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Fecha: 22/04/2026 21:33
La Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó al juez laboral Raúl Ojeda y rechazó la denuncia en su contra que hizo el Gobierno nacional luego de la cautelar que suspendió parte de la reforma laboral. Criminalizar un fallo judicial por su contenido sienta un precedente peligroso: convierte la discrepancia jurídica en motivo de sanción y condiciona futuras decisiones, alertó. La central obrera planteó que el cuestionamiento al magistrado implica un avance sobre la independencia judicial y advirtió sobre sus consecuencias en el sistema institucional. El comunicado de la CGT se conoció en medio de la escalada judicial tras la sanción de la reforma. El Gobierno presentó un recurso extraordinario per saltum para que la Corte Suprema intervenga de forma directa en el conflicto y revierta la suspensión de más de 80 artículos de la ley, dispuesta en primera instancia a pedido de la CGT. La justicia es independiente o es una farsa, afirmó la central sindical en el texto difundido, en el que también sostuvo que la denuncia presentada por el Movimiento Empresarial Anti Bloqueos debe ser rechazada de plano. En esa línea, defendió la actuación de Ojeda al señalar que dictó la medida cautelar tras analizar el reclamo sindical sobre la constitucionalidad de la reforma. Para la CGT, aun cuando las resoluciones resulten incómodas para los gobiernos de turno, disciplinar, perseguir y amedrentar a quienes las firman no solo implica un avance sobre poderes independientes, sino que erosiona gravemente el Estado de Derecho. El comunicado cerró con una definición sobre el rol del Poder Judicial. Defender la institucionalidad también es defender la autonomía del Poder Judicial. Sin independencia judicial, no hay democracia posible, afirmó. La estrategia judicial del Gobierno para llevar el caso a la Corte El fallo cuestionado por el Gobierno suspendió provisoriamente cambios en indemnizaciones por despido, modalidades de contratación, banco de horas y aportes sindicales, entre otros puntos. El juez entendió que existía una apariencia razonable del derecho invocado y el riesgo de un daño de difícil reparación si la norma continuaba vigente mientras se tramitaba el expediente. El recurso presentado por la Procuración del Tesoro busca que la Corte Suprema trate el caso sin pasar por instancias intermedias. En el escrito, de más de 40 páginas, el Estado cuestionó la competencia del fuero laboral y sostuvo que no existía un caso concreto ni legitimación de la CGT para accionar. Además, argumentó que la medida cautelar afecta la división de poderes al suspender una ley sancionada por el Congreso. También insistió en que la central sindical no acreditó un perjuicio actual derivado de la aplicación de la norma.
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