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Fecha: 02/05/2026 21:03
Los móviles de televisión se llenan de testimonios callejeros donde decenas de trabajadores atestiguan viajar mal, no llegar a fin de mes, moverse con miedo en sus barrios ante el aumento de la criminalidad, estar endeudados o tener más de un trabajo. Se vive mal y el futuro se avizora aun peor. La calle se tensa de a poco y todas las semanas una nueva acción de protesta se imprime en la agenda política. Algo se está agitando, lo sabe la gente, lo sabe el gobierno. Ante este escenario cabe preguntarse cuál fue la dinámica represiva del gobierno hasta ahora y si puede escalar. Mario Santucho, editor de la Revista Crisis y miembro del Mapa de la Policía trazó un diagnóstico: Efectivamente la estrategia del gobierno es desplegar una fuerza represiva callejera muy grande, con capacidad de incidir en la protesta neutralizándola con diferentes mecanismos, entre ellos, una política bastante agresiva de detenciones donde corren la línea de lo posible, sobre todo, en la detención arbitraria y el despliegue de un mecanismo judicial que le da a la policía la facultad de detención sin demasiadas causales. El 12 de junio de 2024, durante la sesión de la Ley Bases, se produjo el primer episodio de detenciones masivas: 33 personas fueron arrestadas y acusadas por terrorismo y desestabilización en una narrativa impulsada por el gobierno. Aunque la justicia inicialmente avaló medidas severas, luego las acusaciones se desmoronaron y muchos fueron liberados. El patrón se repitió el 12 de marzo de 2025 con 114 detenciones en la marcha de las hinchadas y continuó en otras protestas pero con menor cantidad de detenidos. Para Agustina Lloret, coordinadora del equipo de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el poder judicial avanza rápido cuando los acusados son personas que participan de una manifestación, y lento cuando se trata de integrantes de las fuerzas de seguridad. El objetivo central de la represión y criminalización de la protesta es el de desincentivar el encuentro de personas, la libertad de expresión, las expresiones críticas y disidentes al gobierno. No todas las acciones judiciales quedaron en la nada. El 8 de abril, varios manifestantes fueron detenidos en Mendoza durante las protestas por la Ley de Glaciares. Dos de ellos, Micaela Guiñazu y Adrián Torres, fueron acusados de intento de hurto de arma reglamentaria, lo que hizo demorar cinco días su liberación. Por otro lado, Milton Tolomeo y Eneas Gallo llevan dos meses detenidos en Marcos Paz acusados de terrorismo por su participación durante la protesta por la reforma laboral. Uno de los primeros casos de largas detenciones disciplinadoras fue el de Alexia Abaigar, militante peronista y directora de Promoción de Derechos en el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Abaigar estuvo a disposición de la jueza Sandra Arroyo Salgado por un escrache en la casa del diputado acusado de narcotráfico José Luis Espert. Definitivamente mi caso fue un ensayo de judicialización de la protesta social. Les salió mal. La Cámara de Apelación de San Martín respondió hace un mes con un dictamen de falta de mérito. Es interesante el escrito por que no encuentran una concordancia entre los hechos que se me adjudican con las pruebas que tienen, comenta Abaigar. Otro elemento a considerar es la posible articulación entre inteligencia y aparato represivo. Santucho considera que los servicios de inteligencia, particularmente la SIDE, han perdido eficacia, se han degradado desde hace más de una década y hoy se encuentran centralmente subordinados a agencias extranjeras, sin capacidades propias. El gobierno actual parece apostar a ser una sucursal de la inteligencia imperial, articulando con agencias como la CIA y actores privados, posiblemente para monitoreo masivo, manipulación simbólica y, quizás, intervención electoral experimental, argumenta. Sí puede verse una mayor disposición del avance tecnológico para la persecución policial. Lloret describe detalladamente un caso: Las fuerzas de seguridad y sus mecanismos de reconocimiento facial están comenzando a ingresar, tallar y definir los procesos judiciales. Sin ir más lejos, el 19 de marzo (es decir, una semana después de que ocurrió el ataque de Guerrero a Grillo), un grupo de manifestantes eran observados por efectivos de la División de Identificación Criminal de la PFA desde un móvil en TN. Uno en particular, Y.L., varios meses después se enteró que tenía que ir a declarar a un juzgado federal acusado de intimidación pública. La policía había establecido su identidad a partir del uso de un sistema de reconocimiento facial sobre la filmación del canal TN y aseguraba que Y.L. gritó y arengó de manera amenazante a los policías. Ante este escenario, la militancia popular se pregunta qué medidas debe tomar. Mi caso disparó debates internos sobre cómo cuidarnos sin quitar presencia en las calles, especialmente ante un contexto represivo como este. El desafío es mayor con este gobierno, así que debemos diseñar mejores estrategias de cuidado. Pero lejos de replegarnos, esto nos fortalece como organización para seguir denunciando injusticias y construyendo alternativas, reflexiona Abaigar. Santucho considera que debemos politizar nuestra relación con la información, produciendo verdad colectiva y desmontando los mecanismos de influencia del poder, como fake news y teorías conspirativas. La información es tan estratégica como el dinero o las armas, por lo que necesitamos reapropiarnos de ella y construir estrategias colectivas, como la agencia Áncora (Ndr: una plataforma web creada por Revista Crisis y el CELS inspirada en la agencia ANCLA de Rodoflo Walsh). Además, debemos combatir narrativas que inhiben la protesta, como la teoría de los infiltrados, ya que muchas veces refuerzan el miedo. «
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