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Fecha: 27/04/2026 10:06
La escena se repite con distintas formas, pero con un mismo fondo: familias que ya no sienten que la escuela sea un lugar completamente protegido. En La Plata, el reclamo surgió cuando padres de la Escuela Secundaria N°41 se enteraron de que uno de los adolescentes involucrados en el crimen de Kim Gómez había retomado clases presenciales. Después del rechazo de la comunidad educativa, se resolvió que continúe su escolaridad de manera virtual. El caso duele por muchas razones. Por la muerte de una nena. Por el miedo de los padres. Por la situación de los estudiantes que comparten la escuela. Por el adolescente institucionalizado que, al momento del hecho, era inimputable. Y también porque obliga a responder una pregunta que la sociedad suele evitar hasta que estalla: ¿quién cuida a los chicos cuando los derechos entran en tensión? Ese punto necesita una aclaración importante. El crimen de Kim Gómez ocurrió antes de la entrada en vigencia del nuevo régimen penal juvenil que bajó la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves. Por eso, el caso quedó atravesado por el marco legal anterior. La nueva ley, aprobada en 2026, creó un sistema penal especializado para adolescentes de 14 a 18 años y prevé su aplicación en delitos graves como homicidios, abusos sexuales y secuestros, además de medidas alternativas para hechos menores. Pero, más allá de la ley, lo que aparece hoy es otra cosa: un miedo extendido. La escuela, que debería ser un lugar de aprendizaje, convivencia y cuidado, quedó tomada por una inquietud nueva. No se trata solo de un caso. En las últimas semanas, distintos distritos reforzaron protocolos ante amenazas de ataques, presencia de armas o mensajes intimidatorios. Ciudad y provincia de Buenos Aires difundieron guías para directivos y docentes; en otros lugares hubo controles de mochilas, presencia policial y advertencias a las familias para no viralizar mensajes que alimenten el temor o la imitación. La escuela como caja de resonancia del miedo social El Prof. Lic. Jorge Prado (M.N. 55.592), psicólogo especialista en clínica con niños y adolescentes, docente de Salud Pública y Salud Mental II en la Facultad de Psicología de la UBA e integrante de un equipo técnico de dispositivo escolar territorial de nivel secundario, propone mirar el problema desde una clave más amplia: la organización social del cuidado. La situación vinculada al reclamo de las familias respecto del joven involucrado en la muerte de la niña Kim Gómez y posteriormente institucionalizado por resultar inimputable reabre un debate tan vigente como resistido: el de la organización social del cuidado, plantea Prado. La frase ordena el debate porque corre la discusión del lugar más obvio. No se trata solo de decidir si un adolescente entra o no entra a una escuela. Se trata de saber qué adultos, qué instituciones y qué políticas sostienen esa decisión. Una comunidad educativa no puede enterarse de una situación extrema como si fuera un trámite más. Tampoco puede quedar sola para absorber el enojo, el miedo o la amenaza de nuevas escenas de violencia. El pedido de las familias de que el estudiante no acceda a la escuela puede leerse como una demanda de protección y resulta comprensible, sostiene Prado. Y agrega: El miedo frente a lo sucedido produce fuertes sensaciones de inseguridad que, si no son trabajadas institucionalmente, pueden derivar en nuevas escenas de violencia y en procesos de estigmatización hacia las juventudes. Ese es el borde más difícil. Las familias no están exagerando cuando piden garantías. Nadie manda a un hijo a clases con tranquilidad si siente que puede estar en riesgo. Pero el miedo, por comprensible que sea, no puede ser el único organizador de la respuesta pública. Si la única salida es expulsar, mover, esconder o separar, el problema no desaparece: cambia de lugar. Amenazas, efecto imitación y adultos desbordados El contexto actual vuelve más sensible cualquier decisión. Después de episodios graves y amenazas repetidas, varias provincias empezaron a tratar estos hechos como delitos, no como bromas. En Santa Fe, por ejemplo, se informó que cada operativo por una amenaza escolar puede costar entre 5 y 6 millones de pesos y que, una vez comprobada la responsabilidad, el autor o su familia deberán afrontar las consecuencias. También se