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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 04/05/2026 21:42
Entre Ríos hará que padres de menores que amenacen escuelas paguen los operativos policiales La Provincia avanzará con acciones civiles para recuperar más de $250 millones gastados en despliegues de seguridad por falsas alertas en establecimientos educativos En el marco de una reunión interministerial e interdisciplinaria entre el Consejo General de Educación (CGE), la Policía de Entre Ríos, el Copnaf y el área de Justicia, el gobierno provincial avanzó en la evaluación de medidas para que padres o tutores de menores identificados como autores de amenazas en escuelas asuman los costos de los operativos policiales. La iniciativa se encuadra en una reparación civil por daños y perjuicios. Según se definió en ese ámbito, los adultos responsables de los menores que realicen amenazas en establecimientos educativos deberán afrontar el pago de los gastos generados por cada despliegue de seguridad, a través de acciones civiles específicas. El gobierno de Entre Ríos resolvió endurecer su postura frente a la ola de amenazas y mensajes intimidatorios en escuelas de distintas localidades de la provincia. En una reunión de la que participaron el presidente del CGE, Carlos Cuenca; el jefe de Policía, Claudio González; el secretario de Justicia, Julián Maneiro, y el juez Penal de Niños y Adolescentes, Pablo Barbirotto, entre otros funcionarios, se definieron las acciones legales y económicas que se ejecutarán contra los responsables. A diferencia de los procesos penales que pueden verse limitados por la edad de los menores, el Estado provincial determinó la viabilidad de promover el recupero de los gastos ocasionados por los operativos de seguridad mediante la vía civil. En ese marco, las autoridades remarcaron el impacto económico de cada intervención. Cada vez que se activa un protocolo por amenaza de bomba o tiroteo, se movilizan recursos humanos, logísticos y tecnológicos que tienen un costo altísimo para los contribuyentes, señalaron en el encuentro. Y advirtieron: Ese despliegue, provocado por una conducta irresponsable, configura un daño patrimonial que el Estado no tiene por qué absorber, al fundamentar la decisión de trasladar esos costos a los adultos responsables. Responsabilidad civil de padres y tutores De acuerdo con lo establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación, particularmente en sus artículos 1753 y 1755, la responsabilidad civil por los daños causados recae directamente sobre los progenitores o responsables legales de los menores. En este sentido, la provincia iniciará acciones legales para que los padres o tutores de los alumnos ya identificados en las causas judiciales afronten el pago de los costos operativos derivados de las amenazas. Gracias al trabajo de inteligencia tecnológica de la Policía de Entre Ríos, las autoridades informaron que ya se ha individualizado a la mayoría de los autores de diversas amenazas en distintas localidades, lo que habilita el inicio de los reclamos civiles. Un costo que supera los $250 millones Durante el encuentro, las áreas de seguridad presentaron una estimación del impacto económico que tuvieron los operativos activados por mensajes intimidatorios en escuelas. El costo acumulado de esos despliegues supera los $250 millones, según se detalló. Ese cálculo incluye el despliegue de móviles policiales, personal especializado, brigadas de explosivos, logística y horas hombre que se detraen de la prevención del delito común para atender cada amenaza. Llamado de atención a las familias Desde la mesa de seguimiento, de la cual también forma parte el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), se emitió además un mensaje dirigido a los hogares entrerrianos. En ese sentido, se instó a las familias a asumir un rol activo en la supervisión del uso de dispositivos digitales por parte de sus hijos, ante la constatación de que muchas de las amenazas se canalizan a través de redes sociales y plataformas de mensajería. No estamos ante una broma estudiantil, sino ante un delito penal que genera alarma pública y un gasto innecesario de recursos que deberían estar destinados a la prevención del delito real, concluyeron las autoridades presentes, al justificar el avance en el recupero de los costos por operativos de seguridad.
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