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Parana » APF
Fecha: 28/04/2026 11:13
Ex trabajadores de El Diario reclaman el pago de indemnizaciones y denuncian dilaciones judiciales A casi ocho años de los despidos masivos en la empresa editora de El Diario de Paraná, más de 80 ex trabajadores continúan sin percibir las indemnizaciones que les corresponden, pese a contar con sentencias firmes a su favor. La falta de cumplimiento por parte de la firma y las demoras en el proceso judicial mantienen abierto un conflicto que se prolonga en el tiempo sin resolución. En este contexto, los damnificados volvieron a alzar la voz para denunciar dilaciones, exigir la efectiva ejecución de los fallos y reclamar la intervención urgente del Poder Judicial. Advierten que la situación ya tuvo consecuencias graves y que la espera sigue profundizando la vulneración de derechos. A continuación, el comunicado que enviaron a esta Agencia: El paso del tiempo resulta elocuente. Cuando comenzó este conflicto, el país se preparaba para un Mundial de fútbol. Luego pasó otro. Hoy, un nuevo torneo global vuelve a convocar la atención colectiva, lo que referencia el paso del tiempo y las deudas siguen intactas, Para quienes fuimos despedidos, el transcurso del tiempo no es una abstracción: son años de incertidumbre, de derechos vulnerados, de desgaste económico y personal, y de una paciencia que se agota. Durante este período, los ex trabajadores hemos denunciado reiteradamente la falta de cumplimiento por parte de la empresa, que no ha destinado los fondos de su recaudación al pago de las indemnizaciones, tal como correspondía. En paralelo, han pasado distintos nombres vinculados a la conducción o propiedad de la firma la familia Etchevehere, Walter Grenón, Ramiro Nieto, ahora Gustavo Scaglione sin que ninguno haya dado una respuesta efectiva a las obligaciones pendientes. Los cambios de manos no han significado soluciones, sino la continuidad de un incumplimiento sostenido en el tiempo. A la par, el recorrido judicial ha estado marcado por demoras que resultan difíciles de justificar frente a la existencia de fallos firmes. El expediente, a cargo del juez de Concursos y Quiebras Número 9 de Paraná, Ángel Luis Moia, no ha logrado traducirse en una resolución efectiva del conflicto. Tampoco olvidamos que cuando en su momento se habilitó el cobro de un pronto pago que luego la empresa dejó de cumplir, se registraron demoras particularmente sensibles hacia quienes habíamos manifestado nuestra preocupación por la lentitud del proceso. Por tal antecedente es que nos permitimos exigir que no haya nuevos castigos a quienes reclamamos por nuestros derechos. La acumulación de años sin cumplimiento no puede seguir siendo naturalizada. ¿Qué puede esperarse de un sistema en el que es posible incumplir durante tanto tiempo, bajo la mirada atenta y pasiva del Poder Judicial? Cuando una sentencia no se ejecuta en un plazo razonable, el derecho reconocido pierde sentido y la confianza en las instituciones se deteriora de manera inevitable. A lo largo de estos años, la espera ha tenido consecuencias irreparables: hay trabajadores que han fallecido sin ver reconocido en los hechos su derecho, y otros que han caído en situaciones de extrema vulnerabilidad, incluso la indigencia. Esta realidad no admite más indiferencia. En una sociedad democrática, todos, sin excepción, debemos rendir cuentas por nuestras acciones y también por nuestras omisiones. Cada día que pasa sin que estas sentencias se hagan efectivas debería pesar como una carga para quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Cada uno es lo que hace y también lo que deja de hacer. El Poder Judicial no puede permanecer ajeno a esta responsabilidad: cuando se tolera el incumplimiento sostenido, y más aún cuando se lo ejecuta, se habilita de hecho a los infractores y se termina castigando, en los hechos, a quienes reclaman lo que les corresponde. Esta inversión de valores es incompatible con el sentido mismo de la justicia. Por ello, los ex trabajadores solicitamos al Superior Tribunal de Justicia que revise de manera urgente los plazos y mecanismos de ejecución de estas sentencias, y al Poder Judicial en su conjunto que adopte medidas concretas, eficaces y sin más dilaciones para garantizar que lo resuelto se cumpla. Asimismo, recordamos que la empresa ha planteado en su momento la posibilidad de negociar sus deudas, sin que ello haya significado hasta ahora una solución concreta para quienes llevan años esperando. La situación exige respuestas inmediatas. No solo por quienes fuimos despedidos, sino también por la credibilidad de un sistema que no puede permitirse que las decisiones judiciales queden vacías de contenido. (APFDigital)
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