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» Puraciudad
Fecha: 04/05/2026 10:27
El nuevo esquema incorpora la vigilancia ambulatoria y redefine los mecanismos de control con tobilleras electrónicas, con el objetivo de modernizar el monitoreo de medidas judiciales y mejorar la prevención en casos de violencia y delitos en la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó un nuevo protocolo para el uso de dispositivos de geoposicionamiento en casos judiciales, que incluye la incorporación de la modalidad de vigilancia ambulatoria y actualiza los procedimientos para el control de personas imputadas o condenadas, así como para la protección de víctimas de violencia de género. La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 505/MSEGC/26 del Ministerio de Seguridad, que deja sin efecto la normativa vigente desde 2020 y establece un esquema renovado para la implementación, seguimiento y retiro de tobilleras electrónicas. El nuevo protocolo contempla tres modalidades de monitoreo. Por un lado, el sistema de geoposicionamiento dual, utilizado en casos de violencia de género o familiar, que implica el seguimiento tanto de la persona denunciada como de la víctima, con dispositivos que permiten activar alertas y prevenir acercamientos indebidos. Por otro, se incorpora la vigilancia ambulatoria, orientada exclusivamente al control del imputado mediante geolocalización, sin intervención directa sobre una víctima. Finalmente, se mantiene el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, que supervisa la permanencia del acusado en un domicilio determinado. Desde la cartera de Seguridad señalaron que la actualización responde a cambios en la estructura del ministerio y a la necesidad de adecuar el sistema a nuevas tecnologías y prácticas judiciales. En ese sentido, destacaron que la modalidad de vigilancia ambulatoria tuvo un crecimiento sostenido en los últimos años y era una de las más requeridas por magistrados. El protocolo también redefine los procedimientos operativos, incluyendo requisitos de admisión, plazos y roles de las distintas áreas intervinientes, como la Dirección General de Políticas de Género en Seguridad y el Centro de Monitoreo de la Policía de la Ciudad, que funciona las 24 horas. Entre los puntos centrales, se establece que la colocación de los dispositivos es obligatoria cuando así lo disponga la Justicia, sin necesidad de consentimiento del imputado, y que el incumplimiento puede derivar en la revocación de beneficios como el arresto domiciliario. Además, se fijan condiciones técnicas y operativas que pueden impedir la aplicación del sistema, como la falta de domicilio fijo en la Ciudad o limitaciones de señal. El sistema permite controlar medidas como restricciones de acercamiento, prohibiciones de salida de la jurisdicción o cumplimiento de detenciones domiciliarias. También prevé la intervención de distintas áreas para la coordinación con el Poder Judicial, la instalación de equipos, el monitoreo en tiempo real y la gestión de alertas ante posibles incumplimientos. La resolución fue comunicada a organismos judiciales y de seguridad, y apunta a unificar criterios de actuación y mejorar la eficacia en el seguimiento de medidas dispuestas por los tribunales porteños.
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