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  • Novedoso precedente judicial: El Comité Provincial de Prevención de la Tortura intervendrá en el caso Ramírez

    Crespo » Estacion Plus

    Fecha: 29/04/2026 12:48

    Novedoso precedente judicial: El Comité Provincial de Prevención de la Tortura intervendrá en el caso Ramírez Guillermo Ramírez murió en febrero del año pasado, durante un procedimiento policial que comenzó en Libertador San Martín y terminó en Diamante. Mientras la Investigación Penal Preparatoria transita sus diligencias concluyentes y se encamina a una elevación a Juicio; se suma al acceso y seguimiento del expediente, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Ocupará un rol que hasta ahora no suele formar parte de la estructura que rodea a un proceso penal, desde una figura que podría replicarse en innumerables cuestiones. Qué es el Comité En diálogo con Estación Plus Crespo, el abogado querellando del Caso Ramírez, Dr. Nélson Schlotahuer, explicó: "Este Comité Provincial de Prevención de la Tortura fue creado por ley hace varios años, pero empezó a funcionar recién el año pasado. Está integrado por legisladores -diputados y senadores-, representantes de ONGs, y también un representante del Ejecutivo Provincial. Básicamente, tiende a estudiar y analizar cómo se suceden este tipo de situaciones y derivado de las experiencias, cómo se pueden evitar. Fundamentalmente tiene a su cargo el control de las condiciones en que se encuentran quienes están recluidos en cárceles, cómo están los lugares de detención y de qué manera se cumplen las penas. Y también tiene intervención en hechos concretos, como es el caso de la familia que represento, cuyo padre muere bajo custodia policial, el 27 de febrero de 2025". Participación en la causa penal "Se hizo lugar al pedido del Comité de Prevención de la Tortura provincial, para tener acceso al expediente judicial, conocer cuáles y cómo se fueron sucediendo las actuaciones y poder realizar, en su caso, algún tipo de aporte desde el punto de vista institucional", afirmó el profesional. Al margen de la intención y buena voluntad del Comité Provincial para protagonizar tal desempeño, la decisión fue resistida en sede judicial: "En principio hubo una negativa por parte de la Defensa. Y eso llevó a que la Fiscalía después emitiera un Dictamen favorable, que fue impugnado nuevamente por la Defensa y la decisión terminó en manos del Juez Dr. Jorge Barbagelata Xavier, que escuchó a las partes en audiencia, y resolvió que el Comité tenía derecho a intervenir, a tomar conocimiento de estos actuados". Los argumentos esgrimidos por la Defensa, "tenían que ver con un temor a que hubiera algún tipo de publicidad de las actuaciones, de conocimiento externo, de dominación indebida de información -filtración-, por parte de este Organismo. Hicieron hincapié en el secreto de las actuaciones, en la reserva que ameritan; pero se entendió que el Comité tiene derecho a tomar una intervención". El efecto más allá del caso particular "Es novedoso para el caso, pero también para la jurisprudencia entrerriana", calificó el abogado querellante. Ahondando en ese análisis, manifestó: "Se utilizó una figura que está prevista en el art. 78 del Código Procesal Penal, que aplica a cuando hay organizaciones no gubernamentales o entidades gubernamentales que tienden a preservar, a luchar, a estudiar, analizar, interesarse, por intereses que se definen como difusos o colectivos". Y a modo de ilustración, ejemplificó: "Si estamos investigando una tala indiscriminada o alguna cuestión de contaminación, bien podría participar una ONG que trabaje por el medioambiente. Apelando a este artículo, esa ONG podría tener intervención en el expediente penal y, de esta forma, aportar pruebas, tener relevancia a la hora de que se decida la pena o se decidan cuestiones importantes, e incluso pasar a ser querellante, si es que lo desea". "En Entre Ríos, nuestro sistema procesal penal estableció que la acción penal está en manos de una sola persona o institución, que es el Ministerio Público Fiscal, el rol de los fiscales. Y con esta participación, se está abriendo una puerta muy importante", ponderó. Desde la perspectiva de la aplicación que tiene a nivel país, referenció: "En Argentina, en causas muy importantes, han intervenido ONG o instituciones gubernamentales, con el interés de aportar elementos, visiones, opiniones, sobre determinadas temáticas que estaban en debate y ese conocimiento específico, enriquece. Incluso, constituyéndose como querellantes en algunos casos. Hay causas donde una ONG se presente como Poder Ciudadano, impulsando denuncias penales contra funcionarios públicos, por distintos motivos. Es una práctica que es saludable para la justicia". Expectativas Nélson Schlotahuer sostuvo que "para la institucionalidad entrerriana es muy importante, porque puede ser utilizado en muchos otros temas. Ahora, para la causa en concreto, más que la cuestión de la intervención en el expediente -que creo nos hemos manejado bastante bien, conforme con lo logrado-, estamos esperando de parte del Comité de Prevención de la Tortura provincial que se formulen acciones concretas, para asistir a la víctima. La asistencia a la víctima de violencia institucional es un tema a revisar por el Estado, y más ahora, cuando existe este órgano -creado legalmente-, y que tendrá injerencia, decisión, hasta un presupuesto. Sobre todo el acompañamiento en materia psicológica, en las cuestiones vinculadas a afrontar el sepelio, y demás aspectos que hacen a la asistencia desde lo social, lo humanitario. También el acceso a la información; porque el Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, mantiene un silencio total para con la víctima, es decir, la familia de Guillermo Ramírez. Como deudos, desconocen cuál es la situación administrativa actual de los cuatro funcionarios policiales que están siendo investigados en este caso. En términos del proceso, imagino que dados sus objetivos -que es prevenir la tortura-, tendrán posiciones más afines con lo que es la postura de la fiscalía y la querella". "Creo que estando este Comité inmerso, y siendo un producto de los Poderes Legislativos y Ejecutivo, podrán ser de gran ayuda para destrabar cuestiones que tengan que ver con casos de violencia institucional", comentó el letrado.

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