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Parana » AIM Digital
Fecha: 28/04/2026 16:31
A casi ocho años de los despidos masivos en la empresa editora de El Diario de Paraná, más de ochenta ex trabajadores continúan reclamando el pago de sus indemnizaciones, pese a contar con sentencias firmes a su favor. El conflicto se remonta a mayo de 2018, cuando la firma Sociedad Anónima Entre Ríos (Saer) desvinculó a su personal, iniciando un prolongado proceso judicial que, hasta hoy, no ha tenido una resolución efectiva. El paso del tiempo "evidencia la falta de respuestas", indicaron en un documento los ex trabajadores del medio. Han pasado años, incluso mundiales de fútbol, y la deuda sigue intacta, expresaron, al tiempo que remarcaron que la espera se traduce en incertidumbre, deterioro económico y desgaste personal. Durante este período, los ex trabajadores denunciaron reiteradamente el incumplimiento por parte de la empresa, a la que acusan de no destinar los fondos recaudados al pago de las indemnizaciones, tal como lo establece la ley. Además, cuestionaron que los cambios en la conducción y propiedad que incluyeron a la familia Etchevehere, Walter Grenón, Ramiro Nieto y actualmente Gustavo Scaglione no hayan significado avances en la resolución del conflicto. En paralelo, apuntaron contra las demoras en el ámbito judicial. El expediente tramita en el Juzgado de Concursos y Quiebras N° 9 de Paraná, a cargo del juez Ángel Luis Moia, pero aún no se ha logrado hacer efectivas las sentencias. Según indicaron, incluso instancias como el pronto pago autorizado en su momento fueron incumplidas posteriormente por la empresa. Los ex trabajadores advirtieron que la prolongación del conflicto ha tenido consecuencias graves: algunos afectados fallecieron sin cobrar lo que les correspondía, mientras que otros atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad económica. En ese sentido, cuestionaron el funcionamiento del sistema judicial: Cuando una sentencia no se ejecuta en un plazo razonable, el derecho reconocido pierde sentido y la confianza en las instituciones se deteriora, señalaron. Finalmente, solicitaron la intervención del Superior Tribunal de Justicia para revisar los plazos y mecanismos de ejecución, y exigieron medidas concretas que garanticen el cumplimiento de los fallos. También recordaron que, si bien la empresa planteó en su momento la posibilidad de negociar sus deudas, hasta ahora no se ha traducido en soluciones efectivas. La situación exige respuestas urgentes, no solo por quienes fuimos despedidos, sino por la credibilidad del sistema judicial, concluyeron.
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