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» Clarin
Fecha: 23/04/2026 16:49
La investigación judicial por la catástrofe sanitaria derivada del fentanilo contaminado avanzó otro paso procesal camino al juicio oral. El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, busca cerrar la etapa con una ampliación de la indagatoria a todos los imputados hasta ahora, en la causa. El principal sospechoso de haber provocado esta tragedia que tiene 114 víctimas fatales potenciales y 49 pacientes con secuelas, Ariel García Furfaro se sometió a una requisitoria del magistrado y volvió a declarar. Lo hizo este jueves a través de una video llamada desde la cárcel de Marcos Paz donde está detenido y habría reiterado en líneas generales lo expuesto en su declaración anterior, según trascendió en fuentes del caso. En su primera declaración, aseguró que no tiene responsabilidad en las muertes, que se trata de una operación armada para perjudicarlo en la que menciona varios actores que habría conspirado contra sus empresas y que en el laboratorio HLB Pharma (desde donde partieron los lotes infectados que derivaron en los fallecimientos) no se encargaba de la elaboración de los productos. De eso se encargaba otra gente. No conozco a los profesionales que se dedicaron a ese proceso, fue, en términos generales, la explicación que dio a Kreplak en la primera cita. Mantuvo esos mismos lineamientos y expuso casi cuatro horas. Está previsto que continúe el próximo lunes, según pudo averiguar Clarín. Las nuevas indagatorias se extendieron a los 13 procesados, que ya habían sido citados a mediados de 2025 porque se incorporaron pruebas que ampliaron la dimensión del expediente. En esta nueva ronda, Kreplak volvió a interrogar al director técnico del laboratorio José Antonio Maiorano; Nilda Furfaro, directiva de las firmas involucradas y madre de los hermanos García Furfaro; Wilson Daniel Pons, vinculado a la cadena de producción; y Adriana Iudica y Rocío Garay, ambas relacionadas con tareas de elaboración y control de calidad del medicamento. Los aportes que se registraron este año en el expediente son claves: inicialmente, los acusados estaban imputados por 20 muertes confirmadas por el Cuerpo Médico Forense. La incorporación de nueva evidencia llevó el número de fallecidos bajo análisis a 114, mientras que otros 49 pacientes, ya externados, presentan secuelas de diversa gravedad. Aún resta completar la auditoría integral de las historias clínicas. El caso busca determinar la presunta elaboración y distribución de fentanilo contaminado con bacterias resistentes a antibióticos, lo que habría incrementado de manera drástica el riesgo de muerte en los pacientes afectados. Los peritajes también buscan determinar el alcance de las secuelas en los sobrevivientes, que podrían incluir incapacidades permanentes, enfermedades crónicas o daños psicológicos severos. Antes de la cita a Ariel García Furfaro, el presunto jefe del clan que manejaba laboratorios y droguerías, más otras empresas, pasaron por audiencia con el juez el jefe de Producción de Laboratorios Ramallo, Eduardo Darchuk, y la gerente de Calidad, María Victoria García, quienes optaron por no declarar. De los 13 procesados vinculados a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, cuatro permanecen en prisión preventiva: Ariel García, su hermano Diego García, Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano. Otros dos, Nilda Furfaro (madre de los García) y Carolina Ansaldi, fueron beneficiadas con prisión domiciliaria. Los restantes ocho Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons y María Victoria García fueron procesados sin prisión preventiva. Esta situación procesal fue confirmada por la Cámara de Apelaciones de La Plata, cuando la defensa de los imputados presentó un pedido para que revisen esa decisión de Kreplak. Por lo tanto, es probable que todos lleguen al juicio oral (el final del proceso) en el estatus que mantiene ahora cada uno, explicaron en los Tribunales. El expediente tuvo sus primeras fojas en mayo de 2025, luego de que la ANMAT emitiera una alerta sanitaria y prohibiera varios lotes del medicamento después que se detectaron las primeras muertes en el Hospital Italiano de La Plata. Eran pacientes atendidos con ese calmante. Desde entonces, la causa creció en volumen y complejidad. Con las indagatorias en su etapa final y a la espera de los resultados definitivos de los peritajes, el juez quedará en condiciones de elevar el caso a juicio oral. Las penas previstas para los acusados oscilan entre 10 y 25 años de prisión, de acuerdo con la calificación provisoria por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte. AS - AA Sobre la firma Newsletter Clarín
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