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  • Precios de combustibles en Uruguay: Gobierno amortigua impacto internacional - Salto Grande Extra

    Concordia » Saltograndeextra

    Fecha: 01/05/2026 11:33

    En un escenario de creciente volatilidad en los mercados energéticos globales, el Gobierno uruguayo anunció este jueves 30 de abril una nueva estructura de precios de combustibles que entrará en vigencia el 1 de mayo. La medida, comunicada de forma conjunta por los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y de Industria, Energía y Minería (MIEM), establece incrementos significativos pero inferiores a los sugeridos por indicadores internacionales. Contexto internacional y brecha de precios La decisión administrativa responde al impacto directo del conflicto en Medio Oriente en las cotizaciones del petróleo. Según los informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (URSEA), el Precio de Paridad de Importación (PPI) que refleja el costo del producto en el mercado local si se importara libremente sugería ajustes de hasta el 46% en algunos derivados. De haberse aplicado plenamente la referencia internacional, el litro de Nafta Súper debería alcanzar los $91,40 (11% de aumento) y el Gasoil 50S los $73,73 (46% de aumento). Nuevos valores vigentes desde el 1 de mayo Sin embargo, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar variaciones menores para proteger la actividad económica y el bolsillo de los ciudadanos. Los precios de venta al público fijados para el mes de mayo son: - Nafta Súper: $88,03 por litro (+7%) - Gasoil 50S: $57,72 por litro (+14%) - Supergás (GLP): $101,26 por kilogramo (+7%) En el caso del gasoil, el ajuste oficial del 14% se ubica muy por debajo del 46% indicado por la URSEA, generando una brecha de 32 puntos porcentuales que será absorbida por el Estado. Estrategia de amortiguación económica A través de un comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que el criterio central es realizar ajustes menores a la referencia internacional, con el objetivo de amortiguar el impacto sobre la población y la actividad económica. Esta política apunta a una reducción gradual de la brecha con el precio internacional, evitando trasladar de forma abrupta los costos del conflicto bélico a la cadena productiva y al consumo doméstico en el corredor del río Uruguay y el resto del país.

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