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Parana » Ahora
Fecha: 23/04/2026 22:20
Testimonios de funcionarios policiales y la reproducción de escuchas telefónicas revelaron cómo operaba la organización liderada por el productor Leonardo Airaldi. La Fiscalía sostiene que el exdirigente rural impartía órdenes hasta cuando estuvo detenido en Rosario, mientras que sus colaboradores ejecutaban la logística y la venta de estupefacientes. El proceso que se desarrolla en Paraná unifica dos causas: una iniciada en Diamante (2019-2024) y otra en Santa Fe (2022), vinculadas a la comercialización de cocaína y marihuana en la región. En el banquillo se encuentran Leonardo Airaldi junto a otras ocho personas, mientras otros imputados negocian juicios abreviados. Durante la cuarta jornada, la exhibición de videos, la difusión de escuchas telefónicas y las declaraciones de las funcionarias policiales María de los Ángeles Facciano y Eliana Galarza permitieron reconstruir el andamiaje de una organización que, según la fiscalía, operaba con una logística profesional y aceitados mecanismos de distribución. La exsubdirectora de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, María de los Ángeles Facciano, abrió la jornada recordando el origen de la causa en 2021. Según relató, el trabajo de campo en la zona de Las Cuevas comenzó tras denuncias sobre movimientos inusuales. Sin embargo, la investigadora destacó un obstáculo persistente: el miedo de los vecinos. Pese a la reticencia de los lugareños a ser identificados, los datos sobre aterrizajes de avionetas y camionetas cargadas con bultos desconocidos en los campos de Airaldi eran un secreto a voces. La gente tenía temor de hablar, precisó Facciano, explicando por qué gran parte del éxito de la investigación dependió de las escuchas sobre el entorno de Airaldi, especialmente a través del teléfono de Tania Kranevitter, ya que el principal sospechoso cambiaba de líneas telefónicas con una frecuencia inusual. Uno de los puntos más álgidos de la audiencia fue la descripción de la participación de Soledad Cáceres, expolicía provincial, a quien Facciano no dudó en calificar como la desbocada. Según las pruebas, Cáceres oficiaba como secretaria de Airaldi, cumpliendo órdenes directas incluso cuando este se encontraba detenido. Las escuchas revelaron que la mujer manejaba la comercialización con una frialdad llamativa. En un diálogo con Joel Schonfeld y Armando Balcaza (capataz de la estancia), se la escucha exigir pagos en efectivo: No se puede fiar porque Leo necesita el cash', sentenciaba. Incluso, en otra interceptación, se detalla la entrega de 58 gramos de cocaína a otro de los acusados, Juan Erbes. No obstante, la investigación sugiere que Cáceres intentó apartarse de la organización tiempo después. Quería salir, no quería vender más, indicó la funcionaria, sugiriendo que la expolicía pudo haber sido alertada de que sus movimientos estaban siendo monitoreados por la Justicia. El defensor de Cáceres, Nelson Scholotahuer, centró su estrategia en cuestionar el alcance de la participación de la mujer y su voluntad de pertenencia al grupo. Ante las preguntas del letrado, la funcionaria Facciano admitió que la acusada utilizaba un lenguaje explícito al hablar de falopa o merca, pero también confirmó que de las mismas intervenciones surgía su deseo de abandonar la actividad. La defensa buscó capitalizar el dato de que Cáceres desapareció de la organización de forma repentina antes de las detenciones, intentando presentarla como alguien que, si bien recibía órdenes directas de Airaldi y su pareja Gisele Burne, terminó alejándose por cuenta propia, aunque la policía sospecha que ese retiro se debió a una filtración que la puso en alerta sobre la investigación en curso. Carne picada que se entierra La fiscalía, representada por el fiscal general José Ignacio Candioti y el auxiliar Juan Podhainy, expuso ante los jueces Noemí Berros, Emilce Rojas y José María Escobar Cello una decena de conversaciones que parecen utilizar un lenguaje cifrado, aunque poco sofisticado. En una charla entre Airaldi y Carlos Schumacher, se habla