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Chajari » Tal Cual Chajari
Fecha: 27/04/2026 08:00
Hay una pregunta que muy pocos entrerrianos pueden responder con precisión: ¿cuánto cobra exactamente un empleado del Estado provincial? ¿Y cómo se compara eso con lo que percibe su equivalente en Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba? El Presupuesto 2025 de la provincia, los datos actualizados de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales, los registros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos y otras fuentes oficiales permiten armar ese mapa por primera vez en forma sistemática. Lo que aparece no es un retrato de uniformidad sino de fracturas profundas: entre quienes cobran más y quienes cobran menos dentro de la misma provincia, y entre Entre Ríos y el resto del país. El primer dato es estructural y condiciona todo lo demás. A fines de 2025, el sector público provincial de Entre Ríos tenía unos 90.295 empleados, incluyendo planta permanente, suplentes y contratados de todos los escalafones. Con una población de 1.426.426 habitantes (Censo 2022), eso arroja 63 empleados públicos cada 1.000 habitantes. El promedio nacional es de 50 cada 1.000 (DNAP, diciembre 2024). Entre Ríos lo supera en un 26%. Pero la comparación más elocuente es con sus socias de la Región Centro: Córdoba tiene 33 cada 1.000 y Santa Fe 42. Entre Ríos casi duplica a Córdoba. Para equipararse a Santa Fe debería eliminar alrededor de 30.000 puestos; para alcanzar el ratio cordobés, más de 43.000. En el ranking nacional de las 24 jurisdicciones, Entre Ríos está en la mitad de la escala, por encima del promedio, pero lejos del extremo que ocupan Tierra del Fuego (130 cada 1.000), La Rioja (114), Catamarca (106), Neuquén (105) y Santa Cruz (104). En el otro extremo están Córdoba (33), Buenos Aires (37), Santa Fe (42) y Mendoza (44). El sector público entrerriano emplea a casi tantos trabajadores como el privado formal: a principios del gobierno de Javier Milei, la relación era de 65 empleados estatales por cada 100 puestos privados registrados. La Fundación Ecosur (Bolsa de Comercio de Córdoba) calculó para fines de 2024 el costo laboral promedio mensual por empleado en cada provincia. Encabezan Neuquén ($3.100.000), Santa Cruz ($2.800.000) y CABA ($2.300.000). En el fondo están La Rioja ($1.100.000), Jujuy ($1.200.000) y Santiago del Estero ($1.400.000): provincias con muchos empleados. pero sueldos bajos, el peor escenario fiscal. Entre Ríos integra la franja intermedia: más empleados que las grandes, con salarios menores que la Patagonia, pero mayores que el NEA-NOA. El Estado pagó en promedio entre un 30% y un 38% más que el sector privado formal local, convirtiendo al empleo público en el principal refugio salarial de la provincia. Del piso al techo El Escalafón General de la Administración Pública provincial tiene diez categorías. Según datos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), luego del último aumento y de incluir un concepto que los propios gremios califican como un aporte no remunerativo una suma que se liquida al margen de los ítems formales del recibo para compensar el rezago paritario, el sueldo mínimo de un empleado del escalafón general ronda actualmente los $980.000 mensuales. En el techo del mismo escalafón, el ingreso promedio de la categoría más alta se ubica en $4.500.000 mensuales. O sea que parte del ingreso mensual de los trabajadores estatales depende de un mecanismo informal, no documentado en el recibo oficial, que no cuenta para el cálculo de la jubilación y que puede ser retirado unilateralmente sin consecuencias legales. Es el extremo lógico de una política de sumas fijas no remunerativas que el gobierno de Rogelio Frigerio instaló como modalidad en la paritaria de febrero de 2026, cerrada con UPCN y rechazada por ATE. El argumento oficial fue que los trabajadores necesitaban «liquidez inmediata». El argumento sindical es que esas sumas no se bonifican, no generan aportes y licuan el haber futuro. El «aporte en negro» es la respuesta del sistema a sus propias contradicciones. El sector docente es el más numeroso del Estado provincial representa alrededor del 41% del total de empleados públicos de Entre Ríos y también el que exhibe la contradicción más llamativa de todo el sistema: el sueldo básico más alto de la Región Centro pero, a la vez, es el salario total bruto más bajo de esa misma región. Y según el análisis de poder de compra elaborado por Chequeado.com con datos de la Secretaría de Educación de la Nación, en 2024 Entre Ríos registró el peor poder adquisitivo del salario docente en todo el país. El Escalafón Docente funciona con un sistema de punto índice que se actualiza periódicamente. Según el Informe Indicativo del Salario Docente (tercer trimestre de 