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Fecha: 03/05/2026 21:19
La Casa Rosada sigue discutiendo la reforma del Código Penal. En Balcarce 50 conviven diferencias sobre el alcance del proyecto, el formato de envío y la interpretación de una decisión que Javier Milei tomó antes de la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La tensión ya se metió de lleno en la interna por el control del área entre Karina Milei y Santiago Caputo. En el Gobierno sostienen que la instrucción presidencial durante el verano fue no enviar un código completamente nuevo, sino una reforma amplia del Código Penal vigente. La explicación que dan es política: un texto enteramente nuevo obligaba al oficialismo a fijar posición sobre temas sensibles, entre ellos el aborto, al reemplazar integralmente el régimen actual. Es por eso que, aseguran, la idea de un nuevo código fue más discursiva que jurídica y lo que en verdad se buscaba era una modificación profunda, pero sin abrir esa discusión. Es en ese punto donde aparecen las diferencias tras la salida de Mariano Cúneo Libarona del Gabinete. En el entorno del asesor acusan a Mahiques de haber interpretado a su favor aquella definición de Milei y de haberla usado para dejar de lado la reforma integral que ya se venía trabajando. Sostienen que el ministro tomó el criterio de no mandar un código nuevo como argumento para avanzar con su propio esquema: un proyecto recortado ahora y una reforma más amplia más adelante. En Justicia rechazan esa acusación. Cerca del ministro mantienen la postura de que lo acordado con el Presidente fue justamente avanzar de esa forma: enviar primero una reforma en partes y dejar para una etapa posterior la discusión de un nuevo Código Penal. En ese esquema, explican, el proyecto reducido sigue en la Secretaría de Legal y Técnica a la espera de la firma presidencial para ser remitido al Congreso, mientras que el resto de la iniciativa permanece en el ministerio. Las tensiones se reavivaron luego de que circulara en la Casa Rosada la versión de que en la última reunión de mesa política se definió avanzar con el envío de la reforma completa. En el Ministerio de Justicia rechazan esa lectura y sostienen que no se remitirá por ahora un código nuevo, sino la versión reducida. No hubo órdenes en otro sentido, agregan. La discusión, en rigor, no es solo técnica. Quedó atravesada por la pelea entre los sectores que orbitan alrededor de Karina Milei y Santiago Caputo por el manejo de Justicia. Leé también: El Gobierno descarta abrir un diálogo con la CGT y prepara una reforma sindical para el segundo semestre En un sector sostienen que se está tergiversando la definición original del Presidente y en el otro responden que la interpretación que hoy se cuestiona fue la que se habló con Milei y la que sigue vigente. En Balcarce 50 reconocen que todavía no hay una estrategia cerrada sobre cómo se enviará el proyecto ni quién se encargará de defenderlo en el Congreso. La idea que circula hoy en el Gobierno es que el texto reducido podría ser remitido al Senado en el mediano plazo, pero por ahora no hay una hoja de ruta definida ni un acuerdo político consolidado con aliados para avanzar con el tema. La reforma corta incluye capítulos que el oficialismo considera más defendibles en términos políticos y con mayor viabilidad parlamentaria. Entre ellos figuran nuevas tipificaciones y agravamiento de penas para delitos migratorios, estafas piramidales, viudas negras, salideras, entraderas, motochorros, grooming, abuso sexual infantil, armas en cárceles y picadas. El resto de la discusión, que abarca el rediseño más amplio del Código, quedó otra vez sujeto a una interna que ya desbordó el plano jurídico. En el Ejecutivo insisten en que la reforma penal sigue en carpeta y que no fue postergada formalmente.
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