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  • Desde 2021 se registraron 23 denuncias de violencia laboral en el Poder Judicial entrerriano

    Parana » Cuestion Entrerriana

    Fecha: 24/04/2026 13:34

    Desde la implementación del Protocolo para la Prevención e Intervención en Situaciones de Violencia Laboral en julio de 2021, en el Poder Judicial de Entre Ríos se tramitaron 23 denuncias vinculadas a situaciones de violencia en el ámbito laboral. Así se informó a través del secretario del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Esteban Simón, a cargo de las Oficinas de Sumarios y Violencia Laboral, quien precisó que las presentaciones refieren principalmente a episodios de violencia descendente y horizontal. Actualmente, en todo el Poder Judicial de Entre Ríos la planta total de agentes asciende a 2.839 personas, contemplando integrantes de la magistratura, funcionarios y funcionarias, y trabajadoras y trabajadores. Además, se recordó que cualquier empleado o empleada que se sienta violentado o violentada puede formular denuncias también mediante la normativa general vigente, como la Ley Provincial N° 9.671 y la Ley N° 10.058 de adhesión a la Ley Nacional N° 26.485, por fuera del sistema específico del Poder Judicial. Un protocolo participativo y con respaldo institucional El Protocolo para la Prevención y la Intervención en Situaciones de Violencia Laboral en el Poder Judicial fue elaborado mediante un proceso participativo que involucró a los distintos estamentos del Poder Judicial y fue suscripto por las máximas autoridades institucionales, lo que le otorga legitimidad y representatividad. Según se destacó, el instrumento establece un procedimiento ágil, accesible y garantista, regido por principios tales como la confidencialidad, la no revictimización, la gratuidad, la oficiosidad y el respeto del derecho de defensa. El Protocolo prevé la intervención de un Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) desde el inicio del procedimiento, así como la actuación de la Comisión Evaluadora de Violencia Laboral, que analiza las denuncias y formula recomendaciones. Las actuaciones tramitan ante la Oficina de Sumarios y Violencia Laboral, desde donde se brinda asesoramiento, información y acompañamiento a las personas involucradas. En determinados casos se dispusieron intervenciones complementarias, tales como la participación del Programa de Gestión Judicial del STJ o el seguimiento del Área de Salud Ocupacional, mientras que en otros se promovieron actuaciones ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tal como es de conocimiento público. Oficinas especializadas y perspectiva de género Por otra parte, el Superior Tribunal de Justicia ha creado y consolidado organismos técnicos especializados, tales como la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia de Género. Al realizar un análisis sobre el funcionamiento de estos organismos, la secretaria de la Oficina de Violencia de Género y de la Oficina de la Mujer del STJ, Fernanda Baima, destacó que no se trata solo de estructuras formales, sino de dispositivos técnicos operativos que intervienen de manera cotidiana en el abordaje de situaciones de violencia. En ese marco, remarcó que su intervención se focaliza particularmente en casos que afectan a mujeres en condición de vulnerabilidad en todo el territorio provincial, brindando asistencia, acompañamiento y articulación institucional. Asimismo, estas oficinas desarrollan de forma permanente acciones de capacitación, sensibilización y formación dirigidas a la totalidad del personal judicial, en cumplimiento de la Ley Micaela, garantizando la incorporación transversal de la perspectiva de género en la función judicial. Todo ello se realiza en consonancia con los lineamientos establecidos por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que, según se subrayó, da cuenta de un compromiso institucional sostenido con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Desde el STJ se valoró que estas políticas contribuyen a consolidar una política pública judicial activa, especializada y en permanente desarrollo en materia de género, violencia laboral y derechos humanos.

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