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Parana » Informe Digital
Fecha: 27/04/2026 01:46
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, solicitó la indagatoria del responsable de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, antes AFIP), Andrés Vázquez, tras concluir que omitió informar tanto a la Oficina Anticorrupción (OA) como al organismo fiscal que dirige que es el dueño y beneficiario final de tres inmuebles en Estados Unidos valuados en más de US$ 2,1 millones. Rodríguez sostuvo que Vázquez debe ser indagado y procesado por el delito de omisión maliciosa de consignar datos en la declaración jurada patrimonial, figura que contempla hasta dos años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Además, solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la pesquisa a posibles delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, informó el diario La Nación. Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión de insertar datos en la declaración jurada patrimonial, afirmó el titular de la PIA, por cuanto maliciosamente obvió insertar el real vinculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan. El pedido de indagatoria contra Vázquez deberá ser resuelto por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La causa se suma a otras investigaciones en trámite en los tribunales de Comodoro Py que afectan a funcionarios del gobierno: entre ellas, el llamado caso $LIBRA que tiene como imputados al presidente Javier Milei y a su hermana Karina; causas que involucran al actual jefe de Gabinete Manuel Adorni; al ex abogado personal del presidente Diego Spagnuolo por presuntos sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); y pesquisas contra autoridades del Banco Nación por otorgamiento de créditos hipotecarios a funcionarios, consignó La Nación. Vázquez fue designado al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) en octubre de 2024 y ascendido a la conducción de ARCA en diciembre de 2025 por el presidente Javier Milei. Desde hace años afronta cuestionamientos e investigaciones penales: se lo vinculó con el casino flotante de Buenos Aires; con presuntas protecciones a la pareja Kirchner y a empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López; con un megaoperativo contra el grupo Clarín; y con la operación de US$ 416.000 en una cuenta en Curazao a través de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires. La investigación contra Vázquez se originó a partir de una investigación periodística publicada en diciembre de 2024 por el diario La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). En sus primeros meses la causa estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal federal Carlos Rívolo, pero luego pasó al juez Martínez de Giorgi y al fiscal Guillermo Marijuán, quien solicitó información adicional de las Islas Vírgenes Británicas mediante exhorto judicial. Marijuán avanza en la causa con el respaldo de dos fiscalías especializadas: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), dirigida por el fiscal Diego Velasco, y la PIA, bajo la conducción de Rodríguez. En su dictamen de 54 carillas, la PIA afirmó que quedó probado que Vázquez no declaró ante la Oficina Anticorrupción ni ante ARCA tres inmuebles en Miami valuados en más de US$ 2 millones. Según verificó Rodríguez, se trata de las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, adquiridas en enero de 2013 por US$ 710.000 y US$ 400.000 respectivamente a través de la sociedad panameña Alcorta Corp., y de la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, comprada en julio de 2015 por US$ 980.000 mediante Pompeya Group Corp. Ambas sociedades panameñas quedaron, desde 2016, bajo el control de Galanthus Capital Limited, una firma constituida en las Islas Vírgenes Británicas donde Vázquez figura como beneficiario final, según formularios internos del estudio Trident Trust que lo catalogaron como Persona Políticamente Expuesta (PEP). Para el titular de la PIA, obran sobradas pruebas que dan por sentado que el imputado Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito de omisión maliciosa, basando esa conclusión en las declaraciones juradas que Vázquez presentó ante la OA y la AFIP entre 2011 y 2015, y en 2023. En ninguna de ellas mencionó las sociedades offshore ni los inmuebles de Miami. Tampoco declaró a Galanthus Capital Limited, pese a figurar como único director y beneficiario final. Rodríguez consignó que el funcionario y su exesposa, Silvia Ivone Rodríguez también empleada de ARCA, pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por esos inmuebles por un total de US$ 136.761 entre 2014 y 2018. Incluso se registraron reintegros de impuestos a nombre de Vázquez y de su exesposa, y que sus hijas residen allí desde 2022, dato que ellas