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» Clarin
Fecha: 29/04/2026 12:14
Miguel Ángel Calvete, el lobbista de droguerías y laboratorios señalado como uno de los integrantes de la organización delictiva que funcionó dentro de la ANDIS, se negó a declarar este miércoles ante el fiscal Franco Picardi en la indagatoria a la que lo citó. Calvete tuvo su audiencia de manera virtual ya que hoy está preso por otra causa. Después de escuchar la imputación ampliada, que devino en nuevas 35 citaciones, se negó a declarar y a responder preguntas. Al igual que Diego Spagnuolo, tampoco presentó ningún escrito. El rol del empresario fue central para la fiscalía, a la hora de concretar la estructura de corrupción revelada en el dictamen a través del cual se pidió la citación a una nueva indagatoria. Actuando desde el sector privado y sin ser funcionario de la *Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Calvete habría articulado adjudicaciones ilegales y se habría beneficiado de retornos derivados de las contrataciones. Sobre los nuevos hechos de corrupción atribuidos, Miguel Ángel Calvete que ya se encuentra procesado en la primera etapa del expediente, fueron leídos esta mañana, sin embargo decidió no declarar. Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial", sostuvo el fiscal Picardi en su pedido de indagatoria. Spagnuolo, ex funcionario libertario y abogado del presidente Javier Milei, ya se encuentra procesado por corrupción por el desvío de compra de medicamentos, coimas y maniobras irregulares. Para la fiscalía los presuntos actos de corrupción se llevaron a cabo al menos desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025 cuando funcionarios públicos de la ANDIS direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de sumas millonarias a cambio de retornos y dádivas de diversa índole. Los nuevos hallazgos "demuestran que más de veinte empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian". La investigación central se realizó sobre 21 compulsas denominadas reducidas, chicas o especiales, las que representaron la compra de miles de medicamentos y sumas de miles de millones de pesos. Se habló en este sentido $ 30.337.220.919,77 . Se comprobó un "esquema ilegítimo de direccionamiento de compras de medicamentos hacia empresas vinculadas o amigas, mediante la exclusión deliberada de competidores y la consecuente generación de sobreprecios". A ello se sumó el análisis del segmento de insumos auditivos, donde las compulsas, adjudicaciones y órdenes de compra replicaron la misma lógica: "una competencia meramente aparente, configurada a través de firmas que operaban como fachadas de un mismo grupo de interés económico. Eso pudo ser detectado oportunamente en base a los análisis realizados hasta ese momento". Ahora se suman nuevos datos. El progresivo análisis del sistema SIIPFIS y otras evidencias que fueron recolectadas a lo largo de la investigación, dieron cuenta de la existencia de otras maniobras similares a las detectadas en medicamentos y determinados insumos. Entonces, dijo Picardi en su dictamen, además de todas las actividades ilícitas identificadas y de todas las personas que ya han sido imputadas en el caso, en esta oportunidad, se detallan nuevas maniobras de similares características, en las que han participado personas ya procesadas y llamadas a indagatoria, y, también personas -físicas y jurídicas- que hasta el momento no habían podido ser identificadas. En total se tuvieron en cuenta 28 nuevas compulsas de precios que, en esta segunda instancia de la causa, y la pesquisa se concentra en insumos de alto costo y baja incidencia de la ANDIS. Al igual que en la categoría medicamentos que devino en el primer procesamiento contra Spagnuolo, se habría implementado un sistema de compulsas de precios direccionadas y cartelizadas, mediante la convocatoria reiterada de un conjunto reducido de firmas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo, que simulaban competir entre ellas cuando en realidad actuaban coordinadamente para asegurar adjudicaciones previamente acordadas. Para el juez Ariel Lijo a la hora de llamar a indagatoria a los imputados, dicha maniobra habría implicado el manejo de información privilegiada sobre invitaciones, cotizaciones, órdenes de compra, pagos y exclusión de competidores, así como la intervención de particulares ajenos a la administración, todo lo cual habría permitido garantizar adjudicaciones sistemáticas en favor de empresas previamente determinadas, en detrimento de los principios de transparencia, concurrencia e igualdad, generando a su vez retornos indebidos para funcionarios y beneficios económicos para los particulares intervinientes. En ese marco, Miguel Ángel Calvete, cumplió un rol clave. Se le atribuye haber impartido órdenes directas a funcionarios de la ANDIS (como Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini) para orientar decisiones sobre contrataciones y administración de recursos. Eso fue producto de haber contado con información privilegiada: A través de sus vínculos con funcionarios, obtenía información sobre compulsas de precios y detalles de pago, lo que le permitía coordinar facturaciones y distribuir beneficios económicos. El fiscal Picardi dijo que el empresario, intervenía directamente en la selección de empresas para las compulsas y en la fijación de precios, eliminando la competencia real mediante acuerdos previos y el uso de oferentes "pantalla". Las compras bajo observación son de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas y sillas de ruedas motorizadas, entre otros. Estos insumos, por sus particularidades, eran -y son- gestionados desde el Programa Incluir Salud, cuando se trata de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas. El entrecruzamiento de datos arrojó un detalle de veintiocho compulsas para amputaciones, en las que se habrían realizado convocando a un máximo de seis empresas: Profarma; Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud, "siendo invitadas a cotizar específicamente a cinco empresas en trece casos y seis firmas en los otros quince", contó el magistrado. La firma Resposane Salud -vinculada a Miguel Ángel Calvete y a Federico Maximiliano Santich- fue formalmente invitada a participar, pero sólo presentó cotización en dos oportunidades -una en octubre de 2024 y otra en noviembre del mismo año-, sin volver a intervenir; en tanto que la firma Profarma fue invitada a cotizar en catorce ocasiones -correspondiente a compulsas realizadas entre septiembre de 2024 y marzo de 2025- pero sólo presentó oferta en una de ellas, puntualmente en octubre de 2024, detalla la resolución. De tal forma, la participación de dichas empresas (Resposane Salud y Profarma) se habría limitado a cumplir un rol meramente formal, tratándose asimismo de firmas vinculadas a Calvete. Por el contrario, la firma Indecomm -propiedad de Miguel Angel Calvete- fue invitada a participar y presentó cotización en todas las compulsas de precios y resultó adjudicataria en reiteradas oportunidades. Sobre la firma Newsletter Clarín
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