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Parana » Radio La Voz
Fecha: 29/04/2026 18:02
En los estudios de RADIO LA VOZ, el presidente del Consejo General de la Educación (CGE), Carlos Cuenca, y el Juez Penal de Menores, Pablo Barbirotto, dieron a conocer los alcances de las sanciones que se aplicarán tanto a menores como a sus padres en los casos de amenazas vinculadas con retos virales en las escuelas de Entre Ríos. Cuenca señaló: Es algo interdisciplinario e interministerial, no solamente es una cuestión del Ejecutivo, también tiene responsabilidad la Justicia. Hubo un trabajo conjunto muy bueno en cabeza de nuestro Gobernador que nos sentó a la mesa para debatir un protocolo y se trabajó muy rápido para poder hacer frente a las 180 denuncias que tenemos registradas a la fecha en toda la provincia. Se actuó de manera muy responsable, muy rápida, se hizo la denuncia como correspondía, se trabajó con el protocolo, se respetaron todos los pasos y eso conllevó a que el resultado esté a la vista, que tengamos identificadas muchas de las personas que hicieron esta cuestión que no es una broma. Las amenazas en escuelas por retos virales, recalcó Cuenca: No es una broma, no es un juego de chicos, esto conlleva una responsabilidad muy grande. El Estado tuvo que atender cada una de las situaciones, la Policía tuvo que estar presente, la Justicia tuvo que intervenir en cada uno de los casos. Queremos trabajar con las familias, esto repercute en la escuela, porque los chicos están entre pares, sienten confianza, entendemos que es el lugar de mayor seguridad que tienen hoy en día, pero no es el inicio en la escuela, las redes sociales atraviesan todo el día a estas generaciones. Indicó Cuenca, hablábamos con la gente de UNICEF y el promedio de edad de los chicos en Argentina que tienen celular es nueve años y medio. Es muy grande el trabajo que tenemos que hacer, pero tenemos que estar todos trabajando. No hay que echar culpas ni buscar culpables, nos atraviesa a todos esta responsabilidad para que encontremos soluciones, veamos cómo podemos trabajarlo. Este martes fueron incautadas armas en escuelas de Paraná. En un establecimiento privado, un alumno de 13 años mostró un arma y atemorizó al personal educativo. Posteriormente, se estableció que se trataba de una réplica. En otro procedimiento realizado ayer, un alumno expuso la foto de un arma. La policía realizó un allanamiento y localizó un arma de fuego y cápsulas. El juez de Menores, Pablo Barbirotto, afirmó: Estamos trabajando conjuntamente con el Poder Ejecutivo, implica a todas las áreas que deberían intervenir en estas situaciones: Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia; Salud; Educación; Justicia, porque esto implica un abordaje interinstitucional, interdisciplinario, porque hay problemas que son de base. En principio hay que atender otras situaciones y la última instancia siempre es la Justicia, que interviene cuando el resto de las instituciones no lo vieron al problema o no pudieron solucionarlo. La Justicia interviene en la última etapa no para dar una solución al problema, sino con una respuesta que a veces puede ser punitiva o mucho más grave todavía. Lo primero que tenemos que entender es que estas bromas, estos hechos, son un delito. Estamos fuera del ámbito de cualquier juego o situación que puede llegar a ser un reto viral, estamos en presencia de un delito y tiene consecuencias. Las consecuencias del delito puede ser la pena, y puede ser en algunos casos de prisión, porque estamos hablando de un delito que es intimidación pública que tiene una pena que va a de 2 a 6 años de prisión para las personas, hasta el 5 de septiembre, de 16 años en adelante, y a partir del 5 de septiembre a partir de los 14 años de edad. Agregó Barbirotto que, independientemente de la edad, hay que tener en cuenta que papá, mamá, los responsables legales, tienen responsabilidades parentales, y tenga 10, 8, 7, 6, 4, 12, 13, 14, los padres son responsables civilmente por los actos de sus hijos. Esto puede acarrear responsabilidades civiles, una indemnización, el costo que tuvo para el Estado el gasto de seguridad, de patrulleros, bomberos, policías. La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, advirtió Barbirotto, dice que los progenitores de los niños, niñas y adolescentes sometidos a proceso penal serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos de conformidad a lo establecido en el Código Civil. Los padres son responsables, legalmente es lo que corresponde. Barbirotto indicó que hay que diferenciar dos situaciones, aquellos que evidentemente lo han hecho en una situación de broma sin comprender básicamente esta situación de delito, de aquellos que podemos hablar de situaciones preparatorias que puede llevar a cometer actos ilícitos como es lo que ocurrió recientemente en San Cristóbal. El Juez explicó: Estamos trabajando en conformar una mesa para abordar esta situación interinstitucionalmente, para dar una respuesta uniforme en todos los ámbitos, en toda la provincia. En menos de 10 días en Paraná hubo 25 denuncias de estos casos y en el interior hay muchos casos y hubo también el secuestro de armas de fuego. Esto también es un punto para empezar a intervenir e investigar otras situaciones, quizás las armas de fuego no sean de las personas menores de edad sino de los adultos y empezar a investigar todo lo que se pueda. En el trabajo interinstitucional, remarcó Barbirotto, la Provincia de Entre Ríos tiene mucha experiencia, lo venimos haciendo desde el año 2010 con un protocolo, el de Violencia Sexual en Niñez y Adolescencia. Entre Ríos tiene la experiencia para poder aunar estos esfuerzos y dar la mejor respuesta posible. No estamos diciendo que la mejor respuesta va a ser punitiva, sino que se va a evaluar en cada caso concreto. El delito de intimidación pública va de 2 a 6 años de prisión, según la gravedad es la escala penal que se va a aplicar. La pena puede ser una posibilidad. El mensaje que tenemos que dar es que la intervención de la Justicia, sin que ponga una pena privativa de la libertad, no significa que esto genere impunidad; al contrario, hay una intervención y desde lo simbólico es muy importante para ese adolescente que sea citado por un Juez, una Jueza, un Fiscal que acuse, un defensor y pueda expresar qué fue lo que sucedió. Eso se va a trabajar y sirve para que sea un escenario propicio para que entienda, se trabaje un proceso reflexivo, para que pueda entender las consecuencias. Cuenca indicó que el protocolo es algo que está vigente en el Consejo, nace en los acuerdos escolares, tiene un proceso de muchos años y constantemente se va trabajando, dando valor, dando forma. Se aplicó de manera muy correcta respecto a lo sucedido. Nosotros tuvimos un caso anterior al suceso de la explosión de la cantidad de hace dos jueves atrás, en La Paz, se aplicó de manera muy correcta el protocolo. En el Ejecutivo estamos trabajando para avanzar con la multa económica para aquellos padres o tutores de estos chicos, y en el caso que no se puedan hacer cargo de la multa económica tendrán que hacer una reparación. Se está evaluando el costo que implicó cada uno de estos hechos para avanzar con la multa económica hacia los padres, advirtió Cuenca. La intimidación pública, dijo el presidente del CGE, trae consecuencias y gente afectada de manera directa e indirecta. Toda la comunidad académica, sea compañero del mismo curso, de otro curso, todos se pusieron en alerta por la situación. Hay que tomar decisiones sobre estas consecuencias. La escuela sigue siendo el lugar más seguro de la sociedad y por eso nos sorprenden estos casos. Esto también ayudó a que tomemos conciencia todos de lo que estaba sucediendo, que muchas veces era un compañerito, un amigo de uno que nos dijo. Eso también nos puso en alerta para que todos juntos nos sentemos a la mesa y le encontremos solución, manifestó Cuenca.
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