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Parana » Radio Nacional
Fecha: 23/04/2026 08:27
La Legislatura de Córdoba llevó adelante una nueva jornada del jury a los fiscales que intervinieron en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso, en un proceso que busca determinar responsabilidades tras casi dos décadas sin resolución judicial. María Ángeles Mussolini, abogada de la familia Macarrón, dialogó con Nico Yacoy en su programa Primer Round y se refirió al desarrollo del proceso, al poner el foco en la evaluación del accionar de los funcionarios judiciales a lo largo de los primeros años de la causa. "Nora Dalmasso necesita saber qué pasó y por qué no se tomó el ADN a Bárzola. Tanto los fiscales como funcionarios que trabajaron reconocen que sí lo investigaron a Bárzola, pero que decidieron no tomarle el ADN. Todavía no explicaron por qué no lo hicieron, con lo cual es bastante complejo el tema porque puede incurrir en un delito", subrayó. La fiscalía general imputó a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por mal desempeño y negligencia grave. Di Santo intervino en la causa de 2007 a 2015; Miralles participó de 2016 a 2017 y Pizarro estuvo a cargo de 2017 a 2019, cuando se elevó la causa a juicio contra el exesposo Marcelo Macarrón. En ese sentid, Mussolini sostuvo que "estos fiscales no pueden seguir en su cargo, es una vergüenza para al Justicia" y agregó: "Confío en que se tomarán las decisiones que se tienen que tomar, la Justicia no puede permitir que pase esto en su sistema. Tenían a cargo una investigación y se llevaron puesta a la Justicia". "Pasadas dos audiencias estamos viendo que no es negligencia, decidieron no tomarle el ADN a Bárzola. No es negligencia", subrayó la abogada. Durante las audiencias ya declararon distintos testigos, entre ellos familiares de la víctima y exintegrantes del sistema judicial que participaron en la investigación. El jury apunta a analizar posibles irregularidades, demoras y decisiones que pudieron haber condicionado el avance del caso. El crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto, continúa sin condenas firmes y es considerado uno de los expedientes más complejos y controvertidos del país. El proceso seguirá con audiencias programadas hasta el 27 de abril, en un intento por esclarecer las responsabilidades institucionales en la falta de resultados.
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