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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 23/04/2026 11:39
La empresa bloqueó ilegalmente el acceso al cauce natural, privando a la comunidad de un recurso estratégico bajo la mirada cómplice del poder político. - Por AF para Confirmado En un acto de absoluta impunidad ambiental y jurídica, la Minera Gran Ombú ha decidido apropiarse de lo que pertenece a todos. La compañía, dedicada a la extracción de áridos en la zona de las Sierras Chicas, ha bloqueado de manera sistemática los accesos públicos al Arroyo Villa Allende, en la provincia de Córdoba. Esta maniobra no es solo un atropello a la convivencia vecinal; es un delito tipificado que vulnera el libre acceso a las riberas y los cursos de agua, garantizado por leyes nacionales y provinciales. El avance de las canteras sobre el ecosistema local ha cruzado un límite irreversible. Mediante la instalación de cercados, montículos de tierra y vigilancia privada, la empresa ha convertido un bien de dominio público en un apéndice de su explotación comercial. Los vecinos de la zona denuncian que la minera no solo impide el paso, sino que ha alterado la fisonomía del terreno, poniendo en riesgo el escurrimiento natural del agua y aumentando el peligro de inundaciones ante fenómenos climáticos extremos. Los puntos más críticos de la denuncia señalan: - Violación del Código Civil: El acceso a las costas de ríos y arroyos es libre y la obstrucción del mismo constituye una ilegalidad flagrante que Gran Ombú ignora para facilitar su logística operativa. - Impacto Ambiental Devastador: La actividad extractiva descontrolada ha provocado la desaparición de senderos ancestrales y la degradación de la cuenca hídrica, afectando la biodiversidad de la reserva natural cercana. - Complicidad Institucional: A pesar de las constantes presentaciones judiciales y las movilizaciones de las asambleas ambientales de Villa Allende, las autoridades provinciales y municipales parecen haber otorgado una zona liberada para que la minera opere por fuera de la ley. El caso de la Minera Gran Ombú es el reflejo de un modelo donde el beneficio empresarial se impone sobre el derecho humano al agua y al esparcimiento. Mientras la empresa factura millones a costa de la destrucción del paisaje serrano, el pueblo de Villa Allende pierde su patrimonio natural. La justicia cordobesa tiene la obligación urgente de intimar el retiro inmediato de las barreras y garantizar que el arroyo vuelva a ser de la gente, terminando con el feudo privado de una compañía que se siente dueña de la naturaleza.
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