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Concordia » Diario Junio
Fecha: 30/04/2026 21:15
Gallo sostuvo que el caso que genera jurisprudencia es el que alude al fallecido ex titular de la FIA (Fiscalía de Investigaciones Administrativas) Oscar Mario Rovira. Asumió en el año 2000 como Fiscal General de la FIA. Pero, al momento de su designación, Rovira planteó la opción de renunciar a los haberes correspondientes al cargo activo para continuar percibiendo la jubilación que había comenzado a percibirla en el año 1997.
A pesar de que inicialmente la Caja de Jubilaciones no puso objeciones, en 2003 el organismo cambió su postura y reclamó la devolución de los importes percibidos por considerar que el reingreso a la actividad pública es incompatible con el cobro de la jubilación. El caso llegó a la Justicia, que falló a favor del Estado y en contra del exfuncionario.
La Caja de Jubilaciones, de igual manera que lo que está sucediendo con estos funcionarios, lo intima a que devuelvan todo lo que había percibido en materia de jubilación. Esta persona (Rovira) comienza realizando un reclamo administrativo y termina confirmándose la incompatibilidad en tres instancias. Y también hubo una causa penal en paralelo que termina condenándolo, manifestó el ex concejal.
A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Concordia salió a aclarar la situación vinculada a la designación de funcionarios jubilados dentro del equipo de gobierno del intendente Francisco Azcué, en medio de cuestionamientos y una intervención de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Desde el Ejecutivo señalaron que, al conformar su gabinete, se convocó a profesionales y vecinos de reconocida trayectoria, algunos de los cuales ya se encontraban jubilados y aceptaron desempeñarse en funciones públicas sin percibir sueldo, bajo la modalidad ad honorem.
En ese marco, explicaron que para cubrir los gastos inherentes a esas tareas se aplicó un criterio administrativo basado en lo que definieron como una interpretación jurídica razonable. Dichos pagos se instrumentaron a través del denominado Código 600, una herramienta creada por decreto en 2016 y utilizada por la Municipalidad desde hace más de una década.
Pero, a juicio de Gallo, el antecedente es suficiente para que quede claro que hay una incompatibilidad manifiesta y el comunicado del municipio no tiene ni pies ni cabeza. Y remarcó: son brutos, o son cínicos o son delincuentes. O son las tres cosas.
Más adelante, citó el caso del ex subsecretario de Salud, Germán Margaritini, quien renunció en junio del año pasado por ese motivo. Margaritini explicó que es jubilado y la Caja de Jubilaciones le había suspendido el haber porque entendía que el cobro de una jubilación era incompatible con la percepción de la remuneración que le correspondía en Salud. Incluso, mencionó que tuvo que comenzar a devolver los montos que había percibido como jubilado durante el tiempo que estuvo como funcionario.
Gallo dijo que lo de Margaritini pudo haber sido un error. No obstante, con ese antecedente tan cercano en el tiempo y con las intimaciones posteriores de la Caja de Jubilaciones, persistir en la misma conducta puede ser analizado como una intencion de dolo. Es decir, una interpretación forzada de ir en contra de lo resuelto por la Caja.
Creo que van a tener que devolver toda la plata. Y en algunos casos es un montón de dinero. Sin personas que tienen buenas jubilaciones porque han ocupado cargos directivos y demás. Todavía persiste el 82 % móvil. Entiendo que dos años y medio es un montón de dinero, mencionó.
Más adelante, el ex edil dijo que el caso de Rovira deja un interrogante: la posibilidad de que, en forma paralela al reclamo de la Caja, se pueda sustanciar una causa penal. Eso lo determinará un juez si hay una reparación y demás. Pero estamos acostumbrados a que en robos menores, por decir cómo llevarse una garrafa, que no deja de ser un delito, una persona termina con antecedentes penales, e insisto que estas personas con intención, con dolo, con sumas millonarias, con un delito que persiste, y que daña el patrimonio de la Caja de Jubilaciones que está en déficit y con una reforma previsional que viene a quitar derechos, dijo.
Presentación en Tribunales
El 6 de abril pasado, Gallo fue querellante de una denuncia sobre esa situación. La causa quedó en manos de Rivoira. La fiscal se reunió con los denunciantes, a quienes les pidió suma cautela de lo que hablaron. No obstante, comenzaron a reunir documentación. En la sesión pasada, Gallo presentó una copia del pedido de informes que habían presentado los concejales de la oposición sobre el mismo tema el año pasado. La presidenta del cuerpo, Magdalena Reta, le negó lo requerido argumentando que para entregarle la misma, la solicitud debía ser autorizada por los concejales. Es un exceso burocrático, destacó. De igual modo, los ediles aprobaron el pedido y el lunes o martes le entregarán la copia certificada.
La intención era hacerle llegar a la fiscal el pedido de informes que el Ejecutivo no respondió aun para que requiera la misma información. El 31 de julio del año pasado, el bloque de PJ presentó un pedido de informes buscando obtener información detallada sobre el régimen de incompatibilidades de los funcionarios públicos. El concejal Guillermo Satalía Méndez indicó ese día a DIARIOJUNIO que había muchos funcionarios del intendente Francisco Azcué que están jubilados y, a su vez, cobran por un código. Lo que solicitamos es que se aclare la situación de esas personas, si existe o no incompatibilidad, indicaba.
Por último, comparó el caso con lo sucedido con el Jefe de Gabinete del gobierno nacional, Manuel Adorni para remarcar que el caso va a tener una repercusión política negativa. Venían con una suerte de moralina donde, para los demás, tenían todos los adjetivos despectivos y ellos venían a hacer mejor las cosas, dijo. Y recalcó que hay mucho dinero en juego. No es un vale de nafta que lo convierten a GNC.
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