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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 02/05/2026 19:45
Una auditoría profunda sobre el funcionamiento del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) ha destapado una red de fraudes sistémicos que operaba bajo el amparo de la burocracia, golpeando directamente el bolsillo de los beneficiarios más vulnerables del país. Por AF para Confirmado Lo que inicialmente se detectó como anomalías aisladas en prestaciones oftalmológicas resultó ser, tras el cruce de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas, una compleja arquitectura de corrupción que se replicaba con asiduidad en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja. Lejos de ser errores administrativos, el informe describe un patrón de sobrefacturación descarada, donde la diferencia entre lo que se declaraba y lo que realmente se entregaba al jubilado permitía extraer fondos públicos con total impunidad. La lógica del desfalco y la impunidad tecnológica La modalidad más extendida de este entramado financiero consistía en la alteración de los módulos de facturación para los anteojos. Mientras que los prestadores entregaban lentes de baja graduación a los afiliados, el sistema facturaba módulos de alta complejidad, multiplicando los costos de manera artificial. Un ejemplo palmario de este desvío se reflejaba en la diferencia abismal de valores: mientras que una unidad real de prestación se cotizaba en poco menos de cinco mil pesos, la factura ascendía en ocasiones a más de veintisiete mil. Esta maniobra se complementaba con el registro de las denominadas prestaciones fantasma, donde casi la mitad de las órdenes generadas carecían de cualquier respaldo clínico, simulando consultas y estudios que jamás ocurrieron. En muchos casos, los jubilados incluso eran víctimas de cobros indebidos por insumos que, por normativa, debían ser gratuitos, con cifras que llegaban a montos exorbitantes en dólares y pesos, evidenciando un aprovechamiento total de la necesidad del paciente. La investigación también sacó a la luz niveles de absurdo difíciles de justificar. En un caso extremo, el rastreo de las auditorías permitió detectar a un cardiólogo que llegó a validar 689 órdenes de atención en una sola jornada laboral, una cifra que implicaría para el profesional trabajar más de cien horas en un mismo día. Esta falta de criterio, sumada a la detección de prescripciones apócrifas en Rafaela cuyas direcciones IP coincidían curiosamente con el domicilio comercial de la farmacia que las recibía, dejó en evidencia la fragilidad de los controles anteriores. Ante este panorama, la actual gestión, liderada por Esteban Leguízamo, ha iniciado un proceso de saneamiento que busca revertir un déficit heredado de más de 90.000 millones de pesos. Con el respaldo de al menos seis causas judiciales activas, las autoridades han comenzado a desmantelar lo que califican como una estructura de cartelización, eliminando gastos innecesarios y centralizando las compras para poner freno a un sistema que, hasta hace poco, parecía diseñado más para la rentabilidad de unos pocos que para la atención de millones de jubilados.
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