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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 30/04/2026 18:50
Una investigación judicial sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete dejó al descubierto una serie de movimientos financieros que vinculan sus ingresos personales con la productora Imhouse, propiedad de Marcelo Grandío, antes de su llegada al Gobierno. Los pagos, que ascendieron a más de un millón y medio de pesos, coinciden con un periodo de estrecha cercanía y abren interrogantes sobre posibles conflictos de interés en la contratación estatal posterior. Los registros bancarios que ahora forman parte del expediente judicial dibujan un mapa financiero que pone en jaque la narrativa de transparencia del actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Según la documentación analizada, el funcionario percibió pagos mensuales de parte de la productora de Marcelo Grandío a quien el propio Adorni define como amigo durante todo el año previo a asumir su cargo público. Lo que comenzó en diciembre de 2022 con un depósito de 110.000 pesos, mostró una escalada sostenida en los meses posteriores. Para enero de 2023, la cifra se consolidó en 121.000 pesos mensuales, manteniéndose estable hasta julio, momento en el que el monto ascendió a 157.300 pesos. La curva de ingresos alcanzó su pico máximo en diciembre de 2023, días antes de la asunción de la nueva gestión, cuando se registró un pago de 605.000 pesos, completando un acumulado que supera el millón y medio de pesos. Un esquema de beneficios que trasciende lo monetario El análisis de la Justicia no se limita únicamente a las transferencias bancarias, sino que pone el foco en el tipo de vínculo que unía al funcionario con el productor. El expediente incluye detalles sobre la financiación de viajes personales, como un traslado a Punta del Este realizado por Adorni junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus hijos. De acuerdo con la información recabada, el tramo de ida fue costeado por la firma Imhouse, mientras que el regreso fue facturado por el propio Grandío. Esta dinámica de asistencia personal, sumada a los pagos mensuales, alimenta la sospecha de los investigadores sobre si estos fondos constituían honorarios por servicios profesionales reales o si, por el contrario, eran parte de un esquema de financiamiento que buscaba garantizar una relación de mutuo beneficio. El trasfondo de esta relación cobra mayor relevancia si se considera el destino de la productora tras el desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. La Justicia indaga ahora si la fluidez de esos pagos previos fue el preámbulo para que las empresas vinculadas a Grandío obtuvieran contratos en diversas áreas del Estado. Mientras el Gobierno se enfrenta a este escrutinio, el punto central de la investigación es determinar si el capital público fue utilizado para devolver favores o sostener los negocios de un entorno que, lejos de ser ajeno a la gestión, aparece hoy como uno de sus principales beneficiarios. Ante este escenario, el silencio oficial sobre la naturaleza de estos vínculos personales y comerciales con proveedores del Estado se vuelve cada vez más difícil de sostener.
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