2025), el salario bruto jurisdiccional de un maestro de grado de jornada simple sin antigüedad en Entre Ríos era de $883.734 en septiembre de 2025, y el de un maestro con 10 años de antigüedad llegaba a $986.528. Proyectadas las actualizaciones del primer trimestre de 2026, esos valores superan el millón de pesos. Un directivo docente o un supervisor puede rondar los 3 millones de pesos mensuales de promedio. En el tercer trimestre de 2025, el salario bruto total para el mismo cargo testigo (MG0) era, en la Región Centro: -Córdoba, $1.090.466; Santa Fe $952.765; CABA $904.326 y Entre Ríos $883.734. La paradoja se explica con un dato técnico de consecuencias reales: Entre Ríos es la única provincia de la Región Centro con el 100% de sus componentes salariales como remunerativos. Córdoba, CABA y Santa Fe incorporan sumas no remunerativas complementos del ex FONID, conectividad, adicionales extraordinarios que inflan el total bruto pero no computan para jubilación ni adicionales bonificables. Que el básico entrerriano sea el más elevado de la región es una política deliberada; que el total quede por debajo de sus vecinas es el costo de esa política. El docente gana nominalmente menos hoy, pero en teoría acumula más para su haber futuro. -En el cuadro nacional, la situación es más severa: la provincia de Entre Ríos ocupa el puesto 18 de 24 jurisdicciones en salario bruto del maestro de grado sin antigüedad. La supera hasta Formosa ($893.585), Santiago del Estero ($888.351) y prácticamente en empate Buenos Aires ($883.734). El pelotón superior está encabezado por Neuquén ($1.762.190), Santa Cruz ($1.449.138), Tierra del Fuego ($1.414.994) y Río Negro ($1.217.131). La diferencia entre Neuquén y Entre Ríos supera los $878.000: casi un salario mensual completo. En el otro extremo del ranking, por debajo de Entre Ríos, se ubican Mendoza ($806.322), San Juan ($822.887), Jujuy ($837.898), Tucumán ($844.539) y, en los últimos puestos, Catamarca y Salta con valores en torno a los $660.000-$673.000. El poder de compra es el indicador más contundente. Chequeado.com cruzó los salarios con las canastas básicas regionales del INDEC y determinó que en 2024 un maestro entrerriano con 10 años de antigüedad tenía el poder adquisitivo más bajo de las 24 jurisdicciones. La brecha respecto de las provincias del podio superaba el 50%. En 2025 hubo una recuperación parcial Entre Ríos registró el mayor aumento trimestral de la Región Centro en el tercer trimestre, del 9% para MG10, pero los datos de largo plazo son implacables: el salario docente entrerriano de 2025 sigue siendo inferior en términos reales al de 2014, en un deterioro acumulado de más de una década. La eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por el gobierno de Javier Milei quitó entre un 7% y un 10% del salario bruto de los docentes de todo el país. Algunas provincias lo absorbieron íntegramente como adicional provincial; otras no. Entre Ríos lo incorporó parcialmente y con demora. La declaración de la educación como servicio esencial (Decreto 341/2025) y la eliminación de la paritaria nacional docente completaron el cuadro: cada provincia negocia por separado, y las de menor margen fiscal Entre Ríos entre ellas tienen menos poder de oferta. El reclamo de los médicos hospitalarios El capítulo más urgente es el de las guardias médicas hospitalarias en Entre Ríos, porque su inequidad tiene consecuencias directas sobre la salud de la población. El Escalafón Sanidad del Presupuesto 2025 de Entre Ríos establece para el Médico Interno de Guardia unos 900 mil pesos, que difieren de acuerdo al nivel de complejidad de los hospitales categorizados. Eso contrasta con lo que pagan otros sistemas. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires fijó en diciembre de 2025 como valor mínimo orientativo de referencia para una guardia de 24 horas en establecimientos de hasta 60 camas la suma de $720.000. Es un valor de mercado, no el que paga el Estado bonaerense, pero marca el piso razonable según la propia profesión médica. Para los médicos de los hospitales bonaerenses bajo la Ley 10.471, un profesional ingresante con 36 horas y guardia percibía $1.286.271 mensuales en mayo de 2025. Con 48 horas y dedicación exclusiva, el ingreso escalaba a $1.842.475-$1.911.999. En los hospitales nacionales, el Decreto 206/2026 estableció que un jefe de residentes percibirá $1.585.814 en mayo 2026 y un residente de primer año $1.202.555. La paradoja que ningún gobierno ha podido resolver es siempre la misma: el valor de la guardia en el sector privado duplica o triplica al oficial. En Entre Ríos, como en el resto del país, esa brecha alimenta la rotación, las renuncias y la precarización de un servicio que el Estado dice garantizar pero que no puede financiar con los valores que presupuesta. En