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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 02/05/2026 20:17
La universidad pública argentina representa un pilar esencial para la movilidad social ascendente, la producción de conocimiento soberano y el desarrollo nacional. No hay ninguna duda de eso. Pero hoy enfrenta una grave crisis bajo la presidencia de Javier Milei. Esta crisis integra un desfinanciamiento sistemático, el deterioro salarial creciente y el incumplimiento flagrante de normativas sancionadas por el Congreso Nacional, como la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795). ¿Qué tan grave es esta crisis? Las transferencias del gobierno nacional a las universidades cayeron un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026, un recorte inédito que amenaza el funcionamiento básico de las instituciones. Mientras la inflación acumulada superó ampliamente los aumentos salariales irrisorios, los docentes y no docentes perdimos más del 50% de nuestro poder adquisitivo, empujándonos directamente por debajo de la línea de pobreza. Quienes estamos en las aulas todos los días vemos que esto no se traduce solo en números. Se traduce en problemas concretos: docentes que multiplican cargos para sostener ingresos, dificultades para garantizar condiciones mínimas de cursado, proyectos que quedan a mitad de camino. Esto no es un ajuste aislado, sino un proceso estructural que diversos analistas llaman "Colonialismo 2.0", priorizando un modelo agro-minero-exportador que desmantela deliberadamente la matriz científico-tecnológica nacional. Históricamente, la universidad pública ha sido trinchera de tensiones entre visiones emancipatorias (donde la educación es un derecho humano, ciudadano y universal, como enfatiza Eduardo Rinesi) y enfoques neoliberales que la mercantilizan. En Argentina, desde la Reforma de 1918, se ha impulsado el cogobierno, la autonomía y la libertad de cátedra, resistiendo intentos de subordinarla al mercado o al extractivismo. Hoy, esta disputa se agudiza: defenderla no es corporativismo, sino sostener un proyecto de soberanía frente al capital globalizado. Ahora bien, estos procesos no ocurren solo allá lejos, en el plano nacional o en los grandes debates parlamentarios. Nos golpean la puerta y se sienten de manera directa en nuestros territorios. En Gualeguaychú, por ejemplo, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), y en particular nuestra Facultad de Bromatología, vienen protagonizando un proceso de crecimiento enorme. Desde la institución se respondió a una demanda social histórica creando carreras estratégicas y levantando el nuevo Polo Educativo, con sus modernos espacios de cursado, laboratorios y servicios. Pero seamos claros, esto no cayó del cielo ni se hizo gratis. Fue el resultado del esfuerzo económico inmenso de toda la sociedad. Una inversión colectiva indispensable con un doble objetivo: por un lado, ofrecerles a nuestros jóvenes el derecho a estudiar y progresar en su propia ciudad; y por el otro, brindarle a las empresas, industrias y productores de nuestra región ese recurso humano calificado que tanto necesitaban para trabajar y hacer crecer la matriz productiva local. Y hoy ese crecimiento convive con un escenario incierto. Mantener lo construido, y sobre todo hacerlo funcionar en condiciones adecuadas, empieza a ser un desafío en sí mismo. Aquí es donde las discusiones macro bajan a tierra. Discutamos cómo hacer para sostener la trayectoria de los estudiantes, discutamos qué hacer si un laboratorio no tiene insumos, discutamos si un docente puede dedicar tiempo a investigar o solo a sobrevivir. Por eso, cuando se plantea la necesidad de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, no se trata simplemente de reclamar recursos. Se trata de sostener ciertas condiciones mínimas para que la universidad siga siendo lo que, con todas sus limitaciones, ha sido hasta ahora: un espacio de acceso, de producción de conocimiento y de construcción colectiva. Insisto, nuestra salida no es pedirle por favor al Gobierno que nos tire unos pesos. La solución es exigir democráticamente que se acate y aplique la Ley de Financiamiento Universitario. El conocimiento no es una mercancía. Nuestras aulas y laboratorios son nuestra trinchera frente a esta nueva forma de colonialismo. Defender la educación pública hoy es, ni más ni menos, que defender nuestro derecho a tener una Patria. Hay que tomar partido. Por Diego Hernán Zanetti.
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