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CABA » Parlamentario
Fecha: 04/05/2026 21:09
La diputada denunció al jefe de Gabinete por supuesto entorpecimiento de la investigación en torno a las refacciones de una propiedad suya, tras conocerse el testimonio de un contratista que habló de gastos por 245 mil dólares. La diputada nacional Marcela Pagano presentó este lunes una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y solicitó su inmediata detención al acusarlo de haber presionado a un testigo clave antes de que prestara declaración judicial. El planteo se apoya en la llamada doctrina Irurzun, una figura jurisprudencial que habilita el dictado de prisión preventiva contra funcionarios en ejercicio cuando, por su poder o influencia, existe riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación. La presentación judicial de Pagano se conoció horas después de que trascendiera el testimonio del contratista que realizó refacciones en la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá. Según esa declaración, las obras demandaron un gasto de 245.000 dólares, una cifra que supera ampliamente el valor de compra del inmueble, estimado en 120.000 dólares. A partir de ese testimonio, la diputada aseguró que el funcionario habría intentado influir en el declarante a través de mensajes de WhatsApp. Acabo de solicitar la detención de Manuel Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina Irurzún, escribió Pagano en su cuenta de X, en un posteo publicado este lunes. En la denuncia, Pagano solicita la detención del jefe de Gabinete con fundamento en los artículos del Código Procesal Penal que regulan las medidas cautelares y, de manera central, en la aplicación por analogía agravada de la doctrina Irurzún a un funcionario en ejercicio. Según el escrito, el hecho que configura el riesgo procesal habría ocurrido el 4 de mayo, cuando Adorni habría contactado al testigo Matías Tabar inmediatamente antes de su declaración testimonial, ofreciéndole ayuda o el contacto de su equipo, además de intentar el borrado de los mensajes intercambiados. La llamada doctrina Irurzún tiene su origen en un fallo dictado en octubre de 2017 por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con voto del juez Martín Irurzun, en el marco de la causa De Vido, Julio Miguel s/procesamiento con prisión preventiva. En esa resolución, la Cámara sostuvo que, tratándose de ex funcionarios de alto rango o funcionarios con poder actual, el análisis del riesgo procesal no puede limitarse a criterios clásicos como el peligro de fuga, sino que debe ponderar también la capacidad real del imputado de influir sobre testigos, coimputados o estructuras administrativas que puedan afectar el curso de la pesquisa. En términos prácticos, la doctrina habilitó la prisión preventiva cuando se verifica que el imputado, por las relaciones de poder que conserva o por su posición institucional, podría interferir en la producción de prueba. Desde su formulación, fue aplicada en distintas causas de corrupción y también fuertemente cuestionada por sectores del derecho penal, que la consideraron una flexibilización excesiva del principio de inocencia y una ampliación controvertida de la prisión preventiva. Con el correr de los años, su utilización fue restringida y revisada por tribunales superiores, aunque no anulada como criterio jurisprudencial. En su escrito, Pagano sostiene que el caso de Adorni configura incluso una situación más grave que las contempladas originalmente por la doctrina, ya que no se trata de una inferencia sobre un eventual poder residual, sino de una conducta concreta y actual de contacto con un testigo, atribuida a un funcionario que se encuentra en pleno ejercicio de su cargo y con capacidad directa de incidencia política y administrativa. Por eso, invoca una aplicación a fortiori del criterio sentado por la Cámara Federal. La diputada también subraya que el presunto ofrecimiento de beneficios y el intento de borrar mensajes agravarían el riesgo procesal, al tratarse de acciones directas orientadas a alterar una prueba central en la investigación vinculada al patrimonio y a las obras realizadas en la vivienda del funcionario.
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