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» Perfil
Fecha: 30/04/2026 23:45
El proceso penal tiene momentos bisagra. Instancias donde la verdad deja de ser una hipótesis escrita para convertirse en una experiencia concreta, verificable, incómoda. El 19 de mayo próximo, en la localidad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, se producirá uno de esos momentos: el reconocimiento judicial de lugares y objetos ordenado por el Tribunal Oral Federal en el Caso Loan. No es un trámite menor. Es, en los hechos, el primer acto material del juicio oral que comenzará formalmente el 16 de junio en la ciudad de Corrientes, sede del tribunal. Allí se pondrán a prueba en el terreno las versiones, los silencios y las contradicciones que rodean la desaparición de Loan Danilo Peña. El reconocimiento incluirá los puntos críticos: el lugar donde el niño fue visto por última vez y el sitio donde apareció uno de los elementos más sensibles de la causa, su botín. En términos procesales, es un paso necesario; en términos reales, es un intento tardío pero imprescindible de reconstrucción. La complejidad que obligó a cambiar el enfoque Durante meses, el expediente evidenció lo que los penalistas serios advierten hace décadas: hay causas que no pueden ser abordadas con lógica artesanal. Este no es un caso para dos fiscales, ni para un modelo lineal de investigación. Los propios fiscales lo advirtieron al iniciar la preparación del juicio oral. La magnitud del caso, la multiplicidad de imputados, las hipótesis en tensión y la sensibilidad social obligaron a replantear la estructura acusatoria. Así lo expresaron en el planteo reciente ante el tribunal, donde solicitaron formalmente la intervención de un equipo fiscal ampliado, señalando la inminencia de actos claves como la inspección ocular y la proximidad del debate oral. En esa línea, intervienen además organismos especializados como PROTEX, con la participación de fiscales federales con experiencia en criminalidad compleja y trata de personas, como los Dres. Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. No es casual: cuando el Estado toma en serio una causa, arma equipos, no improvisa nombres. La decisión de Casación: cuando la ley pone orden La reciente resolución de la Cámara Federal de Casación Penal Sala IV vino a poner un límite claro a una interpretación restrictiva que pretendía reducir la intervención fiscal a solo dos representantes. El fallo, firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, es categórico: no existe en la ley ninguna limitación numérica para la actuación del Ministerio Público Fiscal en juicio, y la conformación de equipos responde a la complejidad del caso y a la autonomía funcional garantizada por la Constitución Nacional. La Cámara fue más allá. Señaló que el principio de igualdad de armas no se mide por cantidad de actores, sino por la posibilidad real de ejercer la defensa. Traducido: no se trata de contar fiscales y defensores como si fueran fichas, sino de garantizar un proceso serio. Y, sobre todo, dejó una advertencia institucional: limitar arbitrariamente la actuación del Ministerio Público implica un avasallamiento de su autonomía. En un país donde muchas veces el proceso penal se debilita por decisiones formales sin sustento, esta resolución vuelve a poner a la Justicia de pie. El rol de la fiscalía: de la resistencia a la conducción En ese contexto, la figura del fiscal general Carlos Schaefer adquiere una centralidad indiscutible. Desde el inicio, su postura fue clara: este juicio debe realizarse en tiempo y forma, con todos los recursos disponibles y sin dilaciones artificiales. En un sistema que muchas veces premia la inercia, esa posición lo transformó sin exageración en un verdadero gladiador institucional. La estrategia que impulsó, basada en la conformación de un equipo fiscal robusto, terminó siendo validada por la máxima instancia penal del país. No es un dato menor: es la diferencia entre un juicio formal y un juicio efectivo. Las víctimas: el motor silencioso del proceso En el centro de todo esto están los padres de Loan, José Peña y María Noguera, sostenidos por la querella que, desde el primer día, empuja para que el caso no se diluya en el ruido. La ley es clara: el Ministerio Público debe orientar su actuación hacia la víctima, informarla y acompañarla en cada etapa del proceso. Pero más allá de la norma, hay una verdad simple: sin víctimas activas, muchos expedientes se apagan. Aquí no ocurrió. Los imputados y lo que está en juego El proceso tiene como principal imputado a Bernardino Antonio Benítez y otros coimputados, todos bajo la calificación de sustracción de menores de diez años (art. 146 del Código Penal), una figura que castiga no solo la acción de sustraer, sino también la de retener u ocultar. No es un delito menor. Es una de las figuras más graves del orden penal argentino cuando se trata de niños. Y es, además, un tipo penal que exige prueba sólida, reconstrucción precisa y control estricto de cada elemento. Lo que viene: del expediente al territorio El 19 de mayo no será un acto protocolar. Será una prueba. Allí se pondrá en juego la capacidad del proceso de acercarse a la verdad material. Porque el expediente puede ordenar, pero el terreno desnuda. Y el 16 de junio, cuando se abra formalmente el juicio oral en Corrientes, ya no habrá margen para especulaciones. Será el momento de confrontar todo: versiones, pericias, testimonios y silencios. Epílogo: cuando el proceso deja de ser relato El caso Loan es, en muchos aspectos, un espejo del sistema penal argentino. Sus fortalezas y sus déficits. Sus demoras y sus reacciones. Pero hay algo que empieza a cambiar. Cuando la justicia sale del papel y vuelve al lugar del hecho, cuando los fiscales trabajan en equipo y no en soledad, cuando la Cámara corrige desvíos y reafirma principios, el proceso deja de ser un relato. Y empieza, por fin, a parecerse a la verdad. ML
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