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» Clarin
Fecha: 23/04/2026 19:59
En medio de la preocupación generada por los mensajes intimidatorios que desde hace una semana circulan en escuelas de todo el país, el gobierno de Santa Fe identificó a 73 personas como responsables de esas amenazas. Las autoridades pretenden que los sospechosos paguen el costo de los operativos que se hicieron como parte de la investigación. Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el 95% de los inidentificados son menores de edad. Por eso, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial apuntó contra los adultos responsables de esos estudiantes para que sean ellos quienes paguen los gastos que ocasionó investigar los actos amenazantes. Desde el MPA informaron que, entre el 15 y el 21 de abril se registraron aproximadamente 404 denuncias en toda la provincia y, en consecuencia, "hubo 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias, donde se secuestraron celulares, armas blancas, armas de fuego, pistolas de gas comprimido con balines, cartuchos de escopetas percutidos y proyectiles calibre 22. En el mismo período se hicieron 158 intervenciones vinculadas con amenazas en ámbitos escolares, de las cuales 148 ocurrieron entre el 16 y el 20, y 10 el 21. Cada uno de estos operativos, precisaron oficialmente, implica un costo de base estimado entre 5 y 6 millones de pesos, en función de los recursos humanos, logísticos y materiales desplegados. Frente a este escenario, la secretaria de Gestión Institucional provincial, Virginia Coudannes, explicó que el gobierno tomó la decisión de efectivizar el cobro de los operativos" porque este fenómeno que se repitió en establecimientos de toda la provincia reviste gravedad. No es broma, es un delito, dijo. Esto se sigue investigando y monitoreando. Al momento las personas identificadas son menores, consecuentemente los padres tendrán que responder. Vamos a sostener todas las políticas educativas, de salud mental y de seguridad para que la escuela vuelva a ser un espacio de contención y aprendizaje, sostuvo la funcionaria. El procedimiento de recupero se activa cuando se identifica a los responsables. A partir de allí, informaron desde la gobernación santafesina, comienza un proceso administrativo de relevamiento, cuantificación de costos y conformación de un expediente individual por cada caso. Luego, se libra una intimación formal de pago a los adultos responsables, a quienes se les otorga un plazo para cumplir con la obligación. En la misma sintonía, el Ministerio de Seguridad de Córdoba dispuso que las familias de estudiantes que realicen falsas amenazas de tiroteos en escuelas sean también las que afronten los costos de los operativos policiales. En esa provincia, hay 29 alumnos imputados por este tipo de hechos. Newsletter Clarín
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