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Fecha: 01/05/2026 05:56
Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados a la situación actual del sistema de salud mental y, especialmente, el análisis del proyecto de modificación de la normativa vigente a nivel nacional. En ese marco, el subsecretario de Protección y Promoción de Derechos Humanos, Lic. Rubén Fernández, señaló que este proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 busca agilizar internaciones involuntarias, flexibilizando el criterio de "riesgo cierto e inminente" a "riesgo grave de daño". Los cambios incluyen cambiar "padecimiento mental" por "trastornos", priorizar la atención de adicciones y permitir mayores plazos para la notificación judicial, entre otras cosas. Asimismo, las y los participantes manifestaron su preocupación y oposición al proyecto en tratamiento en el Senado de la Nación, agregando que la iniciativa presenta retrocesos en relación con el enfoque de derechos humanos que sostiene la legislación actual, particularmente en lo referido a la centralidad de los equipos interdisciplinarios y la inclusión de las personas usuarias dentro de los procesos de atención y decisión. Se destacó que uno de los principales desafíos no radica en la normativa vigente, sino en su efectiva implementación. Desde la adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Salud Mental en 2014, se han registrado avances significativos en materia de derechos humanos. No obstante, se remarcó la necesidad de fortalecer su aplicación concreta y sostener su incorporación en la agenda pública de gobierno. Finalmente, se acordó avanzar y remitir a la Comisión de tratamiento de este anteproyecto de ley en la Cámara de Senadores de la Nación un documento donde se manifiesta la preocupación sobre esta propuesta y resaltando la importancia mantener una mirada que garantice la protección de derechos y la continuidad de los avances logrados tanto en el marco de la legislación nacional como provincial. El encuentro reafirmó el compromiso y participación del Gobierno de Claudio Vidal en sostener políticas públicas en salud mental basadas en el respeto, la inclusión y la dignidad de las personas.
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