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» Clarin
Fecha: 29/04/2026 06:33
Un prestigioso profesor afirmó hace años que la vida del derecho es la polémica. La frase, además de describir la naturaleza dinámica del pensamiento jurídico, permite advertir un riesgo: cuando esa polémica se asienta sobre reglas incoherentes o sobre estructuras inadecuadas, el debate deja de ser productivo y el sistema comienza a resentirse. En esos casos, la complejidad normativa no ordena: desordena. Y la Justicia, lejos de resolver, se demora. Las consecuencias son conocidas. Los tribunales se sobrecargan, los procesos se dilatan y la tutela efectiva de los derechos se debilita. Litigar se vuelve más costoso, más incierto y más extenso. En ese contexto, no solo se afecta el ejercicio profesional, sino también la confianza de la ciudadanía en el sistema. La Justicia lenta, en definitiva, es una forma de injusticia. Frente a ese escenario, la abogacía no puede adoptar una posición contemplativa. En buena medida, las instituciones que estructuran el sistema -facultades, colegios profesionales, tribunales, órganos de selección y control de magistrados- están integradas por quienes ejercen la profesión. Ello impone una responsabilidad particular: asumir un rol activo en la mejora de su funcionamiento. En ese marco, la abogacía organizada -a través de sus colegios profesionales- tiene una oportunidad que no debería desaprovechar: contribuir a ordenar el sistema desde una perspectiva que articule el ejercicio profesional con el interés general. Ese aporte no se agota en declaraciones de principios. Requiere avanzar en algunos ejes concretos. En primer lugar, promover la adecuación de las normas sustanciales y procesales a las exigencias constitucionales y a las necesidades actuales. La proliferación de regulaciones inconexas no solo complejiza el sistema, sino que genera más conflictividad de la que resuelve. En segundo término, acompañar la modernización del sistema de justicia mediante la incorporación inteligente de tecnología. La digitalización no puede limitarse a replicar en formato electrónico las mismas ineficiencias del modelo tradicional. Debe orientarse a simplificar, acelerar y hacer más transparente el procesamiento de los conflictos. En tercer lugar, fortalecer el ejercicio profesional. Ello implica mejorar las condiciones en que se desarrolla, garantizar el respeto por los honorarios conforme a la ley y asegurar estándares éticos exigentes que jerarquicen la profesión. Las instituciones no se fortalecen por su estructura, sino por su capacidad de ser útiles. En ese sentido, los colegios profesionales tienen la posibilidad -y la responsabilidad- de incidir también en la calidad del sistema judicial: contribuir a la selección de magistrados idóneos, promover la capacitación continua y generar mecanismos objetivos de evaluación del desempeño. Si esos desafíos son asumidos con decisión, la abogacía podrá realizar un aporte sustantivo no solo a su propio ejercicio, sino también al funcionamiento del sistema de justicia y, en definitiva, a la sociedad en su conjunto. El derecho, como toda construcción humana, está en permanente transformación. La pregunta no es si ese cambio ocurrirá sino cómo será orientado. Y en esa definición la abogacía organizada tiene un rol que difícilmente pueda ser reemplazado. Sobre la firma Newsletter Clarín
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