La explicación oficial fue realizada en una entrevista publicada por el medio El Entre Ríos (https://www.elentrerios.com/actualidad/recoleccin-ferreyra-cuantific-un-ahorro-de-3000-millones-y-valor-que-haya-un-debate-sobre-el-modelo-y-calidad-del-servicio.htm#google_vignette). La misma parte de la idea de que la incorporación de un privado al servicio de recolección de residuos permite reducir estructuras sobredimensionadas, mejorar la eficiencia del servicio y, en consecuencia, liberar recursos. Pero en términos presupuestarios, la noción de ahorro requiere una comparación completa entre lo que se gastaba antes y lo que se gasta ahora, incluyendo todos los componentes del sistema.
Uno de los datos centrales de la discusión es que el contrato con la empresa VITSA -recién informado la semana pasada- fija un valor inicial de $250 millones mensuales, con redeterminación trimestral. Proyectado a un año, ese monto equivale a $3.000 millones. Es decir que para que exista un ahorro de esa magnitud, el sistema anterior debería haber tenido un costo significativamente mayor. Sin esa referencia, no es posible determinar si el ahorro es total, parcial o inexistente.
| Hipótesis |
Resultado |
| Si antes el servicio costaba $6.000 millones y ahora cuesta $3.000 millones |
Hay ahorro de $3.000 millones. |
| Si antes costaba $4.000 millones y ahora cuesta $3.000 millones |
Hay ahorro de $1.000 millones. |
| Si antes costaba $3.000 millones y ahora cuesta $3.000 millones |
No hay ahorro. |
| Si ahora además se siguen pagando salarios municipales reubicados |
El ahorro puede ser menor o incluso inexistente. |
No todo gasto que cambia de lugar es ahorro
Otro aspecto relevante -según lo informado- es que no hubo despidos y alrededor de 80 trabajadores fueron reubicados en otras áreas municipales. Esto implica que el gasto salarial continúa formando parte del presupuesto. En ese sentido, trasladar personal puede responder a una reorganización interna, pero no necesariamente a una reducción del gasto total.
Puede ser una mejor organización del trabajo, pero no necesariamente un ahorro de caja. El ahorro real no se mide por cambios administrativos sino por la disminución efectiva de erogaciones.
También se reconoció que en algunos sectores de la ciudad la frecuencia del servicio se modificó, pasando de un esquema diario a uno de tres veces por semana. Ese cambio puede incidir en los costos operativos, pero al mismo tiempo introduce otra variable en el análisis: la relación entre el gasto y el nivel de servicio. Evaluar el ahorro sin considerar posibles variaciones en la prestación es una versión incompleta de la situación.
En la misma línea, las comparaciones con otras ciudades donde, según el funcionario, el servicio se presta con menos personal y menos camiones requieren información adicional para ser consideradas válidas. No alcanza con señalar diferencias en cantidad de recursos si no se contemplan factores como el volumen de residuos, la extensión urbana, la frecuencia de recolección o las condiciones de las calles. Sin esos datos, la comparación no puede verificarse técnicamente.
La concejal Carolina Amiano y el periodista radiofónico Jorge Luis Valdez solicitaron -cada uno por su cuenta- acceso a documentación vinculada al contrato, los fundamentos de la emergencia, los montos comprometidos y los informes técnicos que respaldaron la decisión. La difusión de esa información permitiría establecer con mayor claridad cuánto costaba el sistema anterior, cuánto cuesta el actual y qué gastos dejaron efectivamente de existir.
La discusión, en definitiva, pasa por determinar si el ahorro anunciado por Ferreyra es real y verificable para determinar si Concordia está pagando menos por un mejor servicio, o simplemente está cambiando el modo de pagar un servicio más reducido.
La cifra de $3.000 millones es significativa, pero su validez depende de la información que la respalde. Mientras tanto, el dato forma parte de un mero relato oficial.
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