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Fecha: 23/04/2026 08:58
En un contexto donde cada variable de costo pesa sobre la rentabilidad del productor, la provincia de Córdoba avanzó con una medida concreta que apunta a aliviar uno de los componentes más sensibles del esquema productivo: la energía. A partir de una nueva reglamentación, los productores agropecuarios que utilicen sistemas de riego podrán acceder a una reducción significativa en la alícuota del IVA aplicada al consumo eléctrico. Leé también: El agua no puede salir: fuerte reclamo en un pueblo bonaerense por un terraplén que agrava las inundaciones La iniciativa establece que la carga impositiva sobre la energía destinada exclusivamente al riego pasará del 27% al 10,5%, una diferencia que, en términos operativos, representa un alivio directo sobre los costos y una mejora en la competitividad de los sistemas productivos intensivos. Menos impuestos, más producción La medida no surge de manera aislada. Fue el resultado de una mesa de trabajo en la que participaron funcionarios provinciales, organismos técnicos y representantes del sector productivo. Entre ellos, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, y su par de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, junto a autoridades de la empresa provincial de energía y entidades vinculadas al riego y la producción. El objetivo es claro: promover inversiones en infraestructura de riego en un escenario donde la variabilidad climática y la necesidad de estabilizar rendimientos se vuelven cada vez más determinantes. En ese sentido, reducir el costo energético aparece como un incentivo clave para ampliar o sostener estos sistemas. Leé también: Lluvias desparejas complican la cosecha y reconfiguran el mapa productivo en la región núcleo Desde el punto de vista operativo, el procedimiento para acceder al beneficio ya fue definido. Los productores deberán gestionar la solicitud a través de la plataforma digital Ciudadano Digital (CiDi), mediante un formulario que tendrá carácter de declaración jurada. Será el Ministerio de Bioagroindustria el encargado de validar la información y construir una base de datos de usuarios alcanzados por la medida. Una vez consolidado ese registro, el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSEP) notificará a las empresas distribuidoras tanto la Empresa Provincial de Energía de Córdoba como las cooperativas eléctricas para que apliquen la alícuota reducida en la facturación correspondiente. Leé también: Pastizales: una señal global para producir más sin perder biodiversidad La decisión se enmarca dentro de la Ley de Modernización Laboral provincial, que incorporó una serie de beneficios fiscales orientados a estimular la producción. En particular, este esquema reconoce el peso que tiene la energía en actividades que dependen del riego, donde el uso intensivo de equipos eléctricos puede definir la viabilidad económica de un planteo. Más allá del impacto inmediato en los números del productor, la medida también busca generar un efecto de mediano plazo: fomentar la adopción de tecnología, mejorar la eficiencia en el uso del agua y sostener niveles de producción más estables frente a escenarios climáticos adversos. Leé también: Lanzan una nueva plataforma para vender y comprar activos ambientales del campo En una coyuntura donde el agro enfrenta márgenes ajustados y condiciones cambiantes, este tipo de herramientas adquiere relevancia estratégica. No se trata solo de un beneficio fiscal, sino de una señal política orientada a consolidar al sector como motor de desarrollo. Con esta decisión, refuerzan el perfil productivo y apuestan a un esquema donde la articulación entre el Estado y el sector privado se traduzca en mejores condiciones para producir. En definitiva, una medida que, aunque técnica en su implementación, tiene implicancias concretas en el día a día del campo.
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