ámbitos policiales Aquí el dato más sorprendente: contrariamente a lo que podría suponerse, la Policía de Entre Ríos paga por encima de la Policía Federal Argentina en los rangos de base y se equipara a ella en los niveles superiores. Un agente de la Policía entrerriana cobra actualmente entre un millón y $1.300.000 mensuales. Un oficial subinspector percibe 1.800.000 pesos y con los descuentos le puede quedar en 1.400.000. Un comisario general la cima del escalafón llega a $3.000.000. Esos montos superan los de la Policía Federal Argentina, cuya última escala vigente (Resolución 944/2025) fija al agente en $878.108 y al comisario general en $2.897.608. En el panorama provincial comparado, Córdoba equiparaba al nivel federal hasta fines de 2025 ($878.000 para el agente). Santa Fe atravesó en febrero de 2026 un conflicto de magnitud con manifestaciones frente a la jefatura de Rosario y el gobierno provincial cuando el salario básico del agente santafesino rondaba los $800.000-$960.000. Tras el acuerdo, el gobernador Maximiliano Pullaro comprometió un mínimo operativo de $1.438.835 para agentes en funciones de calle, superando finalmente a Entre Ríos. La Provincia de Buenos Aires mantiene uno de los pisos más bajos del país para la fuerza policial, con valores similares o inferiores a los federales. El mapa queda así: Entre Ríos ocupa una posición alta-media en el ranking nacional de remuneraciones policiales, por encima de la Policía Federal y de la mayoría de las policías provinciales del interior, aunque por debajo de Santa Fe post-conflicto y de las fuerzas patagónicas. Un poder Judicial posicionado En el vértice superior del mismo Estado, un vocal del Superior Tribunal de Justicia percibe, sumando básico, compensación jerárquica e intangibilidad, ronda los 16 millones de pesos mensuales. Un ministro del Poder Ejecutivo acumula alrededor de $3.157.000, pero los integrantes de un directorio como el de ENERSA (Empresa de Energía) o el IAPSER (Instituto del Seguro), ronda los 15 millones mensuales. El Poder Judicial entrerriano presenta la paradoja más marcada del sistema: es uno de los más generosos del país para sus magistrados y uno de los más rezagados para su personal de base. En el escalafón de empleados, el ingresante percibe $557.128 (básico más compensación jerárquica). El escribiente referencia histórica del personal administrativo de tribunales cobra $1.074.462. El escribiente mayor llega a $1.233.641, al igual que un ordenanza. El jefe de departamento a $2.487.181. Comparado con el Poder Judicial de la Nación (escala del Consejo de la Magistratura, febrero 2025), esos valores son inferiores en todos los niveles. Un escribiente nacional percibe $1.542.969: un 43% más que su par entrerriano. El auxiliar más básico del fuero federal cobra $1.212.901, frente a los $557.128 del ingresante provincial. Es la brecha que los gremios judiciales entrerrianos llevan años denunciando. En Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia inició en 2025 un proceso de equiparación gradual al 90% del nivel federal para magistrados, con recategorizaciones automáticas para el personal de base que llevaron el piso de $788.056 a $919.879. Para los magistrados, en cambio, Entre Ríos está entre los más pagos del país. Los ingresos totales mensuales indican que juez de primera instancia: 8,5 millones de pesos; vocal de Cámara de Apelaciones: 10 millones de pesos; Procurador General 14 millones; vocal del Superior Tribunal de Justicia: 16 millones de pesos. Son sueldos netos y con una antigüedad promedio de 20 años. Los miembros del Poder Judicial entrerriano cobran más que Chaco, Chubut, San Luis, Corrientes y Formosa, entre otras. Algunas provincias están equiparadas con la Justicia Federal, que superan en un escaso porcentaje a la de Entre Ríos. El Poder Judicial de Santa Fe y Córdoba también están por encima de Entre Ríos. Legisladores entrerrianos, en el podio Los diputados provinciales de Entre Ríos perciben actualmente alrededor de $8 millones mensuales y los senadores provinciales alcanzan los $9 millones. Son cifras que colocan a la Legislatura entrerriana en el podio nacional de dietas. Para dimensionarlo: el relevamiento de la red periodística Ruido/Chequeado (julio 2025) estableció el siguiente ranking de salarios netos legislativos provinciales: Santa Fe lideraba con $8.500.000 netos, seguida por Neuquén con $6.000.000 y Buenos Aires con $5.600.000. La media nacional provincial era de $3.900.000. Con $8 millones para diputados y $9 millones para senadores, Entre Ríos se ubica en el 1° o 2° lugar nacional, disputando el liderazgo con Santa Fe y superando a todas las demás provincias, incluidas las patagónicas. Para los empleados del Poder Legislativo, el sueldo mínimo ronda los 2 millones de pesos y el máximo llega