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» Tiempo Argentino
Fecha: 02/05/2026 21:03
Palantir llegó al sistema de salud británico en 2020 cobrando una libra esterlina. Una. El precio de un chicle. El NHS (Servicio Nacional de Salud), desbordado por la pandemia, aceptó encantado. Cinco años después, esa libra se transformó en más de quinientos millones de libras en contratos que atraviesan hospitales, policías, ministerios de defensa y reguladores financieros. El parlamento británico descubrió, con la parsimonia de quien encontró tarde el manual de instrucciones, que salir de Palantir es como intentar sacar el agua de un edificio que ya se inundó. El vendor lock-in la dependencia del proveedor es la forma técnica de nombrar algo que a historia conoce desde siempre con otro nombre: la deuda que no se puede pagar. En el siglo XX, el Fondo Monetario Internacional prestaba dólares a condición de que los países abrieran sus mercados, privatizaran sus empresas y desmontaran sus Estados. Nadie con poder para negociar de otra manera aceptaba esas condiciones. Por eso se esperaba siempre la crisis, el momento en que el desesperado firma lo que no firmaría en circunstancias normales. El mecanismo era burdo, pero funcionaba. El mecanismo actual es más elegante. No espera la crisis: la anticipa. Llega antes. Llega con una solución a un problema que quizás todavía no existe, o que existe pero no requería necesariamente esa solución. Y una vez que la solución está instalada, el problema original y la solución se vuelven inseparables. ¿Cuándo fue la última vez que una institución que adoptó Salesforce, SAP o Microsoft 365 volvió atrás? Nunca. No porque el proveedor sea irreemplazable en abstracto, sino porque el costo de reemplazarlo es mayor que el costo de seguir pagando. Una empresa que queda atrapada en un proveedor de software de gestión pierde dinero y flexibilidad. Un Estado que queda atrapado en Palantir pierde algo más difícil de cotizar: la capacidad de decidir quién es peligroso. Porque Palantir no administra planillas de cálculo ni gestiona turnos médicos. Palantir decide con algoritmos entrenados en la lógica de la guerra contra el terrorismo cómo cruzar datos de satélites, redes sociales, registros financieros, comunicaciones intervenidas y cámaras de vigilancia para producir perfiles de amenaza. Perfiles que luego alguien usa para tomar decisiones sobre personas reales. ¿Quién define los parámetros de ese algoritmo? Palantir. ¿Quién audita el resultado? Nadie, porque el código es propiedad de Palantir. ¿Quién decide qué patrones de comportamiento se consideran sospechosos? La empresa que nació del vientre de la CIA y que acaba de publicar un manifiesto afirmando que ciertas culturas «son disfuncionales y regresivas». El sarcasmo tiene sus límites como herramienta analítica, pero hay situaciones en que es la única respuesta honesta. Argentina está negociando o algo que se le parece peligrosamente integrar Palantir a su aparato de inteligencia en el momento en que el país cumple cincuenta años del golpe de Estado que instaló una dictadura que identificó y eliminó a sus propios ciudadanos como «subversivos». Pero sería demasiado fácil y demasiado cómodo circunscribir el problema a Palantir. Palantir es la versión más dramática de una tendencia que ya está instalada, normalizada y raramente cuestionada. Cada vez que un municipio argentino migra sus sistemas al cloud de Microsoft, cada vez que un ministerio adopta las herramientas de Google para gestionar su correspondencia, cada vez que una universidad pública firma un convenio con Amazon Web Services porque es «más barato que desarrollar infraestructura propia», está ejecutando una pequeña versión del mismo movimiento. Sin el componente militar. Sin la carga ideológica explícita. Con toda la apariencia de una decisión pragmática y razonable. Y con exactamente el mismo resultado estructural: la capacidad técnica, la memoria institucional y la soberanía operativa del Estado se transfieren, gota a gota, a corporaciones privadas que no rinden cuentas ante ningún electorado. Seis empresas controlan el 68% de la infraestructura cloud global. Ninguna es latinoamericana. Ninguna está sujeta a regulación regional. Todas están sujetas a la CLOUD Act estadounidense, que autoriza al gobierno de EE UU a exigir acceso a datos almacenados por empresas americanas, sin importar en qué país físicamente residan esos datos. Cuando un Estado latinoamericano «moderniza» sus servicios sobre estas plataformas, no está adoptando tecnología neutral: está firmando un tratado de dependencia que nadie votó y que nadie llama por su nombre. Europa al menos lo discute. Tiene el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos), el AI Act, iniciativas como Mistral AI que intentan construir alternativas soberanas, parlamentarios que interpelan ministros y un debate público que reconoce el problema aunque no lo resuelva. La Argentina de este momento histórico tiene un presidente que describe su reunión con el cofundador de Palantir como una charla maravillosa entre anarcocapitalistas, y que expulsó a la prensa del edificio de gobierno el día que ese señor llegó a visitar. Hay una lógica en esa expulsión que vale la pena nombrar. No es solo el autoritarismo de quien no quiere testigos. Es la coherencia perfecta entre la ideología y el acto: si el Estado es el enemigo, si la regulación es un obstáculo, si la soberanía es un concepto anticuado que interfiere con la eficiencia del mercado, entonces abrir la puerta a Palantir no es una rendición. Es una liberación. El problema es que esa liberación la siente solo quien tiene el código fuente. El lock-in tiene una característica que lo distingue de otras formas de dependencia: es invisible hasta que se intenta salir. La empresa de software que atiende a un hospital público por veinte años no parece un problema mientras el hospital funcione. El problema aparece el día que el hospital quiere cambiar de proveedor y descubre que nadie en la institución sabe ya cómo operar sin ese software, que los datos están en formatos propietarios que nadie más puede leer, y que el costo de la migración supera el presupuesto anual de la institución. Multiplicá ese problema por todo el aparato de inteligencia del Estado. Por todos los datos cruzados de ciudadanos. Por toda la infraestructura de decisión sobre quién es considerado una amenaza. Y agregá que el proveedor del que querés salir tiene vínculos directos con el Departamento de Defensa de la potencia que financia al gobierno que lo contrató. En la saga literaria de la que Palantir tomó su nombre, los «palantiri» son esferas de vidrio que permiten ver a distancia, comunicarse entre sí y conocer lo que ocurre en lugares remotos. Pero en la historia, el que mira a través de un palantir no controla lo que ve. Lo controla quien tiene el palantir más poderoso. Quien lo tenga puede mostrarle al observador exactamente lo que quiere que vea, guiarlo, manipularlo, convencerlo de que está viendo la realidad cuando está viendo una versión curada de ella. Tolkien escribió eso como advertencia. Palantir Technologies lo adoptó como modelo de negocios. El Estado que instala Palantir en su aparato de inteligencia cree que adquiere la capacidad de ver todo. Lo que en realidad adquiere es la capacidad de ver exactamente lo que Palantir decide que debe ver, bajo los criterios que Palantir establece, con los datos que Palantir procesa, en los formatos que Palantir controla. Eso es el vendor lock-in en su versión definitiva. No la dependencia del software. La dependencia de la mirada. La pregunta que queda, y que ningún funcionario entusiasmado con la «modernización tecnológica» está dispuesto a responder públicamente, no es si estas empresas son buenas o malas en abstracto. La pregunta es quién negocia las condiciones, con qué poder de contraparte, bajo qué marco regulatorio y con qué mecanismos de salida garantizados antes de firmar.
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