mismas registraron como domicilio real ante el Registro Nacional de las Personas argentino. La PIA consideró que esos elementos pagos de impuestos, uso de los inmuebles por la familia y registros de domicilio permiten inferir el animus domini, es decir, el control efectivo de los bienes más allá de su titularidad formal, destacó La Nación. Heredera de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la PIA pidió ampliar la pesquisa al patrimonio de Vázquez, de su exesposa, de sus hijas María Eva y María del Milagro, y de su hermana Silvia Mónica Vázquez, con dos hipótesis principales. La primera, enriquecimiento ilícito, ante una presunta desproporción entre los ingresos declarados y las adquisiciones realizadas. Por ejemplo: Vázquez declaró tener unos US$ 40.000 en activos líquidos al cierre de 2012 y US$ 44.000 al cierre de 2013, pero compró inmuebles por US$ 1,1 millón en enero de 2013 y por US$ 980.000 en julio de 2015. A esa desproporción se suma una contradicción en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias ante ARCA: reconoció haber percibido ingresos de cuarta categoría provenientes de Estados Unidos por $28,7 millones en 2023 y por $99,4 millones en 2024, montos declarados en pesos ante el fisco argentino. Es decir, declaró en la Argentina los flujos recibidos desde el exterior, pero no los activos que los originaron. La segunda hipótesis que plantea Rodríguez es la de lavado de activos. Tras revisar el uso de sociedades pantalla, autopréstamos, compras y ventas sucesivas de inmuebles y la subvaluación de escrituras, la PIA detalló la compra en diciembre de 2018 de un triplex de 318 metros cuadrados en Juana Manso 1124, Puerto Madero en el edificio Los Molinos Building, un emprendimiento de Faena Properties mediante la firma Acontec SRL por un valor escriturado de $8.720.000, equivalentes a apenas US$ 225.906 al tipo de cambio de entonces, muy por debajo del precio de mercado estimado por la PIA en unos US$ 2,1 millones según un relevamiento del sitio Reporte Inmobiliario. La PIA documentó la subvaluación con publicaciones de Zonaprop rescatadas del archivo web: en febrero y noviembre de 2018, unidades del mismo edificio de entre 96 y 98 m² se ofrecían entre US$ 460.000 y US$ 500.000. Vázquez pagó el equivalente a US$ 709 por cada uno de los 318 metros cuadrados del triplex. La operación habría generado una pérdida de entre US$ 235.000 y US$ 551.000 para la vendedora Acontec SRL, que había adquirido el inmueble tres años antes por $7.332.000. En la misma línea, la PIA describió el uso por parte de Vázquez de otra firma, Consultora San Andrés SA, con características propias de una sociedad pantalla, según el dictamen: es una empresa sin empleados, con domicilio en un inmueble de Vázquez que percibe de ella un canon locativo, que le habría otorgado un préstamo para comprar el 50% del departamento del Chateau de Puerto Madero en 2010 y que figura como controlante de cinco automóviles. Entre esos vehículos, un BMW X6 blindado adquirido en julio de 2015 que utiliza el funcionario y su entorno; por ese motivo la PIA pidió al ANMaC (ex RENAR) información sobre la credencial de tenencia, la empresa blindadora y los usuarios registrados, consignó La Nación. El circuito societario incluye otro dato aportado por la PIA: entre 2024 y 2025, Consultora San Andrés SA se desprendió de sus vehículos. La Ford EcoSport pasó al nombre de Vázquez; el Volkswagen Vento, al de su ex pareja Silvia Ivone Rodríguez; y el Mini Cooper John Cooper Works fue adquirido en septiembre de 2025 por Oscar Mario Abalo, accionista de Acontec SRL, la misma empresa que siete años antes le había vendido a Vázquez el departamento presuntamente subvaluado de Puerto Madero. Rodríguez menciona además la posible simulación de prestaciones y una confusión patrimonial deliberada vinculada a facturación emitida por Consultora San Andrés SA a favor de Casino Buenos Aires SA y de Loddin SA, dos empresas con las que Vázquez, según el dictamen, habría intervenido como funcionario de la ex AFIP en 2007. También detectó que ambas sociedades le efectuaron retenciones del impuesto a las ganancias en dichos años, lo que implica que la sociedad [Consultora San Andrés SA] le prestó servicios. Como medidas para profundizar la investigación, la PIA solicitó al juez Martínez de Giorgi que libre exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo entidades en las que Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas y que se reitere el pedido de información a las autoridades judiciales de las Islas Vírgenes Británicas. Además requirió información a la Embajada de Estados Unidos sobre los movimientos migratorios de Vázquez, su ex esposa y sus dos hijas en territorio norteamericano desde 2012.
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