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Concordia » Tarea Fina
Fecha: 24/04/2026 17:45
El Tribunal de Disciplina del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) emitió resoluciones con sanciones para dirigentes que participaron en las elecciones pasadas por fuera de la estructura partidaria. El paso siguiente quedará en manos del Congreso Provincial, que deberá definir si convalida y ejecuta las medidas adoptadas. Como advirtió Página Política, el caso más relevante es el de Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena, para quien el órgano partidario impulsa la expulsión. La sanción también incluye a su abogado Guillermo Reggiardo, señalado en las resoluciones como asesor legal de la Municipalidad. Entre los hechos que tensaron la relación con la conducción partidaria, se menciona que Rossi anunció junto al gobernador Rogelio Frigerio la constitución de una liga de intendentes peronistas paralela a la del PJ, un encuentro cuya difusión fue impulsada desde el propio Gobierno provincial. Según el Tribunal integrado por Pablo José Alberto Vittor, Juan Carlos Reffino y Adriana Marcela Pérez Rossi desplegó una campaña de hostigamiento mediático pese a ocupar una intendencia bajo el sello del PJ y manifestó públicamente su apoyo a listas opositoras, calificando con adjetivos agraviantes y acusaciones de corrupción a los candidatos oficiales. En el mismo sentido, sostuvo que Reggiardo utilizó canales de comunicación para verter todo tipo de descalificaciones infundadas. El órgano disciplinario agregó que, a escasas dos semanas del acto eleccionario, Rossi y su abogado presentaron una denuncia penal contra la conducción partidaria y contra el primer candidato a diputado nacional del espacio, Guillermo Michel. De acuerdo a la resolución, se trató de una presentación carente de sustento probatorio que fue utilizada por los medios nacionales y el oficialismo provincial como propaganda negativa, buscando instalar un escenario de sospecha y caos institucional dentro del peronismo entrerriano. Además, para quienes fueron candidatos el año pasado en otras listas, el Tribunal dispuso sanciones electorales: no podrán integrar boletas del PJ en 2027 ni en 2029. En ese grupo figuran Carolina Gaillard, Gustavo Guzmán, Héctor Maya y Paola Rubattino. En las resoluciones se habla de actos de deslealtad manifiesta, traición electoral y quebrantamiento de la unidad orgánica, y se encuadra la conducta en la violación de los deberes de lealtad, disciplina y acatamiento previstos en la carta orgánica. La discusión por eventuales sanciones venía instalada desde antes de los comicios: en el PJ, intendentes y referentes territoriales habían planteado en conversaciones informales la necesidad de disciplinar a quienes competían por fuera, con el argumento de que esa estrategia dividía el voto peronista. La respuesta de Rossi Tras conocerse la decisión, Rossi respondió con un fuerte cuestionamiento a la conducción partidaria. El PJ entrerriano se parece más a una organización mafiosa que a un partido político, afirmó, en un escrito al que accedió Tarea Fina Noticias. Luego sostuvo que a lo largo de su trayectoria como intendente de Santa Elena durante los gobiernos democráticos y como vicegobernador de Entre Ríos siempre actuó con respeto por la vida institucional del peronismo, aun con diferencias profundas con distintas conducciones. En su descargo, afirmó que resulta llamativo que hoy se pretenda instalar que la mayor deslealtad partidaria es denunciar hechos de corrupción ante la Justicia y cuestionó que, en su visión, el peronismo entrerriano haya tolerado silencios y complicidades durante años. También enumeró a exfuncionarios y dirigentes del espacio Sergio Urribarri, Gustavo Bordet, José Cáceres, Laura Romero, Hugo Ballay, Edgardo Kueider y José Allende y dijo que deberían dar explicaciones sobre el Estado que administraron y sobre las consecuencias que dejaron. Sin embargo, ahora el problema parece ser otro: no lo que se hizo con el Estado, sino que alguien se anime a denunciarlo, planteó. Y remató: La pregunta es simple: ¿qué es realmente deslealtad? ¿Denunciar hechos que deben investigarse o haber usado el poder en contra de la gente que el peronismo decía representar?. Si denunciar corrupción es motivo de expulsión, entonces el problema no somos quienes denunciamos. El problema es un sistema que necesita silencio para seguir funcionando, concluyó.
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