El eje de la denuncia no está solo en quiénes aparecen señalados entre ellos el jefe de la División 911 y Videovigilancia, Juan Manuel Zunino, junto a otros oficiales sino en cómo habría funcionado el sistema.
De acuerdo a la reconstrucción que surge del escrito judicial, la maniobra tenía una secuencia relativamente estable:
1. Asignación selectiva de adicionales
Los servicios adicionales policías pagos para tareas específicas, muchas veces contratados por privados no se distribuían de manera equitativa. Por el contrario, se concentraban en un grupo reducido de funcionarios o efectivos, que figuraban como beneficiarios formales.
2. Prestación real por terceros
En los papeles, esos servicios eran realizados por quienes los tenían asignados. Pero, según la denuncia, en la práctica los trabajos los hacían otros policías, muchas veces durante su horario de guardia. Es decir, el servicio se prestaba, pero no por quien figuraba como responsable.
3. Uso de recursos del Estado
La operatoria no solo involucraba mano de obra policial. También se habrían utilizado móviles oficiales, armamento, logística institucional e incluso recursos del sistema 911 para cumplir con esos adicionales, lo que implicaría un desvío directo de bienes públicos hacia actividades privadas o paralelas.
4. Registro irregular
Los servicios se cargaban a nombre de determinados funcionarios, aun cuando no los hubieran realizado. Esto generaba una fachada legal que permitía justificar los pagos.
5. Cobro por fuera del circuito institucional
El dinero, según la denuncia, no seguía siempre los canales formales. Se habla de uso de cuentas personales, extracción de efectivo y circulación informal de fondos, lo que dificultaría su trazabilidad.
6. Redistribución interna
Finalmente, esos fondos podían ser redistribuidos dentro de la estructura, escalando hacia niveles superiores. Aquí aparece la posible existencia de una caja paralela alimentada por estos servicios.
El expediente menciona ejemplos específicos que ayudan a entender la amplitud del esquema: servicios vinculados a recarga de cajeros automáticos, objetivos fijos en barrios de Paraná, contrataciones con entidades privadas y tareas que habrían sido ejecutadas con personal y móviles del 911.
También se describen situaciones en las que funcionarios figuraban como prestadores sin haber cumplido efectivamente esas tareas, lo que refuerza la hipótesis de simulación sistemática.
Aunque se trata de estimaciones preliminares, la presentación judicial habla de un circuito que podría haber movilizado alrededor de 90 millones de pesos mensuales y hasta 7.200 millones en un período de dos años.
Para los denunciantes, el problema excede largamente lo administrativo. En el escrito advierten que los hechos podrían encuadrar en delitos como peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales, abuso de autoridad, falsedad ideológica y encubrimiento, entre otros.
Pero además, subrayan que la operatoria no habría sido posible sin un grado de inserción y protección dentro de la estructura jerárquica. En esa línea, sostienen que no se trata de conductas individuales sino de un sistema con capacidad de reproducirse y sostenerse.
Los policías que aportaron la información solicitaron reserva de identidad y medidas para evitar represalias dentro de la fuerza. En el texto hablan de hechos de extrema gravedad institucional y reclaman intervención urgente de la Justicia.
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