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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 28/04/2026 10:44
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió la indagatoria del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, por omitir en sus declaraciones juradas tres propiedades adquiridas en Miami por 2,1 millones de dólares mediante sociedades offshore en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. El dictamen, firmado por el fiscal Sergio Rodríguez, acusa al funcionario de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas y señala sospechas de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión fiscal. Este lunes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi ordenó nuevas medidas de prueba para profundizar la investigación. Según la PIA, Vázquez es el titular de las sociedades Alcorta Corp., Pompeya Group Corp. y Galanthus Capital Limited, medios jurídicos que utilizó para canalizar y registrar bienes que usufructuaba junto a su familia. De la abrumadora prueba recolectada se desprende claramente que el encausado Vázquez ejercía el animus domini de los bienes que esas empresas poseen, sostiene el dictamen. Las propiedades sin declarar El 9 de enero de 2013, la firma panameña Alcorta Corp. adquirió la unidad 3504 del complejo Icon Brickell, en la avenida Brickell 495 de Miami, por 710.000 dólares. Un día después compró otro departamento en la misma avenida, a la altura del 1060, por 350.000 dólares, aunque fuentes consultadas por la PIA indican que el valor real fue de 400.000. En 2015, Pompeya Group Corp., también panameña, compró la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, por 980.000 dólares. Las dos sociedades panameñas tienen como autoridades desde 2021 a las hijas de Vázquez y a Galanthus Capital Limited, creada en las Islas Vírgenes Británicas. Ante el bufete de abogados que realizó los trámites, el funcionario declaró como domicilio el de Puerto Madero, su correo electrónico y su pasaporte argentino. El estudio lo calificó como Persona Políticamente Expuesta. Números que no cierran Cuando concretó las dos primeras operaciones en Miami, Vázquez declaraba disponibilidades por apenas 40.349 dólares y 151.251 pesos en bancos argentinos, cifras que de ningún modo alcanzaban para afrontar compras por 1,1 millones de dólares. Se advierte una manifiesta desproporción patrimonial, no registrándose capacidad económica suficiente que permita justificar el origen de los fondos aplicados a dicha adquisición, advirtió Rodríguez. Algo similar ocurrió en 2015 con la propiedad de Chateau Beach por casi un millón de dólares, cuando en sus declaraciones figuraban 250.000 pesos en bancos argentinos, 700.000 pesos en efectivo y apenas 14.813 dólares en Estados Unidos. La pantalla argentina La PIA también detectó maniobras en el país a través de la Consultora San Andrés, una sociedad sin empleados de la que Vázquez es el principal accionista y que funciona en un inmueble de su propiedad por el que se paga un alquiler a sí mismo. Esa firma fue utilizada para un supuesto autopréstamo que le permitió adquirir un departamento en Puerto Madero por un valor muy inferior al de mercado, y para comprar cinco automóviles de alta gama entre 2010 y 2015. En diciembre de 2018, Vázquez compró un inmueble de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building de Puerto Madero a un valor declarado de 225.906 dólares, muy por debajo de los 777.518 dólares que había pagado la empresa vendedora tres años antes. Según la PIA, el valor real de mercado de esa propiedad rondaba los dos millones de dólares. Nuevas medidas Martínez de Giorgi ordenó pedidos de informes a organismos públicos, entidades privadas y bancos extranjeros vía exhorto internacional. Rodríguez concluyó que los elementos reseñados permiten hacer una prospección dentro de la cual se encuentra la posible existencia de un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario. El Gobierno, pese al cúmulo de pruebas, defendió al titular del ARCA con el argumento de que ya había sido sobreseído en una causa anterior.
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