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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 04/05/2026 20:26
El Gobierno nacional, a través de la Secretaría General de la Presidencia, ha consolidado un mecanismo discrecional para la distribución de bienes decomisados. En Misiones, la Fundación Innovación Misionerista encabezada por el presidente del Congreso de La Libertad Avanza (LLA) provincial, Claudio Lionel Berón es la última beneficiaria de este esquema que despierta serios interrogantes sobre la transparencia y el uso político de los recursos del Estado. - Por AF para Confirmado La operatoria quedó oficializada bajo las Disposiciones 141/2025 y 4/2026, que luego desembocaron en la Disposición 32/2026 publicada en el Boletín Oficial. La cesión, autorizada por la Secretaría General de la Presidencia cartera bajo la órbita de Karina Milei y firmada por Eduardo Lule Menem, entregó un lote de 2.700 productos decomisados por la Aduana a una entidad que, en los papeles, debería ser una organización sin fines de lucro ajena a la estructura partidaria. Sin embargo, la realidad de la fundación es diametralmente opuesta al relato de neutralidad que intentan sostener sus autoridades. La contradicción: ¿ONG social o brazo partidario? El presidente de la fundación, Claudio Lionel Berón, ha negado públicamente que la entidad tenga identidad partidaria, asegurando que su labor es puramente social. No obstante, los vínculos son innegables: - Berón: Es el actual Presidente del Congreso de La Libertad Avanza en Misiones. - Diana Mascarino: Vicepresidenta de la fundación y esposa de Berón, fue candidata a concejal de Posadas por el sublema Neo Libertad de LLA en las elecciones de medio término del año pasado. - Gestión: La fundación, con una estructura mínima (apenas cuatro integrantes), se ha convertido en un canal privilegiado para recibir bienes que, bajo la Ley 25.603, deberían tener como destino final la atención de sectores vulnerables, no la gestión de dirigentes políticos en campaña. Un modus operandi repetido Este caso no es un hecho aislado. Múltiples informes judiciales y periodísticos han expuesto un patrón de comportamiento en la actual gestión nacional: el uso de los rezagos aduaneros como una herramienta de recompensa o fortalecimiento territorial para dirigentes alineados. La falta de trazabilidad es total. Berón, ante la consulta periodística, admitió no contar con el detalle preciso de la distribución de los bienes, confirmando la opacidad del proceso. ¿Cómo garantiza el Estado que estos 2.700 productos llegan efectivamente a quienes más los necesitan y no están siendo utilizados para fidelizar votos o fortalecer la estructura de LLA en el territorio misionero? El costo de la discrecionalidad La ley es clara en cuanto a la finalidad social de los decomisos, pero la práctica administrativa bajo la administración Milei parece haber convertido una política de asistencia en un ejercicio de discrecionalidad política. Mientras la fundación asegura haber recibido mercadería incluso en 2025 (pre-elecciones), la sociedad civil y los organismos de control permanecen sin explicaciones sobre los criterios de selección de las ONG amigas. El escándalo de las prendas retenidas en Rosario donde miles de artículos destinados a la vulnerabilidad social desaparecieron del circuito oficial es el espejo donde la situación de Misiones debe mirarse. Estamos ante un esquema que, bajo el amparo de la legalidad, parece estar construyendo un sistema de clientelismo del siglo XXI: recursos públicos de la Aduana, gestionados por candidatos del partido de Gobierno, bajo una fachada de ONG.
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