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» Diariochaco
Fecha: 02/05/2026 09:54
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó un sistema extendido de irregularidades en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en distintas provincias, con maniobras como sobrefacturación, prácticas inexistentes y cobros indebidos a afiliados. Según una auditoría interna reciente, basada en el cruce de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y controles prestacionales, los desvíos no son casos aislados sino parte de un esquema sistemático que involucra a médicos, ópticas y centros de salud en diferentes puntos del país. El informe identificó al menos cinco mecanismos principales. El más frecuente es la sobrefacturación de anteojos: se recetaban lentes de baja graduación, pero se facturaban como de alta complejidad, generando una diferencia económica significativa. En algunos casos, el valor facturado quintuplicaba el costo real. También se detectaron "prestaciones fantasma", es decir, consultas o estudios que nunca se realizaron, sin respaldo en historias clínicas. A esto se suman maniobras para inflar consultas mediante la utilización indebida de códigos médicos. Otra modalidad relevante es la conformación de "circuitos cerrados", donde profesionales derivaban sistemáticamente a determinadas ópticas, en algunos casos con vínculos familiares directos. El esquema más perjudicial para los afiliados fue el cobro indebido: se ofrecían lentes supuestamente superiores por fuera de la cobertura, obligando a los jubilados a pagar sumas elevadas por prestaciones que debían ser gratuitas, mientras el sistema abonaba igualmente el servicio básico. La auditoría relevó situaciones puntuales en provincias como Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja, donde se registraron cientos de irregularidades por prestador. En algunos casos, más del 90% de las recetas eran derivadas a una misma óptica. Además, se detectaron prácticas sin sustento médico, emisión de recetas sin parámetros técnicos y consultas imposibles de realizar en términos de tiempo, lo que refuerza la hipótesis de fraude estructural. Actualmente, existen al menos seis causas judiciales en curso por delitos como estafa, falsificación de documentos y defraudación contra la administración pública. Desde el organismo, conducido por Esteban Leguízamo, señalaron que estas auditorías forman parte de un proceso más amplio de control y saneamiento del sistema. Entre las medidas implementadas se destacan auditorías permanentes, validación de identidad de afiliados, monitoreo de prestaciones y sanciones automáticas ante desvíos. También se reforzó la trazabilidad digital para detectar irregularidades en tiempo real. "El objetivo es garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y desarticular los mecanismos de fraude", indicaron desde el organismo.
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