de picar la carne, condimentarla para que no se humedezca y enterrarla, asegurando que así podía durar meses. Para los investigadores, esta no era una charla sobre ganadería, sino una referencia directa al acopio de estupefacientes en los campos. Cabe recordar que la policía entrerriana encontró un tanque enterrado en un campo de Airaldi donde supuestamente se guardaba la droga. Esta sospecha se refuerza con un video difundido por la fiscalía donde se observa una reunión entre ambos en una estación de servicio en Colonia Ensayo para coordinar la logística. La defensa de Airaldi, ejercida por Mariana Barbitta, mantuvo cruces constantes con la fiscalía, cuestionando tachaduras en un informe policial presentado por Facciano y la ausencia de nombres de denunciantes. Barbitta intentó desviar la atención sugiriendo que otros campos de la zona también poseían pistas de aterrizaje. Sin embargo, una escucha entre Airaldi y su capataz Balcaza resultó comprometedora: en ella, el patrón le da instrucciones precisas sobre el mantenimiento de un camino, pidiéndole que no ponga caballos ni vacas por los pocitos, lo que para la fiscalía es una clara referencia al acondicionamiento de una pista clandestina para el descenso de aeronaves. Por otro lado, surgió un dato que abre nuevos interrogantes: en varias conversaciones, Balcaza y Airaldi mencionan estar con el Jefe, una figura superior a la que respondían y cuya identidad aún no ha sido determinada por los investigadores. El Bar Mandela y la estructura de mando La segunda testigo fue la funcionaria, Eliana Galarza, encargada de transcribir más de 600 CD de escuchas, ratificó la jerarquía de la banda. Para la especialista, Airaldi era el jefe indiscutido, mientras que Cáceres, Balcaza, Armocida, Olivero, Coronel y Erbes conformaban la segunda y tercera línea. Galarza detalló que el Bar Mandala funcionaba como un centro de distribución. En una escucha, se menciona la sorpresa de una allegada (Gimena Burne) al ver el contenido de una mochila: Ay, cuánta pala, frase que en el argot narco refiere a la cocaína. Respecto a la situación del sargento de la Policía, Roberto Coronel, el debate giró en torno a su presunta participación en la logística de la organización. Su abogado defensor, Claudio Berón, cuestionó con firmeza las interpretaciones que la policía hizo de las escuchas telefónicas, argumentando que no existe evidencia física que lo ubique en el bar Mandela, uno de los puntos neurálgicos de la causa. Según la estrategia de la defensa, Coronel se limitaba a cumplir los pedidos de Airaldi dentro de un marco de subordinación o relación de servicios, intentando así desvincularlo de la estructura criminal y de la toma de decisiones dentro de la banda liderada por el exdirector de la Sociedad Rural. Hacia el cierre de la jornada de este jueves, el tribunal escuchó las declaraciones de dos testigos propuestos por la defensa de Coronel y, fundamentalmente, el testimonio de una mujer que se desempeñó como empleada doméstica en el domicilio de Tania Kranevitter. Esta última declaración estuvo marcada por la tensión, al punto que la jueza Noemí Berros debió advertirle en reiteradas oportunidades que se encontraba bajo juramento y tenía la obligación de decir la verdad. El interés de la fiscalía se centró en indagar sobre los cuestionamientos que Kranevitter le realizaba a Airalid por los movimientos de dinero y las compras inusuales que realizaba. Un entramado de dos provincias El juicio unifica dos expedientes: uno iniciado en Diamante y otro en Santa Fe (2022), este último originado tras el secuestro de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto. La hipótesis fiscal sostiene que Airaldi coordinaba la logística desde sus estancias en las islas del río Paraná. El debate continuará este viernes y el próximo lunes con la declaración de Tania Kranevitter, cuya participación es esperada con gran expectativa tanto por la fiscalía como por las defensas, en una causa que ha desnudado los vínculos entre el poder rural, las fuerzas de seguridad y el narcotráfico en la región.
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