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Concordia » Tarea Fina
Fecha: 25/04/2026 11:08
En una resolución fechada el 24 de abril, la Justicia Federal dio un nuevo paso en la acción preventiva de daños en materia ambiental iniciada por los legisladores entrerrianos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl contra la República Oriental del Uruguay y la empresa HIF, por el proyecto de planta de e-combustibles (hidrógeno verde y derivados) previsto en Paysandú, sobre la margen uruguaya del río Uruguay. La iniciativa industrial presentada por Uruguay como una inversión de gran escala para producir combustibles sintéticos a partir de energías renovables generó reclamos del lado argentino, especialmente en la costa de Entre Ríos, por su cercanía a Colón y por posibles impactos transfronterizos sobre el ambiente, el paisaje y la actividad turística. En ese marco, los demandantes sostienen que deben cumplirse los mecanismos de información y consulta previstos en el Estatuto del Río Uruguay (1975), que asigna a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) un rol central en la comunicación de obras que puedan afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas. «La resolución adoptada por la justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del Río Uruguay. La causa ya cuenta con la intervención de la Defensora Pública Oficial, se designó un perito biólogo y se avanzó en el pedido de información a la CARU», señaló Michel. La presentación de Michel, Marclay y Bahl había sido realizada semanas antes como una medida de prevención de daños, con el objetivo de que se produzca prueba técnica y se requiera información a los organismos binacionales y uruguayos competentes antes de cualquier avance que pudiera comprometer el río Uruguay o las comunidades ribereñas. El expediente tramita ante la Justicia Federal con asiento en Concepción del Uruguay. Intervención de la Defensora Pública Oficial Mediante un escrito, María José Bonifacino Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) tomó intervención conforme lo ordenado y establecido en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Comercial, que dispone: () Si hubiese de practicarse la prueba se citará a la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor oficial (). Asimismo, la Defensora solicitó que se notifique a las demandadas -La República Oriental del Uruguay y la empresa HIF- a través del consulado uruguayo y/o la Comisión Administradora del Rio Uruguay -C.A.R.U.-. Designación y alcance de la pericia ambiental Mediante un escrito, Viviana Beatriz Cousté, bióloga (Matrícula N° 00056*01*48, C.P.I.A.), informó que la pericia encomendada se encuentra dentro de mi incumbencia profesional y que cuento con la idoneidad técnica para su realización. Luego agregó que, para cumplir la tarea encomendada, requiere la realización de tareas de campo in situ, comprendiendo relevamiento ambiental, identificación y validación de puntos de acceso, así como la toma de muestras de agua superficial para su posterior análisis fisicoquímico y microbiológico. Cousté también registra antecedentes como consultora técnica en la causa Río Matanza-Riachuelo, entre otros. (Referencia: https://www.csjn.gov.ar/archivo-cij/adj/expedientes_riachuelo/05.pdf) Exhortos y pedido de informes a la CARU Finalmente, se encuentran en trámite los exhortos internacionales y el pedido de informes a la CARU. En este ultimo caso, el pedido de información dirigido al Sr. Presidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay -Sr. Raúl Luis Montero- incluye: a) si se ha comunicado a dicho organismo el proyecto de planta de e Combustibles en Paysandú, República Oriental del Uruguay por parte de la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas; b) si la empresa HIF URUGUAY SA. y/o HIF Global LLC y/o sus subsidiarias o empresas vinculadas, ha presentado ante dicha comisión el Estudio de Impacto Ambiental Transfronterizo del proyecto de planta de e-Combustibles en Paysandú, República Oriental del Uruguay. Esta información deberá ser respondida por la CARU en el plazo de diez días hábiles. Mientras tanto, del lado uruguayo el proyecto continúa en etapa de evaluaciones y trámites ambientales ante el Ministerio de Ambiente, en un contexto en el que se multiplicaron los pedidos de acceso a la información y las instancias de debate público por sus dimensiones, su demanda de agua y la cercanía con zonas urbanas y turísticas de ambas márgenes. En las últimas semanas, autoridades uruguayas también dejaron abierta la posibilidad de estudiar alternativas de relocalización dentro del departamento de Paysandú, un punto que desde Entre Ríos consideran clave para reducir el potencial impacto paisajístico y ambiental en el corredor ribereño. «Coincidimos con el gobernador que este tema no da lugar para berreteadas ni para pensar en la chiquita, esperemos que entienda que no alcanza con enojarse ni mostrarse ofuscado en los medios. Que los vecinos de Colon necesitan que la planta se relocalice y que este tema requiere profesionalismo y constancia de trabajo, no títulos en los medios o videítos en redes», apuntó Michel.
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