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Concordia » 7paginas
Fecha: 29/04/2026 17:14
La Municipalidad de Concordia emitió un informe detallado para aclarar la situación vinculada a la designación de profesionales y vecinos de reconocida trayectoria que, siendo jubilados, se sumaron a la gestión pública. Según explicaron desde la comuna a 7Paginas, estas designaciones se realizaron bajo la modalidad ad-honorem, reconociendo únicamente gastos de representación para el ejercicio de sus funciones. El origen de la metodología: El «Código 600» Desde el municipio precisaron que para el reconocimiento de dichos gastos se utilizó el denominado Código 600, una herramienta administrativa creada en el año 2016 (Decreto Nº 198/2016) y que la Municipalidad viene empleando desde hace más de una década. El Ejecutivo sostuvo que, bajo su interpretación jurídica respaldada también por criterios del Gobierno Provincial (Decreto Nº 171/2025), no existe incompatibilidad, ya que un cargo de funcionario político no constituye un «empleo en relación de dependencia» en los términos de la Ley de Jubilaciones Nº 8.732. Suspensión de la liquidación y adecuación Ante la reciente intervención de la Caja de Jubilaciones y la existencia de una interpretación legal distinta por parte de dicho organismo, el intendente Francisco Azcué firmó un decreto para dejar sin efecto esta forma de liquidar los gastos a partir del pasado 1° de abril. «Actuamos siempre de buena fe y con transparencia. Si corresponde hacer ajustes, los vamos a hacer, como lo hicimos siempre», expresó el intendente. Azcué lamentó que el tema sea utilizado políticamente para cuestionar la honorabilidad de los funcionarios involucrados: «Son personas valiosas que aportan experiencia y compromiso a la ciudad». Búsqueda de alternativas La medida de suspender los pagos busca otorgar previsibilidad y evitar posibles perjuicios en la situación previsional de los funcionarios mientras se dirime la cuestión de fondo. Actualmente, el Municipio se encuentra analizando alternativas administrativas y herramientas legales que permitan dar continuidad a las funciones de estos profesionales, garantizando el marco legal vigente y respetando los mecanismos de control de los organismos competentes. Desde la gestión recalcaron que las diferencias de interpretación jurídica son habituales en el sistema institucional y manifestaron su plena disposición para adecuar cualquier procedimiento conforme a lo que determinen los dictámenes finales de los entes reguladores.
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