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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 22/04/2026 22:07
Lo que para la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización fue una jornada de «amplia participación» y «respeto», para las organizaciones que defienden el patrimonio natural de Entre Ríos fue, lisa y llanamente, una emboscada institucional. La audiencia pública para definir la temporada de caza menor 2026, realizada en el Área Protegida El Potrero, dejó al descubierto una grieta insalvable entre el discurso oficial y la realidad del territorio. A diferencia del comunicado oficial del Gobierno provincial que destacó la escucha de «todas las voces», desde la ONG CEYDAS (Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres) emitieron un durísimo descargo. Gabriel Bonomi, referente de la organización, no dudó en calificar la gestión del gobernador Rogelio Frigerio como una aliada directa de los intereses económicos de los cotos de caza, en su mayoría de capitales extranjeros. Hay un escandaloso favoritismo del Gobierno hacia el turismo de caza, y quedó demostrado en las numerosas y muy sospechosas irregularidades de esta audiencia, sentenció Bonomi. Los tres puntos de la discordia Para las entidades ambientalistas, la audiencia careció de la neutralidad necesaria para ser considerada un proceso democrático genuino. Los cuestionamientos se agruparon en tres ejes que el Gobierno prefirió omitir en su reporte: La Sede «Localista»: La elección de Victoria no fue azarosa. Al ser el epicentro de la actividad de los cotos, las organizaciones denuncian que se buscó facilitar la logística para los empresarios del sector y amedrentar o dificultar el acceso a sectores críticos. Estado Juez y Parte: Lejos de actuar como un árbitro imparcial, el Estado fue señalado por actuar como «promotor» de una actividad extractiva. Se critica que los funcionarios presentes validaron discursos que priorizan el lucro por sobre la preservación de especies autóctonas. Vicios de Transparencia: Se denunciaron fallas en los mecanismos de participación ciudadana, sugiriendo que la audiencia fue una formalidad para legitimar una decisión que ya parece tomada. Un conflicto que podría terminar en la Justicia Mientras el director de Recursos Naturales, Mario Zárate, insiste en que los aportes serán «analizados y considerados», las ONGs advierten que no se quedarán de brazos cruzados. La principal preocupación radica en la falta de estudios técnicos actualizados y rigurosos que avalen la matanza de aves. Para CEYDAS y otras organizaciones, habilitar la caza sin censos poblacionales serios es una condena a muerte para la fauna entrerriana. Si la resolución final de la provincia ignora las advertencias científicas y ambientales en favor de la presión del turismo de caza, el conflicto administrativo se trasladará, sin escalas, a los tribunales judiciales, finaliza el comunicado enviado a Cadena Entrerriana. Compartir
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