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Concordia » Diario Junio
Fecha: 27/04/2026 16:00
Este principio jurídico permitió condenar a los líderes nazis bajo el cargo de crímenes contra la paz, estableciendo que la paz mundial es un bien jurídico protegido que genera obligaciones para los individuos más allá de las fronteras nacionales. El Tribunal de Núremberg rechazó el argumento de la defensa de que no existía una ley previa que prohibiera la agresión. Los jueces concluyeron que el Pacto Kellogg-Briand de 1928 ya había convertido la guerra en un acto ilegal antes de 1939, por lo que los acusados sabían o debían saber que sus actos eran ilícitos.
La Carta de las Naciones Unidas de 1945 es el pilar del derecho internacional moderno y establece un marco legal diseñado especialmente para evitar la guerra. En su artículo 2.4 se refiere al principio de prohibición. Es el corazón de la Carta. Prohíbe no solo el uso de la fuerza armada, sino también la amenaza de usarla: Los miembros de la Organización se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Más claro, imposible. No se limita solo a la guerra formal, sino a cualquier acto hostil. Protege la soberanía de los países sin importar su tamaño o poder.
La misma Carta reconoce que existen situaciones donde el uso de la fuerza (por ejemplo, mediante una coalición internacional) determina que existe una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la misma o un acto de agresión. La Asamblea General definió la agresión como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía de otro; incluye invasiones, bombardeos. La agresión se considera un crimen contra la paz internacional que genera responsabilidad jurídica para el Estado y responsabilidad penal para los líderes que la organizan. Como contraparte a la prohibición de la fuerza, en su artículo 2.3 la Carta obliga a todos los Estados a resolver sus controversias por medios pacíficos (negociación, mediación, arbitraje o arreglo judicial), de tal manera que no se pongan en peligro la paz ni la justicia. Muchas declaraciones de funcionarios de EE. UU. también implican violaciones del derecho internacional humanitario y crímenes de guerra.
Yendo estrictamente al estado bélico entre la coalición de EE. UU. e Israel contra Irán, fueron los primeros los que el 26 de febrero de 2026 violaron claramente la prohibición del uso de la fuerza establecida en la Carta de las Naciones Unidas, al igual que lo habían hecho nueve meses atrás. Eso porque saben que la ONU ni el derecho internacional público lo único que pueden hacer es protestar por no hacer la declaración de guerra ante esa institución madre que componen todas las naciones e incluso no pasar por la aprobación del Congreso de EE. UU., ante el cual Trump supone que está debajo de su autoridad imperial. El 18 de marzo de 2026, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EE. UU., Joe Kent, renunció a su cargo declarando: Mi conciencia no me permite apoyar la guerra contra Irán, porque esta nación no representa una amenaza a nuestra nación. Está claro que esta guerra de agresión se debe a la presión de Israel y su poderoso lobby en EE. UU. (cuestión que ya es de dominio público). Varios militares de alto rango de EE. UU., tanto en el Ejército como en la Marina, han criticado o se han negado a participar en lo que consideran constituye una guerra ilegal, violatoria del derecho internacional y de las mismas leyes norteamericanas. El mismo general de cuatro estrellas John Kelly afirma: Donald Trump es una persona profundamente deshonesta, un fascista. Por su parte, el general Mark Milley afirma: Trump es la persona más peligrosa en EE. UU., ha demostrado no estar apto para el cargo de presidente. El general Michael Flynn dijo: Es una amenaza a nuestra Constitución. El coronel de cuatro estrellas expresó: Usted nos ha avergonzado ante los ojos de nuestros hijos, nos ha humillado ante el mundo.
A su vez, Donald Trump, uno de los dos criminales de guerra del siglo XXI junto a Benjamín Netanyahu, destituyó al jefe del Estado Mayor, nada menos, y a 12 generales por negarse a bombardear objetivos civiles en Irán y por negarse a dirigir una invasión terrestre para tratar de abrir el estrecho de Ormuz. Una hora después de su renuncia, el general Randy George, jefe del Estado Mayor, declaró: Un loco conducirá al gran ejército de EE. UU. a la ruina.
Un informe de las principales organizaciones de la sociedad civil encontró que al menos 14.146 civiles, y 217 niños, fueron asesinados por fuerzas de EE. UU. e israelíes entre el 28 de febrero y el 23 de marzo. El primer día de los ataques de febrero, la escuela primaria Shajah Taybeh, en Minab, Irán, 175 niñas fueron asesinadas por fuerzas de EE. UU. e Israel con misiles Tomahawk seleccionados por inteligencia artificial. El presidente, cínicamente, afirmó que fue hecho por el mismo Irán. Sin embargo, una investigación hecha por el Departamento de EE. UU. determinó que fueron los proyectiles de EE. UU. e Israel los que determinaron esa masacre.
En Irán se han identificado 67.414 emplazamientos como objetivos civiles, de los cuales 496 son escuelas y 236 centros de salud.
Es alarmante la retórica de funcionarios de EE. UU. durante la guerra. El secretario de Guerra, sionista evangélico, Pete Hegseth, declaró: Seguiremos avanzando sin piedad hasta masacrar a nuestros enemigos. También en el derecho internacional está expresamente prohibido hacer declaraciones sobre violaciones a los derechos humanos.
Abbas Argachi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, le respondió: Cuando el secretario de Guerra de EE. UU. declara guerra sin cuartel, no proyecta fortaleza. Deja al descubierto la bancarrota moral y su ignorancia de la legislación internacional sobre conflictos armados. Le sugerimos que revise la Convención de La Haya y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a no ser que aspire a unirse, como Netanyahu, como un criminal de guerra.
Desde el inicio de la administración de Trump, el Departamento de Guerra, bajo el mando de Peter Hegseth, ha debilitado en forma sistemática y deliberada las protecciones destinadas a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Queda en evidencia que en este siglo XXI, tanto EE. UU., la OTAN e Israel han soslayado sistemáticamente todas las garantías humanitarias en cuanto a códigos de guerra y disposiciones de todas las entidades encargadas de custodiar el cumplimiento de las resoluciones de la ONU y de la Corte Penal Internacional, sin que haya sanción alguna. Y, a la vez, han boicoteado, con el peso del veto en el Consejo de Seguridad, cualquier disposición o condena que vaya en contra de sus intereses.
Es que se nota con claridad que estamos viviendo bajo un régimen de capitalismo mafioso que se devora sociedades enteras por ideologías mesiánicas, por intereses corporativos y por un supuesto supremacismo fascista que pretende llevarse puesto a una civilización que empieza a descomponerse a ritmo acelerado, con destino final de un colapso civilizatorio.
Fuente: con información de Prensa Alternativa
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