estado pretende recuperar a través de demandas civiles, incluye:
– El despliegue de móviles policiales y logística de transporte.
– La intervención de personal especializado y brigadas de explosivos.
– Las horas hombre de agentes afectados a estas tareas, en detrimento de otras funciones de prevención del delito común.
– El uso de herramientas de inteligencia tecnológica para el rastreo de llamadas y mensajes.
Responsabilidad patrimonial de los tutores
La decisión de la Provincia se apoya en que estas conductas, calificadas por las autoridades como irresponsables, configuran un daño patrimonial que el contribuyente no tiene la obligación de financiar. En ese sentido, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el juez Pablo Barbirotto analizaron la viabilidad de aplicar la responsabilidad directa de los progenitores, tal como establece la normativa nacional.
Gracias al trabajo de la Policía en materia de ciberdelito, ya se ha individualizado a la mayoría de los autores en distintas localidades entrerrianas. Esto permitirá que la Provincia inicie, de manera inmediata, las acciones legales para que los padres o tutores afronten el pago de los costos operativos ya ejecutados.
Supervisión digital como prevención
Desde la mesa de seguimiento, con participación del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se enfatizó que las familias deben asumir un rol activo en la supervisión del uso de dispositivos digitales por parte de los menores, a fin de prevenir la reiteración de estos hechos.
No obstante, la postura oficial es tajante: ante la saturación de los recursos de seguridad, la Provincia priorizará el recupero de los fondos, dejando en claro que el despliegue de las fuerzas públicas ante este tipo de contingencias escolares tendrá, a partir de ahora, un impacto directo en la economía de los hogares de los responsables.
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