habló del efecto copycat, o de imitación, cuando las amenazas se viralizan y ya no es posible distinguir rápido si se trata de una falsa alarma o de un riesgo real. Ese clima no es menor. Cuando una escuela recibe una amenaza, cuando aparece un mensaje en un baño, cuando circula una captura por WhatsApp o cuando se dice que un chico puede llevar un arma, toda la comunidad entra en estado de alerta. Los padres dudan si mandar o no a sus hijos. Los docentes tienen que sostener la jornada con miedo. Los directivos quedan en el centro de reclamos cruzados. Y los adolescentes, que muchas veces amplifican lo que ven en redes, también quedan atrapados en una dinámica peligrosa. Por eso, el caso Kim Gómez no puede leerse aislado. Se suma a una época en la que la escuela se volvió escenario de conflictos que la exceden: violencia social, consumo problemático, discursos de amenaza, exposición en redes, crisis de autoridad adulta y desconfianza en las instituciones. La discusión no debería centrarse exclusivamente en la exclusión, sino en qué medidas de cuidado puede ofrecer la escuela, garantizadas por el Estado, sin generar mayor exposición de los estudiantes ni del propio joven, advierte Prado. La educación virtual puede ser una respuesta transitoria, razonable para bajar la tensión inmediata. Pero no puede ser la única política. Si se la presenta como solución final, apenas corre el problema de la puerta de la escuela. Y una sociedad no puede construir seguridad solo desplazando aquello que la asusta. Cuidar no es negar el miedo ni responder solo con castigo La nueva ley penal juvenil volvió a instalar una frase fuerte en el debate público: que los adolescentes que cometen delitos graves deben responder. Esa demanda tiene arraigo social y expresa una necesidad legítima de justicia. Pero incluso dentro de ese nuevo esquema, la discusión no termina en la sanción. El propio régimen plantea un sistema especializado, con separación de adultos, tribunales específicos, derecho a ser escuchado, educación y medidas de reinserción. Ahí aparece el verdadero desafío: que la respuesta no sea solo penal, ni solo escolar, ni solo familiar. Porque cuando un adolescente llega a un hecho extremo, algo falló mucho antes. Y cuando una comunidad educativa entra en pánico, también hay una falla institucional si no existen dispositivos claros para acompañarla. La escuela debe constituirse como un entramado que habilite dimensiones subjetivas en las que los conflictos no queden capturados por la lógica de la amenaza, sino que puedan ser elaborados mediante la palabra, la mediación y dispositivos de cuidado, señala Prado. La frase puede sonar ambiciosa, pero baja a tierra en medidas concretas: - comunicación clara con las familias, - equipos de orientación presentes, - protocolos conocidos, - intervención del Estado, - acompañamiento a docentes, - evaluación de riesgos, - trabajo con los cursos, - espacios de escucha - y acciones coordinadas con salud mental, niñez y justicia. Prado también advierte sobre el riesgo de reducir estos episodios a etiquetas individuales. Reducir el abordaje a la noción de trastorno implica el riesgo de individualizar y patologizar experiencias de sufrimiento que se encuentran profundamente atravesadas por miedos sociales, violencias estructurales y procesos de estigmatización, sostiene. No significa negar responsabilidades. Tampoco diluir la gravedad de un crimen. Significa entender que una comunidad lastimada no se repara solo con una medida administrativa y que un adolescente en conflicto con la ley no puede ser tratado como un problema que se saca de circulación y desaparece. El miedo de los padres es real. El derecho de los estudiantes a estar seguros, también. La necesidad de justicia, más todavía. Pero una sociedad adulta se mide en el momento en que esos derechos chocan. Si no hay Estado, queda la escuela sola. Si queda la escuela sola, quedan los padres contra los directivos, los chicos contra otros chicos y el miedo convertido en política cotidiana. Cuidar no es minimizar. Cuidar no es improvisar. Cuidar no es viralizar amenazas hasta que nadie sepa qué es cierto y qué no. Cuidar es construir respuestas visibles, serias y sostenidas. Porque cuando el miedo entra a la escuela, no alcanza con cerrar una puerta. Hay que hacerse cargo de todo lo que ya entró con él.
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