a los 4 millones de pesos mensuales. La brecha entre el empleado legislativo de menor rango y el senador que lo emplea ($9.000.000) es de más de 12 a 1. Un legislador entrerriano cobra entre 6 y 7 veces más que un agente de policía de su misma provincia. En el plano nacional, los senadores de la Nación percibían en marzo de 2026 una dieta bruta de $11.137.826, con proyección a superar los $11.550.000 en mayo. Los diputados nacionales cobraban alrededor de $6.700.000 brutos tras «desengancharse» del mecanismo automático de ajuste. Los senadores provinciales entrerrianos ($9 millones) ganan más que los diputados nacionales Jubilaciones y un sistema de dos mundos El sistema previsional es donde las desigualdades resultan más difíciles de defender públicamente. En el nivel nacional, la jubilación mínima de ANSES en abril de 2026 es de $380.319 con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total llega a $450.319. El haber máximo del sistema nacional se ubica en $2.559.189. La brecha entre el piso y el techo del sistema nacional es de casi 7 a 1. En la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos (Cajajper), el sistema provincial presenta extremos aún más pronunciados. El haber mínimo provincial es de $1.000.000: más del doble que el mínimo nacional de ANSES. Eso implica que el jubilado de base del Estado entrerriano percibe una prestación significativamente mejor que su par del sistema nacional algo que el propio sistema provincial financia con altos aportes de activos y contribuciones patronales del Estado. En el otro extremo está el dato más impactante de todo este informe: la jubilación máxima de la Cajajper, correspondiente a exvocales del Poder Judicial, alcanza los $15.000.000 mensuales y algo un poco menor perciben los exvocales del Tribunal de cuentas y del Ente Provincial Regulador de Energía de Entre Ríos. El promedio general de jubilaciones del Poder Judicial entrerriano es de $7.000.000 al mes. Para ponerlo en contexto: ese promedio de $7 millones es 15 veces el haber mínimo de ANSES (con bono), 7 veces el haber mínimo provincial y 2,7 veces el haber máximo del sistema nacional. Y el techo de $15 millones representa 33 veces el mínimo de ANSES y 6 veces el máximo del sistema nacional. Los datos que emergen de esta comparativa no son anécdotas: son la arquitectura del Estado entrerriano. Una provincia que casi duplica en empleados públicos por habitante a Córdoba y supera en un 50% a Santa Fe. Que paga a sus agentes policiales por encima de la Policía Federal uno de los pocos rubros donde el esfuerzo fiscal es notable, pero que a sus médicos de guardia les abona una fracción de lo que considera razonable el propio Colegio de Médicos bonaerense. Un sistema judicial que es de los más generosos del país para sus magistrados entre los tres primeros a nivel nacional en remuneraciones y que al mismo tiempo paga a sus empleados de base un 43% menos que el equivalente federal, generando una tensión gremial que Córdoba ya está procesando con equiparaciones graduales. Un poder legislativo que, con diputados en $8 millones y senadores en $9 millones, disputa el primer lugar del ranking nacional de dietas, mientras sus propios empleados de menor rango cobran doce veces menos. Y un sistema jubilatorio con un piso provincialmente generoso $1.000.000 mínimo, más del doble del nacional y un techo que en el Poder Judicial llega a $15.000.000: 33 veces el mínimo de ANSES, 6 veces el máximo del sistema nacional y casi el doble de lo que percibe mensualmente un vocal del STJ en actividad en la mayoría de las provincias. El INDEC confirma que el salario público real cayó un 39% en el período 2011-2024 en el conjunto de las provincias. Entre Ríos no fue diferente al promedio. Lo que sí es singular es la paradoja local: más Estado que el promedio, pero no necesariamente mejor Estado. Más empleados, pero con poder adquisitivo real en descenso. Más generosidad para quienes ya están en la cima magistrados, legisladores, altos funcionarios jubilados, y más estrechez para quienes hacen el trabajo de calle: el médico de guardia, la enfermera, el agente administrativo de categoría 10. El presupuesto es siempre un documento político. Lo que una provincia decide pagar y a quién dice más sobre sus prioridades reales que cualquier discurso de apertura de sesiones. Durante décadas y a través de distintos signos políticos, Entre Ríos eligió sostener una planta amplia con sueldos medios en descenso real, proteger las jubilaciones de privilegio de sus magistrados y ex legisladores con fondos que provienen de todos los afiliados, y relegar la remuneración de quienes hacen el trabajo concreto. Esa arquitectura no se explica sola. Y tampoco se cambia con sumas fijas no remunerativas.
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