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Concordia » 7paginas
Fecha: 02/05/2026 21:00
Una verdadera bomba institucional estalló en las últimas horas en el seno de la Policía de Entre Ríos. Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal de Paraná dio inicio a lo que ya se denomina la causa de los adicionales truchos, un sistema que según la acusación permitía el desvío sistemático de fondos públicos mediante servicios no registrados. La presentación, patrocinada por los abogados Rubén Pagliotto y José Antón Pastori, fue radicada por los oficiales Ulises Aloy, Walter Rivero, Osmar Cané, Cristian Deharbe y Matías Villanueva. La causa, en manos del fiscal Gonzalo Badano, apunta a delitos de peculado, recaudación ilegal y coacción, involucrando a altos mandos y áreas operativas clave como la División 911. Radiografía del esquema: simulación y «cajas negras» La maniobra descripta es tan simple como escandalosa: se registraban formalmente servicios adicionales a nombre de ciertos agentes, pero en la práctica, las tareas eran cubiertas por personal de guardia utilizando patrulleros y recursos del Estado. Los fondos, según el documento al que accedió 7Paginas, eran depositados en cuentas personales, retirados en efectivo y redistribuidos por fuera de los canales formales, beneficiando presuntamente a los jefes involucrados. Además, se señala que los subalternos eran presionados para participar del circuito bajo amenazas de sanciones. El eco en Concordia: «Acá están privatizando los adicionales» La situación en la Jefatura Departamental de Concordia no es ajena a este clima de sospechas. Funcionarios policiales locales, bajo estricto anonimato por temor a represalias, aseguran que el sistema de adicionales histórico «oxígeno» para los bajos salarios ha sido «secuestrado» por las estructuras institucionales. «Está pasando lo mismo que en otros lados: están privatizando los adicionales. Los servicios más rentables ya tienen dueños fijos», sentenció un efectivo local. El mapa de las «Secciones Cerradas» La denuncia interna en Concordia detalla un reparto de servicios que hoy parecen ser cotos cerrados de caza: Corralón Municipal: Cubierto 24/7 por la Jefatura con personal recién egresado bajo modalidad de «puesto», pero cobrado como adicional. Sindicato de Camioneros (Camba Paso): Exclusivo para la Motorizada. La Riada Municipal: En manos de la Brigada de Abigeato. Peajes: Reservados para las unidades Camineras. Turismo y Hoteles: Los servicios en el Hotel Ayuí y Tortuga Alegre son usufructuados por las Comisarías Quinta y Novena. ¿Financiamiento paralelo a costa de la tropa? El punto más crítico señala que estos servicios se cubren con personal que ya está de servicio de guardia. La maniobra permitiría que las comisarías se financien de forma autónoma para no pedir fondos a Logística, generando un excedente en Jefatura que no vuelve al agente. «No nos compran uniformes, no nos compran nada. Nos dan 70 mil pesos por mes para comer en la comisaría y con eso no hacés nada», reclaman con indignación. Sobrevivir fuera de la fuerza: vender ropa y pollo La precarización ha llegado a un punto de quiebre. Con alquileres que promedian los 400.000 pesos, muchos policías se ven obligados a buscar sustento fuera del uniforme en sus horas libres. «Tengo que salir con mi señora a vender ropa en los domicilios. Otros compañeros venden pasta, pollo o tienen una verdulería en la casa», relató un funcionario, evidenciando el impacto de quedar excluido de los grupos «cerrados» que manejan los adicionales de bancos o el ferrocarril. Expectativa judicial y política La denuncia no ahorra críticas hacia el Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, y solicita la intervención directa del gobernador Rogelio Frigerio. Mientras el silencio institucional impera en las altas esferas, la Justicia deberá determinar si este presunto desvío millonario es una práctica aislada o un sistema de corrupción ramificado en toda la provincia.
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