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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 27/04/2026 06:58
La administración de Javier Milei puso fin, mediante un acuerdo conciliatorio firmado en enero y homologado en plena feria judicial, a la acción de lesividad que el Estado argentino había iniciado en 2023 para anular la compra fraudulenta de 12.000 hectáreas en una zona de seguridad fronteriza en Río Negro, propiedad del magnate británico Joe Lewis. La operación, mantenida bajo reserva, se concretó semanas antes de dos designaciones clave en el Ministerio de Justicia y en la Cámara de Casación Penal que involucran a magistrados que participaron del controvertido viaje a la estancia del empresario en 2022. El acuerdo, calificado por la oposición y organizaciones sociales como un «perdón» al dueño de Hidden Lake S.A., fue presentado el 15 de enero de 2026 y homologado el 28 de enero por el juzgado contencioso administrativo federal N°4, a cargo de la jueza Rita María Teresa Ailín, durante el receso judicial. La resolución dejó sin efecto la demanda que pretendía declarar la nulidad de la operación original de 1996, mediante la cual Lewis se hizo con el control de tierras que rodean el Lago Escondido, a pocos kilómetros de la frontera con Chile. Un historial de irregularidades La adquisición de las tierras por parte de Lewis siempre estuvo bajo la lupa. En 1996, el magnate británico utilizó una intrincada red de sociedades y testaferros para eludir la Ley 15.385 de Seguridad de Fronteras, que prohíbe la compra de tierras en zonas estratégicas por parte de extranjeros. La operación se canalizó a través de HR Properties Buenos Aires, una firma que poco después fue reemplazada por Hidden Lake S.A., una estructura societaria que organismos de control calificaron como «cáscara» o «sociedad ficticia». De esta forma, Lewis logró hacerse con un territorio que incluye un inmenso reservorio de agua dulce y el control del acceso al lago. En 2023, un informe de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) y de la Procuración del Tesoro determinó que la compraventa había sido fraudulenta y lesiva para el interés público. Con esos dictámenes, el Ministerio del Interior entonces a cargo de Eduardo «Wado» de Pedro inició la acción judicial para anular la operación. El vínculo con los Mahiques y el viaje de los «huemules» El cierre del litigio se produjo en un contexto político que generó fuertes cuestionamientos. El acuerdo se firmó pocas semanas antes de dos movimientos clave: la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia y el envío al Senado del pliego de su padre, Carlos Mahiques, para su continuidad en la Cámara de Casación Penal. Ambos participaron en octubre de 2022 del famoso viaje a Lago Escondido junto a jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín, un episodio que la oposición bautizó como «los huemules del lawfare» por la filtración de chats que revelaron coordinación entre los pasajeros y el anfitrión. Carlos Mahiques ya había tenido una intervención decisiva en la causa penal vinculada a las tierras. En septiembre de 2021, el camarista firmó el sobreseimiento por prescripción de la acción contra Lewis y los funcionarios rionegrinos que habían participado de la compraventa fraudulenta, un año antes del viaje. Además, en el marco de ese mismo viaje, se filtraron conversaciones en las que el magistrado se contactaba con una fiscal de Bariloche para simular una investigación que diera lugar a un futuro sobreseimiento. Un pacto bajo sospecha El acuerdo entre el Estado y Hidden Lake S.A. no solo resultó polémico por su contenido, sino también por su forma. Hasta diciembre del año pasado, el expediente era de acceso público y presentaba movimientos de las partes. Sin embargo, desde que se cerró el convenio, la causa pasó a tener carácter reservado y ya no puede ser consultada por la ciudadanía. La decisión política de avanzar con la conciliación requirió la autorización del ministro del Interior, Diego Santilli, tal como lo establecen los decretos 411/80 y 1265/87, que regulan las acciones de lesividad del Estado. El cierre de este capítulo judicial coincide con la intención del Gobierno de Milei de modificar la Ley de Tierras Rurales para eliminar las restricciones a la venta de territorios a extranjeros, incluyendo aquellas zonas con recursos hídricos o ubicadas en áreas de frontera. Para los críticos, la simultaneidad entre el acuerdo con Lewis y el envío del proyecto al Congreso no es casual: se trata de una arquitectura legal diseñada para blindar la propiedad del magnate y abrir la puerta a nuevos negocios inmobiliarios en la Patagonia. Los otros frentes abiertos Aunque el Gobierno logró cerrar la acción de lesividad, el conflicto por Lago Escondido está lejos de terminar. En la Corte Suprema de Justicia aún se debate el reclamo por el acceso público al lago a través del camino de Tacuifí, una vía que Lewis mantiene bloqueada dentro de su propiedad y que los vecinos de la región exigen que sea liberada. Hasta ahora, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro falló a favor del magnate, habilitando únicamente un sendero de montaña como vía de ingreso, lo que para las comunidades locales resulta insuficiente e inaccesible. Mientras tanto, la decisión del Ejecutivo sumó un nuevo capítulo a la polémica sobre la soberanía territorial y la protección de los recursos estratégicos. Para los críticos, el acuerdo con Lewis representa una inaceptable rendición del Estado frente a un empresario que utilizó maniobras ilegales para apropiarse de un área protegida por las leyes argentinas. Para el Gobierno, en cambio, se trató de poner fin a un litigio que, según su visión, carecía de sustento jurídico. Lo cierto es que, con el expediente bajo reserva y los antecedentes de los magistrados involucrados, las sospechas de impunidad no hacen más que crecer.
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