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Concordia » 7paginas
Fecha: 02/05/2026 14:30
Daniel Benítez transita el tramo final de su segundo mandato al frente de la intendencia de Puerto Yeruá en medio de un escenario crítico. Lejos de las luces de la política provincial, donde intenta mostrarse como un ladero incondicional de Gustavo Bordet y Guillermo Michel, la realidad en su localidad es sombría: calles intransitables, falta de iluminación pública y un reciente escándalo por la entrega de alimentos en mal estado (con gorgojos) desde el área de Desarrollo Social. Sin embargo, el tema que más acorrala al mandatario es el millonario incumplimiento de una sentencia judicial que lo halló culpable de violencia y discriminación laboral. La condena: violencia y castigo económico El 29 de abril de 2025, el Juez Roberto Masara, titular del Juzgado del Trabajo Nº 4 de Concordia, dictó una sentencia ejemplar. Benítez y su secretaria de Gobierno, Silvia Bel, fueron condenados por el maltrato y la persecución ejercida contra la empleada municipal Marcela Schvin. La Justicia determinó que Benítez debe afrontar el 80% de la indemnización (equivalente a 13 sueldos más intereses acumulados), cifra que a día de hoy escala a casi 50 millones de pesos. Mientras que Silvia Bel ya habría cumplimentado su parte (un poco más de 8 millones), el Intendente se escuda en una supuesta falta de fondos para no abonarle a su víctima. ¿Insolvencia o testaferros? La contradicción estalla ante una información que llegó a la redacción de 7Paginas: mientras asegura no tener dinero para la indemnización, Benítez habría adquirido recientemente una propiedad en el barrio El África. Fuentes cercanas confirmaron que la vivienda está siendo reacondicionada a contrarreloj para que el mandatario concrete su mudanza. Este movimiento patrimonial abre interrogantes urgentes: ¿A nombre de quién está la propiedad? ¿Cuenta el intendente con testaferros para ocultar su patrimonio mientras elude sus responsabilidades legales? Un pueblo a oscuras y sin gestión El corolario de esta situación es el estado de Puerto Yeruá. Vecinos denuncian que en ocho años de gestión no se realizó ni una cuadra de cordón cuneta. La falta de mantenimiento de la trama vial y la oscuridad que reina en la mitad de las calles cuando cae el sol, hablan de una capacidad de gestión nula y, según describen, una «deshumanización sin límites» por parte de los funcionarios actuales. La resolución judicial de 37 páginas no solo obliga al pago de la deuda, sino que impuso a Benítez y Bel la realización obligatoria de un curso de perspectiva de género y la garantía de condiciones dignas de trabajo para la denunciante. A meses de terminar su mandato, el legado de Benítez parece quedar reducido a los estrados judiciales y a un pueblo que reclama por servicios básicos que nunca llegaron. Redacción de 7Paginas
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