04/05/2026 21:20
04/05/2026 21:19
04/05/2026 21:19
04/05/2026 21:18
04/05/2026 21:18
04/05/2026 21:18
04/05/2026 21:17
04/05/2026 21:16
04/05/2026 21:16
04/05/2026 21:15
Parana » AnalisisDigital
Fecha: 04/05/2026 19:50
La sentencia judicial omite el procedimiento obligatorio ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales y declara la inconstitucionalidad de todo el marco normativo de la Ley de Riesgo de Trabajo. El Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta en Entre Ríos un escenario de extrema gravedad, reflejado en la condena de un caso cuya liquidación actualizada asciende a $613.467.165 (sin considerar costas). Este fallo, que ignora por completo el subsistema específico de la Seguridad Social, establece un precedente de altísimo riesgo para la seguridad jurídica, alerta la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART). La provincia de Entre Ríos es una de las de mayor crecimiento de la litigiosidad, un 25% en 2025 versus 6% del total país y los montos de sentencia son de los más elevados del país por efecto de la actualización de RIPTE+12% del fallo Crettaz. Para la UART, la sentencia -dictada tanto en primera como en segunda instancia-, incurrió en graves desviaciones del marco legal: -Desmantelamiento Normativo: se declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT), de la Ley 27.348, de la Ley de Adhesión Provincial 10.532, del acuerdo firmado por el Gobernador con la SRT, del Decreto 669/19, la modificación al Código Procesal Laboral de Entre Ríos y los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928 de Convertibilidad. -Omisión del Procedimiento: se omitió el procedimiento previo obligatorio ante la Comisión Médica Jurisdiccional (CMJ). -Uso de Baremo Incorrecto: la sentencia de segunda instancia elevó la incapacidad del trabajador (un camionero de 55 años) al 70%, aplicando el Baremo Altube-Rinaldi en lugar del Baremo de ley (Decreto 659/96). Cabe destacar que la Ley 26.773 establece que todo dictamen judicial o administrativo debe aplicar el Baremo de ley para garantizar un trato igual al damnificado. -Liquidación arbitraria: la Cámara, a instancias de un recurso interpuesto por la parte actora, resolvió modificar arbitraria e infundadamente los montos de condena, en contradicción al principio de preclusión procesal, estableciendo en concepto de daño a la integridad e incapacidad la suma de $410.000.000, daño moral $30.000.000 y daño punitivo $40.000.000, con más intereses accesorios y costas. -Aplicación Impropia de Leyes: para determinar la condena por daño punitivo se dispuso la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, normativa que no corresponde a un subsistema de la Seguridad Social con ley específica (LRT). -Cálculo Agravado: para el cálculo de la condena, se aplicó el criterio del fallo Crettaz, que actualiza por RIPTE + 12% anual Tasa Pura, y en este caso, capitalizando dicha tasa (TABN) en forma semestral. Ante la denegación del Recurso Extraordinario Local por parte del Superior Tribunal de Justicia, la empresa aseguradora presentó el correspondiente Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y solicitó la suspensión de la ejecución de sentencia. La decisión de la Corte es crucial para restablecer la seguridad jurídica perdida y garantizar la sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo, evitando los montos desproporcionados que surgen del desconocimiento de la legislación específica. La UIER alerta que aumentaron 119% los juicios laborales en la industria Por su parte, la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) viene advirtiendo por el aumento significativo de la litigiosidad laboral en la provincia en los últimos tres años y en especial en la industria. Según datos actualizados a abril de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), se incrementó 119% la cantidad de juicios laborales en la industria manufacturera, al pasar de 288 en 2021 a 629 en 2024. Se duplicaron los juicios laborales en la industria en los últimos tres años. La situación es cada vez más preocupante para las empresas porque atenta contra el empleo y las pymes. Por un lado, significa un freno directo a la creación de nuevos puestos de trabajo registrados y, peor aún, pone en riesgo la subsistencia de las micro y pequeñas industrias de la provincia, advirtió desde el portal oficial de la UIER, su presidente Gabriel Bourdin. Según el informe elaborado por la UART, a pesar de que hay una disminución progresiva en la siniestralidad, aumentó la judicialidad, es decir, la cantidad de casos que se dirimen en la Justicia. Entre Ríos registra dos años consecutivos con un aumento de juicios laborales por encima de la media de la Argentina: en 2024 creció un 12% la litigiosidad laboral en la provincia y 7% en el total del país, mientras que en 2023 incrementó 39% y 26%, respectivamente. Es un tema que realmente suma preocupación a los sectores productivos de Entre Ríos porque ya hay jurisprudencia en la provincia que anticipa mayor probabilidad de que las empresas salgan perdiendo ante un eventual conflicto. Además, los fallos de jueces provinciales habilitan el pago de montos cada vez mayores por las sentencias, que implican mayores costos para producir y, en el peor de los casos, ponen en jaque a las empresas mismas, sostuvo Bourdin. Litigiosidad en Entre Ríos El informe indica que en 2021 se contabilizaron 1.292 juicios laborales en toda la provincia, mientras que en 2024 fueron 2.002, lo que representa un incremento del 55%. La industria manufacturera es el sector más afectado, seguido por la administración pública, la agricultura y ganadería, el comercio, la construcción y el resto. En cuanto a la litigiosidad, fallos relevantes como Crettaz c/Iapser y Vázquez c/Iapser generaron un antes y un después en la litigiosidad laboral de Entre Ríos, que ya se ubica por encima de otras provincias mesopotámicas, como Corrientes y Misiones. Desde ambos fallos en adelante, aumentaron sustancialmente los montos por juicios -más del doble de la sentencia a nivel país- y se dio mayor reapertura de casos cerrados post cobro de incapacidad, en un 35%, señaló el portal de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER). Entre otras conclusiones, sobre el mismo período comparativo, se destaca cómo aumentó la cantidad de juicios según el tamaño de empresas: de 101 a 1500 trabajadores creció 76%; en empresas de más de 1500 trabajadores 66%; en empresas de 11 a 50 trabajadores un 53%; en empresas de 51 a 100 trabajadores un 46%; en empresas de 1 a 10 trabajadores un 18%. El promedio es del 55%. Posibles salidas El informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, que analiza casos en todo el país, considera que en Entre Ríos se da la particularidad de una litigiosidad exacerbada. Por ello, proponen una serie de posibles salidas que permita desalentar esta problemática: -Revisión fallos Crettaz y Vázquez: cumplimiento por parte del Tribunal Superior de Justicia con lo previsto en la Ley 27.348 art. 2 in fine, ratificado con la adhesión mediante Ley 10.532 art. 1 del 29/11/2017: intervención obligatoria del CMF; concurso de integrantes especializados en medicina laboral; remuneración desacoplada del monto del proceso y aplicación adecuada del Baremo del Decreto 659/96. -Que hasta tanto se constituya este cuerpo específico, en los casos que intervenga el cuerpo pericial actual, se dejen de regular (adicionalmente a su sueldo) honorarios vinculados al monto del juicio. -Que en el caso de intervenir peritos de lista, sus honorarios sean regulados por la labor efectivamente realizada. El informe de la UART
Ver noticia original
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por